Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazaron las peticiones para someterse a este tribunal que fueron realizadas por parte del exministro de Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega y del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez Echeverri.
En estos casos se concluyó que los delitos por los que fueron condenados por la justicia ordinaria no guardan relación con el conflicto armado interno, como intentaron argumentar sus defensores.
La decisión fue adoptada por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP que advirtió que en el caso del exministro Sabas Pretelt no presentó un compromiso claro, concreto y programado, pese a que se le requirió en más de tres ocasiones por parte de ese tribunal.
“Por lo anterior, la sala rechazó de plano su intención de someterse ante esta Jurisdicción y le negó acceso a cualquier beneficio transicional”, señala en su decisión la JEP.
En el trámite de Alberto Velásquez Echeverri, la JEP determinó que, además de que sus delitos no guardan relación con el conflicto, en el proceso penal por el que fue condenado en la justicia ordinaria se decretó la extinción de la sanción penal impuesta “en consecuencia, su situación jurídica se encuentra resuelta de forma definitiva”.
Condena por la ‘Yidispolítica’
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó en su momento la condena contra Sabas Pretelt de Vega exministro del Interior, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Alberto Velásquez, por el escándalo la ‘Yidispolítica’.
Este proceso se relacionó con el ofrecimiento de prebendas burocráticas a congresistas como la entonces representante a la cámara Yidis Medina con la finalidad de obtener su respaldo en la iniciativa de la reelección presidencial inmediata radicada por el Gobierno Nacional en 2004.
De acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia ambos exfuncionarios fueron hallados culpables del delito de cohecho por dar u ofrecer, “acudieron a prácticas corruptoras para interferir en el ejercicio de las funciones constitucionales que corresponden al Congreso de la República, valiéndose del poder que sus cargos de ese momento les conferían”.