Los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, seguirán presos por orden de la Corte Suprema de Justicia, a la espera de que arranque formalmente el juicio en su contra por la corrupción que rodeó a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno de Gustavo Petro y la administración de Olmedo López en la entidad.
El alto tribunal frustró una vez más, por lo menos la tercera, la intención de los excongresistas de salir libres alegando vencimiento de términos.
¿Y qué tiene que ver la fuga de Carlos Ramón González con esta decisión?
Que González siga en el extranjero no le conviene a Name ni a Calle. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) tiene asilo en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero es clave para el expediente de los presidentes del Senado y la Cámara.
Las normas penales para congresistas establecen que los procesados obtienen la libertad cuando pasan más de seis meses desde la resolución de acusación sin que los magistrados instalen el juicio. Pero hay una excepción: si la Corte Suprema de Justicia decreta pruebas en el exterior, la detención puede prolongarse seis meses más.
Ese fue el principal argumento de la Sala de Casación Penal para ratificar que Name y Calle permanezcan recluidos. Un auto de 52 páginas sostiene que los excongresistas deben seguir detenidos, porque la justicia aún no da con la ubicación precisa del exdirector González ni con su testimonio para el juicio contra los expresidentes.
La Sala de Primera Instancia, la que juzgará a las cabezas de la antigua mesa directiva, “decretó el testimonio de un ciudadano que se encuentra en el extranjero”, explica la decisión, que los ocho magistrados y la única magistrada de Casación Penal aprobaron unánime. No es la primera vez que la Corte deniega la libertad deniega la libertad de Name y Calle.
Nuevos testimonios y peritajes sobre las presuntas coimas
El alto tribunal, además, ajustó varias de las pruebas que las partes discutirán en el proceso. Por ejemplo, Primera Instancia vio innecesario que el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, testificara, pero Casación Penal no. Así que el exdirectivo, que seguramente saldrá del cargo en la transición gubernamental, tendrá que declarar sobre el trámite de la reforma pensional en el Congreso.
Pedro José Castro Espinosa, por su parte, tendrá que aportar todos los soportes del préstamo de más de dos mil millones de pesos que habría adquirido para, aparentemente, dárselos al exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quien habría concretado los sobornos para el exsenador Name y el exrepresentante Calle.
Y un perito experto en criptomonedas participará en la causa para elaborar un dictamen que confirme o desmienta los supuestos movimientos de unos mil millones de pesos que Pinilla habría transferido en Bogotá y retirado en Montería para pagarle a Andrés Calle una presunta coima en el apartamento del entonces legislador.
La determinación debería darle vía libre al juicio contra los aforados. En marzo, el magistrado Jorge Emilio Caldas —cuyo período termina en octubre, cuando asuma la recién elegida magistrada Emérita Mora— convocó a los excongresistas a su audiencia preparatoria y, allí, rechazó una nulidad que había presentado la defensa de Calle.
Un auto de 97 páginas formalizó la decisión. El magistrado Caldas leyó su parte resolutiva en una audiencia a la que Name, con barba tupida que no conservaba cuando era congresista, y Calle se conectaron con filtros que evitaban mostrar la sala de la cárcel La Picota en la que se encontraban. Calle apeló, Name no.
Santiago Trespalacios, el abogado de Andrés Calle, le pidió a la Sala de Casación Penal considerar pruebas que la Sala de Primera Instancia no admitió y que, según él, probarían “el buen comportamiento” del expresidente de la Cámara. La defensa había solicitado anular el proceso por “inercia investigativa” de la Sala de Instrucción.
Un juicio pendiente de arrancar y un expediente extenso
Caldas no accedió a la nulidad. El ahora exmagistrado Ariel Torres y la magistrada Blanca Barreto —presidenta de la Sala— estuvieron de acuerdo con su postura. Así que el juicio seguirá adelante, con pruebas como el testimonio del exdirector de la UNGRD Olmedo López, del exdirector del Dapre Carlos Ramón González y de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte ordenó la captura de Name y Calle en mayo de 2025. Tres meses después, los acusó por cohecho impropio y peculado por apropiación. Aunque impugnaron la acusación, en octubre la Corte la dejó en firme. La preparatoria fue el siguiente paso, luego los autos, ya vendrá el juicio y, finalmente, la sentencia.
Un día antes del arresto, Name habló en la plenaria del Congreso, como despidiéndose: “Siento que cumplí con mi deber de enfrentar el desbordamiento institucional”. La Policía ejecutó la orden de captura el 7 de mayo. Calle se entregó en el búnker de la Fiscalía mientras las autoridades adelantaban un operativo en su casa.
Según declaraciones de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, Name —de la Alianza Verde y opositor a la administración de Gustavo Petro— habría recibido un soborno de tres mil millones de pesos. Calle, liberal y aliado del Ejecutivo, habría obtenido uno de mil millones.
