La Policía Metropolitana de Bogotá abrió una investigación contra dos patrulleros adscritos al CAI Granada, en la localidad de Chapinero, luego de la difusión de un video en redes sociales en el que un ciudadano los señala de exigirle dinero a cambio de no continuar con un procedimiento administrativo.
El caso comenzó con la denuncia de Germán Osorio, quien aseguró que los hechos ocurrieron en la jurisdicción del CAI Granada. Según su relato, los uniformados detuvieron el vehículo para realizar una inspección de tránsito y, durante el procedimiento, presuntamente le solicitaron $800.000 en efectivo.
De acuerdo con la denuncia, el dinero habría sido pedido con el propósito de evitar la imposición de una infracción y la inmovilización del vehículo. El testimonio quedó registrado en una grabación que posteriormente circuló en plataformas digitales y puso el caso en conocimiento de la institución.
Policía de Bogotá separó a los uniformados mientras avanza la investigación
La difusión del video llevó a la Policía Metropolitana de Bogotá a pronunciarse sobre lo ocurrido. En un comunicado emitido el 31 de agosto de 2026, la Oficina de Comunicaciones Estratégicas confirmó que los dos patrulleros pertenecen a la Estación de Policía Chapinero.
Como primera medida, la institución determinó la separación preventiva de los uniformados de sus funciones operativas mientras avanzan las actuaciones correspondientes. La decisión busca permitir el desarrollo de las indagaciones sobre las circunstancias en las que se habría producido la solicitud de dinero.
La Inspección General de la Policía también abrió una investigación disciplinaria para establecer qué ocurrió, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con los hechos denunciados por el ciudadano.
La investigación busca determinar si los policías incurrieron en alguna conducta contraria a las normas que regulan su actuación. Por ahora, las acusaciones corresponden a un señalamiento que permanece bajo investigación y no constituyen una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los uniformados.
Caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación
Además de la actuación disciplinaria, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que realizó una compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación para que la justicia ordinaria examine el caso.
La remisión busca que la Fiscalía investigue la posible comisión del delito de cohecho, relacionado con la presunta exigencia de dinero durante el procedimiento realizado por los uniformados.
La institución manifestó su rechazo frente a cualquier conducta que pueda afectar sus normas y principios internos. En su pronunciamiento, señaló que actuará “con rigor ante situaciones que afecten la disciplina e integridad institucional”.
El caso queda así en manos de las autoridades encargadas de establecer lo ocurrido. La investigación disciplinaria continuará dentro de la Policía, mientras que la Fiscalía deberá determinar las actuaciones que correspondan dentro del proceso penal.
La denuncia también volvió a poner sobre la mesa la importancia de los controles sobre los procedimientos policiales en las calles de Bogotá, especialmente cuando existen señalamientos relacionados con solicitudes de dinero durante actuaciones oficiales.
De acuerdo con la información entregada, se espera que en los próximos días la Fiscalía avance en la revisión del caso y determine las actuaciones que correspondan frente a los dos uniformados señalados.
¿Qué ocurrió con los dos patrulleros?
Dos patrulleros adscritos al CAI Granada, en Chapinero, quedaron bajo investigación después de que un ciudadano los señalara de solicitarle $800.000 para evitar una infracción de tránsito y la inmovilización de su vehículo.
¿Qué medidas tomó la Policía de Bogotá?
La institución informó que separó preventivamente a los uniformados de sus funciones operativas y que la Inspección General abrió una investigación disciplinaria para esclarecer las circunstancias de los hechos.
¿Por qué interviene la Fiscalía en el caso?
La Policía realizó una compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación para que determine si los hechos denunciados podrían constituir el delito de cohecho y adelante las actuaciones que correspondan.