Detrás de las cifras de homicidios, extorsiones y enfrentamientos entre organizaciones criminales en Barranquilla y el Atlántico se esconde una realidad que golpea especialmente a los más vulnerables, a los niños, niñas y adolescentes quienes están siendo instrumentalizados por grupos delincuenciales para fortalecer sus economías ilegales y mantener el control de los territorios.
La FM recogió testimonios de menores de edad, familiares, líderes sociales, comerciantes, investigadores y autoridades que describen cómo las estructuras criminales se acercan a los jóvenes, los vinculan a sus actividades y, en algunos casos, los someten mediante amenazas y violencia.
Las tareas que les asignan van desde vigilar los movimientos de la Policía y alertar sobre sus operativos hasta distribuir panfletos extorsivos, vender drogas, cobrar dinero a comerciantes y participar en ataques armados. Incluso, algunos testimonios advierten que los menores estarían siendo utilizados para cometer homicidios.
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De las promesas de dinero a las amenazas de muerte
La captación comienza, en algunos casos, con ofrecimientos que resultan atractivos para adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad. Dinero, teléfonos celulares, ropa de marca, motocicletas y la promesa de obtener reconocimiento en sus barrios son algunos de los incentivos que, según líderes comunitarios, utilizan los integrantes de estas estructuras.
Una líder social del suroccidente de Barranquilla relató que los grupos criminales identifican a jóvenes que salen de los colegios o permanecen en las calles y se acercan a ellos con ofertas de supuestos trabajos. Posteriormente, los convocan a viviendas o lugares que funcionarían como puntos de encuentro y distribución de drogas.
Las redes sociales también se habrían convertido en una herramienta para identificar y contactar a los adolescentes. De acuerdo con los testimonios recogidos, la publicación de fotografías, rutinas y ubicaciones facilita que los delincuentes conozcan sus movimientos y establezcan contacto con ellos.
Un menor entrevistado en el barrio La Chinita describió los ofrecimientos que reciben quienes son invitados a integrar estas estructuras: les prometen “cielo y tierra”, un salario, armas, drogas y protección. También les hacen creer que tendrán poder y que los demás habitantes del sector les tendrán miedo o respeto.
Sin embargo, detrás de esas promesas existiría una dinámica de sometimiento. El adolescente explicó que los jóvenes pueden comenzar realizando encargos aparentemente menores, como repartir panfletos o vigilar las calles, pero después terminan involucrados en actividades mucho más violentas.
La frase que resume el temor de quienes intentan abandonar esas organizaciones es contundente: “si te sales te mueres”.
Menores utilizados para extorsionar y cometer homicidios
El sacerdote Cirilo Swinne, quien ha participado como mediador en acercamientos entre integrantes de Los Pepes y Los Costeños, advirtió sobre la utilización de menores de edad para ejecutar acciones criminales.
Según su testimonio, algunos adolescentes reciben entre $50.000 y $100.000 pesos por entregar un panfleto extorsivo en un establecimiento comercial, mientras que por disparar contra un negocio que se niega a pagar una extorsión podrían recibir alrededor de 200.000 pesos.
Las remuneraciones aumentarían cuando se trata de encargos más violentos. En los testimonios recopilados también se mencionan pagos de varios millones de pesos por asesinatos, dependiendo de la persona que sea señalada como objetivo.
El menor entrevistado en La Chinita aseguró que dentro de estas organizaciones se asignan diferentes funciones y que algunos jóvenes reciben dinero por informar sobre la presencia de patrullas, tomar fotografías de personas, intimidar comerciantes o participar en ataques armados.
También habló de cobros extorsivos a establecimientos comerciales que, según su relato, pueden representar decenas de millones de pesos semanales. Los adolescentes que participan en estas actividades recibirían una parte de esos recursos.
Estas declaraciones corresponden a testimonios recogidos durante el trabajo de campo y exponen la gravedad de una práctica que requiere investigación y verificación por parte de las autoridades judiciales.
Una familia tuvo que huir para proteger a sus hijos
Uno de los testimonios más impactantes de esta investigación es el de una familia que tuvo que abandonar su lugar de residencia después de recibir amenazas relacionadas con la vinculación de dos de sus hijos, uno de 12 años y otro de 17, a una estructura criminal.
El padre relató que hombres armados llegaron hasta la vivienda y ordenado a la madre llevar a sus hijos para hablar con ellos. La intimidación estuvo acompañada de amenazas contra los adolescentes si se negaban a cumplir las instrucciones de la estructura criminal Los Pepes.
La familia decidió desplazarse para evitar que los menores fueran obligados a participar en actividades delictivas o terminaran asesinados. El padre expresó que, si su hijo permanecía en el sector, corría el riesgo de perder la vida.
