La Alcaldía de Bogotá expresó su rechazo tras un nuevo episodio que se registró entre un motociclista y la comunidad embera katío que está asentada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida.
Lo que inició como un accidente de tránsito, terminó en el secuestro de un ciudadano, exigencias económicas y el bloqueo para el ingreso de los equipos sociales del Distrito.
¿Qué fue lo que pasó?
Los hechos se presentaron este miércoles 25 de marzo en horas de la noche, cuando se reportó un siniestro vial cerca del predio de la UPI, en el que se vieron involucrados algunos integrantes de esa comunidad indígena y el conductor de una moto que transitaba por la zona.
Según el reporte oficial, integrantes del asentamiento indígena interceptaron al conductor y lo mantuvieron retenido contra su voluntad durante varias horas tras el incidente.
Extorsión y retención de bienes
La situación se hizo más compleja cuando la comunidad indígena condicionó la libertad del motociclista al pago de una suma de dinero. Además del secuestro del ciudadano, los miembros de la comunidad se apoderaron de la moto, que aún permanece bajo su poder.
Ante esa situación, equipos institucionales que mantienen presencia permanente en la zona intentaron mediar para salvaguardar la integridad del motociclista.
En el operativo participaron la Policía de Funza (Cundinamarca), la Alcaldía municipal y la Defensoría del Pueblo.
Aunque el diálogo permitió la liberación del conductor, la comunidad ha impedido desde ayer el ingreso de los funcionarios distritales a las instalaciones de la UPI La Florida.
El Distrito anunció que actuará bajo la justicia ordinaria
La Alcaldía Mayor de Bogotá fue enfática en señalar que las acciones de la comunidad embera vulneran los derechos y deberes establecidos para la convivencia en la UPI.
Por esta razón, el Distrito anunció que interpondrá las denuncias penales correspondientes por los hechos ocurridos, subrayando que no se pueden permitir zonas de exclusión legal dentro de la ciudad.
La Alcaldía recordó que la UPI La Florida es una infraestructura del sector de Integración Social, perteneciente al Idipron y funciona como asentamiento indígena desde 2021.
“Al ser un predio del Distrito, lo rige la jurisdicción ordinaria y no la indígena”, señaló el comunicado de la Alcaldía de Bogotá, que aprovechó para hacer un llamado a la comunidad a mantener su actuar dentro del marco de la ley colombiana.
Riesgo para la población infantil
El Distrito también expresó su preocupación por la seguridad de las personas más vulnerables de esa comunidad.
Cerca de la mitad de la población asentada en La Florida son niños y niñas embera, quienes están expuestas a situaciones complejas en ese lugar.
El Distrito lamentó que esos incidentes pongan en riesgo la convivencia y la seguridad de los menores que habitan ese lugar.
Finalmente, la Alcaldía de Bogotá reiteró su llamado urgente al Gobierno para que avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con esa población.