Una nueva controversia se abrió entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz, esta vez por las similitudes que tendría la recién aprobada Ley de Sometimiento con el modelo de justicia transicional que aplica la JEP.
El presidente de esa jurisdicción, el magistrado Alejandro Ramelli, había planteado reparos y señalado semejanzas entre ambos mecanismos. Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Cancino, salió a marcar distancia y aseguró que la nueva legislación no tiene nada que ver con la justicia que se creó a partir del Acuerdo de Paz con las Farc.
Su respuesta fue directa: “Nada tiene de parecido, porque no he visto ninguna relación de política con los grupos que investiga la JEP”, afirmó el ministro, al cuestionar la comparación hecha por Ramelli.
Las diferencias que defiende el Gobierno
Cancino explicó que uno de los principales elementos de la nueva Ley de Sometimiento es la protección de las víctimas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado y por las acciones de organizaciones criminales.
El funcionario aseguró que la niñez es una de las prioridades del Gobierno y que la legislación contempla medidas especiales frente a delitos como el reclutamiento de menores y las agresiones sexuales.
Según explicó, estos crímenes tendrán un tratamiento particularmente riguroso y la protección de las víctimas estará en el centro de la aplicación de la norma.
Pero hay otro punto que el ministro utilizó para diferenciar este mecanismo de la JEP: las condiciones que deberán cumplir los integrantes de las organizaciones criminales que pretendan acogerse a los beneficios de la ley.
Entrega de bienes, información y vínculos políticos
Cancino sostuvo que la nueva legislación no contempla la devolución de bienes y que los recursos que sean objeto de decomiso deberán tener un tratamiento específico.
Sumado a eso, el ministro explicó que quienes busquen someterse a este mecanismo tendrán que entregar información que permita conocer el funcionamiento de las estructuras criminales.
Esto incluye no solamente revelar rutas del narcotráfico y entregar armas, sino también identificar los vínculos de esas organizaciones con distintos sectores de la sociedad.
En ese mismo sentido, el ministro hizo especial énfasis en las conexiones con la corrupción dentro de la administración pública y los posibles nexos con sectores políticos.
Y precisamente en este punto sustentó una de sus principales diferencias con la JEP. Según Cancino, la nueva ley sí contempla que se esclarezcan las relaciones entre las organizaciones criminales y actores políticos.
Por esa misma razón, insistió en que no se puede equiparar este mecanismo con la justicia transicional que investiga los crímenes relacionados con el conflicto armado.
Una ley que ahora entra en su etapa de aplicación
El ministro también destacó el trabajo conjunto con el Congreso de la República para sacar adelante la iniciativa y agradeció a los legisladores que respaldaron su aprobación.
De acuerdo con Cancino, se trata de una herramienta rigurosa, que debe estar al servicio de la ciudadanía y que ahora tendrá que demostrar cómo funciona en la práctica.
Sin embargo, el debate con la JEP deja sobre la mesa una discusión de fondo: hasta dónde pueden llegar los mecanismos especiales de sometimiento para conseguir que las organizaciones criminales abandonen sus actividades ilegales, entreguen información, reparen a las víctimas y contribuyan al esclarecimiento de la verdad.
La controversia no es solamente por el nombre o las semejanzas entre dos modelos de justicia. También está relacionada con las condiciones que se exigirán a quienes quieran acogerse a la nueva legislación y las garantías que tendrán las víctimas.
Por ahora, el ministro Iván Cancino insiste en que son mecanismos diferentes y rechaza que la Ley de Sometimiento pueda equipararse a la JEP. La discusión sobre su alcance y aplicación apenas comienza.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué originó el enfrentamiento entre Cancino y Ramelli?
Las similitudes que el presidente de la JEP señaló entre la nueva Ley de Sometimiento y el modelo de justicia transicional.
¿Qué respondió el ministro de Justicia?
Que los dos mecanismos son diferentes y que la nueva ley no tiene nada de parecido con la JEP.
¿Qué deberán entregar las organizaciones criminales?
Información sobre sus rutas, armas y vínculos con actores políticos, funcionarios y otros sectores de la sociedad, además de cumplir las condiciones de sometimiento.
¿Qué papel tendrán las víctimas?
Estarán en el centro de la legislación, con medidas especiales de protección para niños, niñas y adolescentes, especialmente frente al reclutamiento y los delitos sexuales.