Pinilla, confeso corrupto y condenado a cinco años de cárcel por su participación en la red criminal, le ha relatado a la justicia que el dinero para las coimas —o para pagar el préstamo de Pedro José Castro— salió de los sobrecostos en la compra de cuarenta carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. El propósito de la plata era acelerar el trámite de reformas del Gobierno, principalmente la pensional.
Quien habría ordenado entregar los recursos fue el prófugo Carlos Ramón González, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dapre) asilado en Nicaragua que también va a juicio en la Corte.
Los pagos habrían llegado a manos de los entonces parlamentarios en octubre de 2023, antes de las elecciones regionales, y habrían servido también para las campañas de familiares de los procesados, como Gabriel Calle hijo y padre, y María Clara Name.
Trama de la UNGRD sigue cercando a principales señalados del escándalo
La intermediaria para conseguir y llevar las millonarias sumas aparentemente fue la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Liliana Ortiz Nova, detenida asimismo de forma preventiva. La Fiscalía empezó a perseguirla luego de que Sneyder Pinilla la señalara de haber recibido los tres mil millones de Name.
Ortiz, cercana a Iván Name, le habría dado maletas llenas de billetes al otrora senador en un apartamento en el norte de Bogotá. Pinilla, por su parte, ha admitido que él le entregó a Andrés Calle la plata en Montería, la capital de Córdoba, también con una maleta. El exsubdirector ha entregado chats que probarían el soborno.
Tanto González como Ortiz eran de la Alianza Verde, que los suspendió junto a Name en mayo de 2025, casi un año después de que la boyacense dejara su oficina en la Casa de Nariño. La Fiscalía le imputó a Sandra Ortiz tráfico de influencias y lavado de activos, y a Carlos Ramón González cohecho, peculado y lavado de activos.
En julio de 2024, dos meses después de que Ortiz saliera del Gobierno, la Presidencia de la República informó que la administración de Luz María Múnera, sucesora de la exsenadora, recibió “dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otro sin memoria”. Los equipos eran de contratistas del despacho de la exconsejera Ortiz.
La Fiscalía ha calificado al entramado de corrupción en la UNGRD como “una empresa criminal” que habrían liderado los exministros Luis Fernando Velasco, del Interior, y Ricardo Bonilla, de Hacienda. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó encarcelarlos de forma preventiva, mas Bonilla salió por vencimiento de términos. La Procuraduría indaga a Ortiz, Name y Calle.
De acuerdo con Pinilla, en septiembre de 2023 Ortiz y Velasco tuvieron un desayuno del que salió la orden para que el exdirector Olmedo López consiguiera dinero para sobornar a legisladores. Ortiz trató de negociar con la Fiscalía, que calificó su información como “confusa” y “contradictoria”. Velasco defiende la inocencia de él.
Andrés Calle intentó salir de prisión antes. Le pidió a la Corte Suprema concederle libertad por el nacimiento de su hijo, porque renunció a la Cámara de Representantes y porque declaró bajo juramento que no votaría en las elecciones de 2026. La Corte lo rechazó. Sandra Ortiz interpuso una tutela con el mismo objetivo, y el alto tribunal la desestimó.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué Iván Name y Andrés Calle seguirán privados de la libertad?
La Corte Suprema concluyó que no se configura el vencimiento de términos porque el juicio aún requiere practicar una prueba en el exterior: el testimonio del exdirector del Dapre Carlos Ramón González. Esa circunstancia permite extender por otros seis meses la medida de aseguramiento, según las reglas aplicables a los procesos contra congresistas.
¿Qué papel juega Carlos Ramón González en el proceso por el caso UNGRD?
El exdirector del Dapre, asilado en Nicaragua, fue citado como testigo dentro del juicio contra los expresidentes del Senado y la Cámara. La Corte considera necesario ubicarlo y escuchar su declaración antes de avanzar en el juzgamiento, razón por la cual su permanencia fuera del país incide directamente en los tiempos del proceso.
¿Qué nuevas pruebas ordenó la Corte Suprema para el juicio?
El alto tribunal dispuso la práctica de nuevos testimonios y peritajes, entre ellos la declaración del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán; los soportes del préstamo que habría servido para entregar dinero a Sneyder Pinilla, y un dictamen pericial sobre presuntos movimientos de criptomonedas relacionados con el supuesto pago del soborno a Andrés Calle.
¿De qué están acusados Iván Name y Andrés Calle en el escándalo de la UNGRD?
La Corte los juzgará por presunto cohecho impropio y peculado por apropiación, tras las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes aseguran que recibieron millonarios sobornos provenientes del esquema de corrupción de la UNGRD para favorecer el trámite de reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.