La mesa de diálogos de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá atraviesa su crisis más aguda desde su instalación.
La Delegación de Paz del Gobierno Nacional anunció una decisión radical: la suspensión inmediata de toda agenda de interlocución con los voceros de las estructuras criminales de la región. La medida es una respuesta directa al escándalo provocado por la presunta realización de un concierto privado del cantante vallenato Nelson Velásquez al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Una "parranda" que frena la paz
El origen del conflicto radica en las denuncias presentadas por una concejala de Medellín, quien expuso pruebas sobre un evento social en el que el reconocido artista habría compartido con los principales cabecillas que hoy fungen como voceros en los procesos de paz. Según la Delegación, estos hechos registrados el 8 de abril de 2026 constituyen una violación a la confianza y a la hoja de ruta del proceso.
“Estos hechos no hacen parte de las garantías de funcionamiento de la mesa de paz urbana”, sentenció la delegación gubernamental al rechazar de manera "contundente y categórica" lo ocurrido.
La suspensión de los diálogos se mantendrá vigente hasta que exista plena claridad sobre cómo se gestionó el ingreso del artista. La Delegación fue enfática al respaldar las medidas de control, argumentando que la construcción de paz no puede ser excusa para el desorden penitenciario ni para el otorgamiento de privilegios que ofenden a la opinión pública.
El INPEC toma medidas radicales
Ante la gravedad de las denuncias, la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) emitió el Boletín Informativo No. 020, donde aclaró de forma tajante que dicha actividad en ningún momento fue aprobada ni autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia o la Dirección General del Instituto.
Para esclarecer las causas de la visita del artista y actuar ante posibles irregularidades, el INPEC dispuso las siguientes acciones de choque:
· Intervención de Grupos Especiales: Se ordenó la intervención inmediata de estas unidades en el pabellón de alta seguridad del establecimiento.
· Investigación Disciplinaria: Se abrió un proceso formal contra 07 funcionarios que estaban de servicio durante el turno de la visita del cantante.
· Remoción de Mandos: Se ordenó el cambio inmediato del Director Encargado del establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia.
· Verificación en Terreno: El Director Regional del INPEC hizo presencia directa en el penal para ponerse al frente de la verificación de los hechos.
El debate político y social en Antioquia
El caso ha generado un terremoto político en el departamento. Diversos sectores en Antioquia exigen explicaciones detalladas sobre los controles al interior de los centros carcelarios y las implicaciones que este tipo de eventos podrían tener en la legitimidad de los procesos de paz urbana.
Líderes sociales han manifestado que permitir este tipo de "parrandas" debilita la confianza ciudadana en la política de Paz Total. La gran incógnita que queda en el aire es el futuro de la seguridad en el Valle de Aburrá.
Con la mesa suspendida y el INPEC en medio de una purga administrativa, la ciudadanía espera que el Gobierno actúe con mano firme para evitar que los centros de reclusión se conviertan en centros de eventos para quienes deben responder ante la justicia.