Son más de 800 los integrantes de la comunidad indígena misak los que se encuentran asentados afuera e la Plaza La Santamaría, tras los incidentes registrados durante un intento de ingreso a la Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro de la ciudad.
El grupo permanece en el sector de La Macarena con un campamento improvisado y advirtió que su permanencia será indefinida hasta que se instale una mesa de diálogo con representantes del Gobierno que tenga capacidad de decisión sobre sus demandas.
Protestas en la Cancillería
Los hechos que detonaron la situación ocurrieron en las últimas horas, cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la sede de la Cancillería.
La acción obligó la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá y generó momentos de caos en el centro de la ciudad, afectando la movilidad y las actividades laborales en la zona.
De acuerdo con voceros de la movilización, esa acción fue una respuesta al presunto incumplimiento de compromisos estatales relacionados con seguridad en sus territorios, acceso a servicios básicos y garantías de derechos humanos.
Campamento y exigencias
Tras ser replegados, los manifestantes se trasladaron hacia la Plaza La Santamaría, donde instalaron un campamento que incluye familias completas, niños y adultos mayores. En el lugar se observan cambuches, fogatas y puntos de reunión comunitaria.
"No vinimos a pasear ni a buscar fotos. Vinimos porque en nuestros territorios nos están matando y el Gobierno solo firma papeles que no se cumplen", dijo uno de los voceros de la movilización.
Agregó que "de aquí no movemos un pie, hasta que haya una mesa de diálogo real con ministros que tengan poder de decisión... no queremos más compromisos en papel”.
Respuesta institucional
La Alcaldía de Bogotá activó equipos de gestores de convivencia y brigadas de salud para atender la situación en el terreno, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público y riesgos sanitarios.
Desde la administración distrital se reiteró que aunque se respeta el derecho a la protesta, no se permitirán vías de hecho como la ocupación de edificios públicos o acciones que afecten la seguridad ciudadana.
Por su parte, el Gobierno manifestó su disposición al diálogo, pero ha condicionado cualquier acercamiento al mantenimiento del orden público.
Afectaciones en la ciudad
La presencia de los manifestantes ha generado impactos en la movilidad, especialmente en corredores clave como la carrera Séptima y la calle 26.
Comerciantes del sector han optado por cierres preventivos ante el temor de nuevos disturbios, mientras residentes expresan preocupación por la seguridad y las condiciones de salubridad.