El caso evidencia que la instrumentalización de menores no se limita a una oferta económica o a la influencia de amistades. También puede convertirse en una forma de reclutamiento forzado, en la que las amenazas contra los adolescentes y sus familias terminan imponiendo la voluntad de los grupos armados.
La amputación de tres dedos como castigo por negarse a ingresar a una banda
La violencia contra quienes rechazan las invitaciones de las organizaciones criminales también quedó expuesta en el caso de un adolescente de 14 años en Malambo, a quien le amputaron tres dedos después de negarse a ingresar a Los Costeños.
El investigador y académico Luis Fernando Trejos se refirió a este hecho como una muestra de los mecanismos de intimidación utilizados para obligar a los jóvenes a vincularse a estas estructuras.
Por este caso, el 16 de abril de 2026 un juez envió a prisión a Ángel Antonio de Alba González, conocido con el alias de Angelito, señalado de participar en la agresión contra el menor.
El episodio demuestra que la negativa a participar en las actividades criminales puede desencadenar represalias físicas y amenazas contra la vida. Para algunos adolescentes, la decisión de no ingresar a una banda no representa el final del problema, sino el comienzo de una situación de riesgo.
Los barrios donde las estructuras criminales ejercen control
La investigación también documentó las dificultades para ingresar a determinados sectores del suroccidente de Barranquilla, donde las organizaciones delincuenciales habrían consolidado mecanismos de control territorial.
En barrios como La Manga, Bajo San Felipe, Nueva Colombia, Carlos Meisel, Bajo Valle, El Bosque, La Luz y La Chinita, líderes comunitarios describen escenarios en los que los grupos criminales imponen reglas, vigilan los movimientos de los habitantes y mantienen redes de informantes.
Daniel Castro, abogado y líder juvenil, explicó que algunas de estas condiciones están relacionadas con las dificultades geográficas y urbanísticas de sectores ubicados en zonas de ladera y áreas de alto riesgo. La limitada infraestructura vial y las restricciones para realizar determinadas inversiones públicas pueden dificultar la presencia institucional y el acceso de la fuerza pública.
En esos territorios, los llamados “campaneros” cumplen una función clave: alertan sobre la llegada de patrullas y permiten que los responsables de actividades ilegales se escondan o retiren elementos comprometedores antes de los procedimientos policiales.
La situación también fue descrita en sectores cercanos al río Magdalena, como los barrios La Luz y La Chinita, que por su ubicación resultan estratégicos para las economías ilegales y las rutas de movilidad de las organizaciones criminales.
El narcotráfico y la disputa por las rentas ilegales
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, ha advertido que el departamento funciona como un corredor logístico para el tráfico de drogas hacia mercados internacionales, con rutas que utilizarían el río Magdalena y diferentes puntos de la costa Caribe.
En ese escenario aparecen estructuras como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes, organizaciones que, según los investigadores consultados, mantienen disputas, alianzas y relaciones de subcontratación para desarrollar actividades como el narcotráfico, la extorsión y los homicidios.
El abogado y académico Alejandro Blanco explicó que los puertos y las zonas de conexión fluvial y marítima tienen un valor estratégico para estas organizaciones. También advirtió que las estructuras pueden establecer acuerdos para ejecutar determinadas actividades criminales y posteriormente enfrentarse por el control de los territorios y las rentas ilegales.
El gobernador Verano también ha señalado que los menores son utilizados porque despiertan menos sospechas y pueden transportar drogas, recoger dinero y cumplir otras tareas sin llamar tanto la atención de las autoridades.
El mandatario mencionó que un año atrás se hablaba de aproximadamente 2.000 menores identificados como potencialmente involucrados en estas dinámicas, aunque durante la entrevista no contaba con una cifra actualizada.
La violencia se extendió a otros municipios del Atlántico
El fenómeno no estaría limitado a Barranquilla y su área metropolitana. Luis Fernando Trejos explicó que, después de la tregua entre Los Pepes y Los Costeños, que se habría mantenido entre agosto u octubre de 2025 y el 20 de enero de 2026, algunas dinámicas criminales se desplazaron hacia municipios con menor capacidad de respuesta institucional.
Entre las poblaciones mencionadas están Polonuevo, Usiacurí, Baranoa, Sabanalarga, Palmar de Varela, Sabanagrande y Repelón.
Según el investigador, la disminución de algunos hechos violentos en Barranquilla y su área metropolitana no necesariamente significó el desmantelamiento de las estructuras. Parte de las actividades ilegales habría encontrado nuevos escenarios en municipios conectados por corredores como La Cordialidad y la Vía Oriental.
Trejos también advirtió sobre la fragmentación de las organizaciones y la aparición de grupos disidentes o mandos medios que buscan controlar sus propias rentas. En medio de esa disputa, el reclutamiento y la instrumentalización de menores, mujeres y adultos se convierten en herramientas para ampliar el poder territorial.
