La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre un millonario contrato de obras públicas en el departamento de Arauca y recomendó frenar los pagos mientras se aclaran posibles irregularidades en el proceso de contratación.
De acuerdo con el organismo, se trata de un contrato por más de $43.382 millones celebrado entre la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca, EMSERPA, y la sociedad MOPEN S.A.S., para ejecutar recursos públicos provenientes de un convenio con el Ministerio de Vivienda.
Cabe mencionar que la alerta sobre ese contrato se originó en una queja presentada por la Veeduría para la Transparencia Ciudadana, que también fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema de Justicia.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca inició una actuación preventiva y solicitó explicaciones y documentos al alcalde del municipio, Juan Alfredo Quenza Ramos, y al gerente de EMSERPA, Germán Javier Castro Tovar.
Las dudas sobre la contratación: ¿qué es lo que está bajo revisión?
De acuerdo con el organismo de control, se identificó un total de siete aspectos que requieren explicaciones, relacionados con las reglas utilizadas para contratar, los plazos del proceso, los requisitos exigidos a los participantes y la situación jurídica de la empresa ganadora.
Uno de los puntos centrales es la decisión de adelantar la selección mediante una invitación pública de régimen especial, sin aplicar los documentos tipo del sector de agua potable y saneamiento básico.
Sumado a eso, la misma Procuraduría advirtió que es necesario establecer si esa decisión se ajustó a las condiciones del convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda y a las normas que regulan este tipo de contratación.
El organismo también pidió aclarar por qué el cronograma fue tan corto. Según la documentación revisada, entre la publicación del proceso y su cierre transcurrieron pocos días hábiles.
Además, se investiga por qué hubo apenas un día para presentar observaciones al proyecto de pliego y otro para pronunciarse sobre el informe de evaluación.
La Procuraduría también señaló que no aparecen registradas audiencias de asignación de riesgos, ni de adjudicación, por lo que solicitó las explicaciones y los soportes correspondientes.
Una sola propuesta y dudas sobre la empresa ganadora
Otro elemento que llamó la atención de acuerdo con las denuncias, es que según SECOP II, el proceso registró apenas 16 visualizaciones y recibió una sola propuesta: la de MOPEN S.A.S.
La oferta fue presentada por $43.382 millones, equivalente al 99,973% del presupuesto oficial y terminó siendo adjudicada.
La Procuraduría también pidió explicar por qué se modificaron los requisitos de experiencia que aparecen en los documentos tipo de referencia y quién tomó esas decisiones.
A esto se suma una revisión sobre la situación jurídica de la contratista. El registro mercantil consultado por el organismo de control muestra la razón social MOPEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, con una actualización del 25 de mayo de 2026.
Además, el Registro Único de Proponentes de la compañía registra que los efectos de su inscripción cesaron en junio de 2025 y que hubo una nueva inscripción en abril de 2026.
Por eso, la Procuraduría pidió los documentos que permitan establecer cuál era la situación jurídica de la empresa antes de la adjudicación y de la firma del contrato, y si cumplía las condiciones exigidas.
Es importante precisar que esos elementos son asuntos por verificar y no constituyen, por sí solos, una declaración de responsabilidad.
El transporte de material pétreo concentra más de la mitad del presupuesto
Hay otro dato que sobresale en la revisión: el costo previsto para transportar material pétreo. Ese rubro asciende a más de $23.390 millones, correspondientes al 53,9% del valor total de la obra.
La Procuraduría solicitó los soportes técnicos y económicos que permitan explicar ese componente del presupuesto.
También requirió los estudios previos, el manual de contratación, el plan de pagos presentado al Ministerio, las evaluaciones de la propuesta, el acto de adjudicación y la información sobre el estado de ejecución del contrato.
Adicionalmente, el organismo pidió las comunicaciones, agendas, actas y registros de ingreso de visitantes al despacho del alcalde durante 2025 y 2026 que estén relacionados con el Ministerio de Vivienda, EMSERPA, la congresista Karen Astrith Manrique Olarte, Gustavo González Ruiz, MOPEN S.A.S. y Andrés Eduardo Rincón Ortiz.
No tramitar pagos mientras se aclaran las dudas
Frente a este panorama, la Procuraduría recomendó a EMSERPA abstenerse de tramitar, aprobar o solicitar el aval de pagos, anticipos o desembolsos con cargo al contrato 144 de 2026, hasta que exista claridad sobre los puntos cuestionados, especialmente el régimen contractual aplicado y la capacidad jurídica de la empresa contratista.
El organismo también recomendó poner el caso en conocimiento del Ministerio de Vivienda, del supervisor del convenio, de la fiduciaria y de la interventoría, para que evalúen si corresponde aplazar cualquier aval o desembolso.
Además, pidió obtener un certificado histórico de existencia y representación legal de MOPEN S.A.S. ante la Cámara de Comercio de Casanare y adoptar las medidas que correspondan si se confirma la disolución o el estado de liquidación de la compañía.
La Procuraduría recordó que según la información pública disponible que revisó, todavía no se habían efectuado pagos con cargo al contrato. Los requerimientos deberán ser respondidos dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.
El organismo de control advirtió que aprobar pagos sin verificar los requisitos legales y contractuales, podría comprometer la responsabilidad disciplinaria y fiscal de quienes los autoricen.