El Gobierno Nacional comenzó a evaluar nuevas medidas para restringir las comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios, ante la preocupación por el uso de teléfonos celulares para coordinar extorsiones y otros delitos desde las cárceles.
De acuerdo con la información oficial, el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, se reunió con la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y representantes de los principales operadores móviles del país, entre ellos Claro, WOM y Tigo.
El objetivo del encuentro fue revisar las herramientas disponibles y definir alternativas que permitan fortalecer el control sobre las comunicaciones que se realizan de manera ilegal desde los centros penitenciarios.
Retos técnicos y operativos
Tras el encuentro, el ministro de Justicia, explicó que se revisaron las medidas que ya han sido implementadas y el estado actual de los mecanismos destinados a restringir las comunicaciones no autorizadas dentro de las cárceles.
“La mesa revisó qué se ha hecho, el estado actual de las medidas para restringir las comunicaciones no autorizadas en los establecimientos penitenciarios y los retos técnicos y operativos que aún deben resolverse”, explicó Cancino.
Uno de los principales desafíos está relacionado con encontrar mecanismos que permitan impedir las comunicaciones ilegales sin afectar las redes móviles que utilizan de manera legítima las personas que se encuentran fuera de los establecimientos penitenciarios.
Por eso, y según se pudo conocer, las soluciones expresadas por el ministerio de Justicia, deberán responder tanto a las necesidades de seguridad como a las dificultades técnicas que supone controlar las señales en entornos carcelarios.
Operadores móviles hacen parte de la estrategia
En la reunión participaron representantes de las empresas que prestan servicios de telefonía móvil en Colombia.
La presencia de los operadores busca facilitar la construcción de soluciones que puedan aplicarse de manera efectiva en los establecimientos penitenciarios y que permitan a las autoridades tener mayor control sobre el uso de dispositivos y redes de comunicación.
El Gobierno señaló que todavía se encuentran en evaluación las nuevas medidas y que los detalles de las decisiones que se adopten serán conocidos en los próximos días.
La intención es pasar de la revisión de las herramientas existentes a la implementación de acciones concretas frente a las comunicaciones utilizadas para actividades delictivas.
Extorsiones y delitos ordenados desde prisión
La preocupación del Gobierno está relacionada especialmente con el uso de teléfonos celulares al interior de las cárceles para impartir órdenes a estructuras delincuenciales que operan en las calles.
Las autoridades han advertido en diferentes oportunidades sobre el uso de comunicaciones desde los centros penitenciarios para coordinar extorsiones y otras actividades criminales.
Por eso, uno de los mensajes centrales de esta nueva estrategia es que las personas privadas de la libertad no puedan continuar utilizando las comunicaciones ilegales para mantener el control de actividades delictivas desde prisión.
El Gobierno busca fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para impedir que las cárceles continúen siendo utilizadas como puntos desde los cuales se coordinan acciones criminales.
Compromisos para avanzar en nuevas soluciones
Durante la reunión entre los ministerios de Justicia y TIC y los operadores móviles se establecieron compromisos para continuar trabajando en alternativas que permitan solucionar los problemas técnicos y operativos pendientes.
La apuesta del Gobierno es que las nuevas herramientas sean efectivas y permitan fortalecer el control de las comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios.
El ministro Iván Cancino aseguró que el propósito es utilizar la tecnología como una herramienta para fortalecer la seguridad y evitar que los delincuentes puedan continuar impartiendo órdenes desde las cárceles.
“Nuestro propósito es claro: autoridad para cerrarle el paso al delito, tecnología al servicio de la seguridad, y resultados que protejan la tranquilidad de los colombianos”, afirmó.
Las nuevas medidas todavía no han sido detalladas. El Gobierno anunció que en los próximos días se conocerán las decisiones y los mecanismos que serán implementados para restringir las comunicaciones no autorizadas.
Una estrategia que busca resultados concretos
La reunión marca un nuevo intento por enfrentar uno de los desafíos de seguridad asociados al sistema penitenciario: impedir que el acceso ilegal a teléfonos y redes de comunicación permita mantener actividades criminales desde el interior de las cárceles.
El Gobierno deberá definir ahora cuáles son las soluciones técnicamente viables y cómo serán aplicadas en los diferentes establecimientos penitenciarios del país.
Mientras tanto, los ministerios de Justicia y TIC continuarán trabajando con los operadores para avanzar en una estrategia que permita reforzar los controles y reducir el uso de las comunicaciones para ordenar extorsiones y otros delitos.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué busca el Gobierno con esta estrategia?
Restringir las comunicaciones no autorizadas desde las cárceles para impedir que teléfonos celulares sean utilizados para coordinar extorsiones y otros delitos.
¿Quiénes participaron en la reunión?
El ministro de Justicia, Iván Cancino, la ministra TIC, Alexandra Falla, y representantes de operadores móviles como Claro, WOM y Tigo, entre otros.
¿Ya están definidas las nuevas medidas?
No. Las alternativas todavía están en evaluación y el Gobierno anunció que los detalles se conocerán durante los próximos días.
¿Cuál es el principal desafío?
Encontrar soluciones técnicas y operativas que permitan bloquear o restringir las comunicaciones ilegales desde las cárceles y, al mismo tiempo, garantizar que las redes móviles funcionen adecuadamente fuera de los establecimientos penitenciarios.