Denuncias sobre falta de coordinación y presencia institucional
La investigación también recoge cuestionamientos de líderes sociales y comerciantes sobre la respuesta de las autoridades. Orlando Jiménez, presidente ejecutivo de Undeco Atlántico, señaló la falta de coordinación entre las administraciones de Barranquilla, Soledad y Malambo, la Gobernación, la Policía y el Ejército para enfrentar la extorsión y otras actividades criminales.
En encuentros comunitarios también se han formulado denuncias sobre presuntas actuaciones irregulares por parte de la fuerza pública. Una de las versiones recogidas señala que algunos uniformados supuestamente permitirían que los delincuentes actúen durante varios minutos antes de intervenir.
Durante un consejo de seguridad en Baranoa, el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, trasladó la respuesta al general Rosemberg Novoa, entonces director encargado de la Policía Nacional. El oficial manifestó que cualquier denuncia sobre comportamientos irregulares de uniformados debe ser investigada con información concreta y reiteró que la institución debe actuar bajo principios de transparencia.
Los cuestionamientos también alcanzan la destinación de los recursos para seguridad. La investigación recoge críticas al acuerdo entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, mediante el cual se habrían comprometido transferencias anuales de $78.000 millones de pesos durante cuatro años para fortalecer la seguridad de la capital.
El veedor y economista Reinaldo Torres cuestionó la distribución de esos recursos y planteó interrogantes sobre el dinero que reciben los demás municipios. Sus señalamientos hacen parte del debate sobre la inversión pública y la necesidad de conocer los resultados concretos de los recursos recaudados para seguridad.
Una problemática que exige respuestas urgentes
Las cifras de la Defensoría del Pueblo dimensionan la gravedad del fenómeno. Entre enero y diciembre de 2025, la entidad registró 361 casos de sometimiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales en el país.
Para Luis Fernando Trejos, la respuesta no puede limitarse a operativos aislados. El investigador considera que se necesita una estrategia articulada entre los gobiernos nacional, departamental y municipal, con cooperación institucional y medidas que permitan enfrentar las causas estructurales del reclutamiento.
Esta investigación revela que detrás de cada adolescente utilizado para vigilar una calle, cobrar una extorsión o participar en un homicidio puede existir una historia de abandono, amenazas, vulnerabilidad y ausencia de oportunidades.
Los menores no solamente están siendo incorporados a las economías ilegales: también se convierten en víctimas de organizaciones que los utilizan, los exponen a la violencia y, cuando intentan apartarse, pueden amenazarlos o castigarlos.
La pregunta que queda para las autoridades es cómo recuperar los territorios donde los grupos criminales parecen tener mayor capacidad de influencia que las instituciones y, sobre todo, cómo evitar que los niños y adolescentes del Atlántico sigan siendo reclutados para alimentar una guerra que no les pertenece.
Preguntas claves sobre la instrumentalización de menores
¿Para qué utilizan las estructuras criminales a los niños, niñas y adolescentes en Barranquilla y el Atlántico?
Según los testimonios recogidos, los utilizan como mensajeros, vendedores de drogas, vigilantes o “campaneros”, distribuidores de panfletos extorsivos, cobradores de extorsiones y, en algunos casos, para participar en ataques armados y homicidios. También pueden ser empleados para identificar los movimientos de la Policía y vigilar a comerciantes o personas señaladas por las organizaciones.
¿Cómo captan a los menores de edad?
Los grupos criminales recurrirían a promesas de dinero, ropa de marca, teléfonos celulares, motocicletas, armas y reconocimiento en sus barrios. En otros casos, la vinculación estaría acompañada de amenazas contra los adolescentes y sus familias. Las redes sociales también facilitarían el acercamiento, al permitir identificar sus rutinas y lugares frecuentados.
¿Qué ocurre cuando un menor se niega a ingresar o intenta abandonar una estructura criminal?
Los testimonios advierten que puede enfrentar amenazas, agresiones físicas y represalias contra sus familiares. Uno de los casos documentados es el de un adolescente de 14 años en Malambo al que le amputaron tres dedos después de negarse a ingresar a Los Costeños. Otros testimonios describen el temor de los jóvenes a ser asesinados si intentan retirarse.
¿En qué municipios del Atlántico se estaría extendiendo esta problemática?
Además de Barranquilla y su área metropolitana, el investigador Luis Fernando Trejos mencionó municipios como Polonuevo, Usiacurí, Baranoa, Sabanalarga, Palmar de Varela, Sabanagrande y Repelón. Según su análisis, algunas actividades criminales se desplazaron hacia esas poblaciones en medio de las disputas, fragmentaciones y cambios territoriales de las organizaciones delincuenciales.