JEP dice que hubo alianzas entre militares y paramilitares en crímenes de violencia de género

La JEP imputó a 18 ex militares y policías crímenes de guerra y lesa humanidad por violencias sexuales basadas en género en el conflicto armado.
Torre Squadra, sede de la JEP Crédito: JEP / Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública, 16 del Ejército y dos de la Policía Nacional, por hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidas contra la población civil durante el conflicto armado.

La decisión establece que algunos de estos crímenes fueron perpetrados directamente por integrantes de la fuerza pública y otros se cometieron en medio de alianzas, colaboración o tolerancia con grupos paramilitares en diferentes regiones del país.

Según la información entregada por la JEP, se identificaron dos grandes patrones de macrocriminalidad que permiten entender cómo se utilizaron estas violencias para perseguir, castigar, intimidar y controlar a las comunidades.

Las cifras de las violencias investigadas

De acuerdo con la investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad identificó un universo provisional de 565 casos de violencias basadas en género, ocurridos entre 1978 y 2016, que dejaron 755 víctimas directas.

En ese sentido, la Jurisdicción explicó que de ese mismo total, 650 son mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Además, hay 738 víctimas acreditadas en el Subcaso 2 del Macrocaso 11.

Sumado a eso, la misma JEP advierte que estas cifras no representan la totalidad de los hechos ocurridos, debido al subregistro y a las dificultades que todavía enfrentan las víctimas para denunciar.

La investigación se construyó a partir de 217 informes entregados por organizaciones sociales y entidades del Estado, 74 versiones voluntarias de comparecientes, seis diligencias de contrastación en las que participaron 235 personas y los relatos de las víctimas.

El primer patrón: ataques contra civiles y alianzas con paramilitares

En rueda de prensa, la JEP explicó que, en relación al primer patrón identificado, este corresponde a ataques contra la población civil bajo justificaciones contrainsurgentes.

La investigación encontró que integrantes de la fuerza pública participaron directamente o se aliaron con grupos paramilitares para atacar comunidades señaladas de tener vínculos con la guerrilla.

En medio de esas incursiones se cometieron asesinatos, torturas, violencia sexual y otras agresiones basadas en género.

La JEP documentó, por ejemplo, lo ocurrido en Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander, durante 1999.

Y es que según los datos, solamente en Tibú, entre mayo y diciembre de ese año, al menos 208 personas fueron asesinadas, 158 desaparecidas forzadamente, 48 fueron víctimas de tortura y más de 50 sufrieron violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual. Además, más de dos mil personas fueron expulsadas del municipio y desplazadas forzosamente.

Por estos hechos, la Jurisdicción llamó a reconocer responsabilidad a cinco personas que no habían sido imputadas anteriormente, entre ellas un brigadier general, un coronel, dos mayores y un soldado. También amplió la imputación contra otras dos personas que ya habían sido condenadas.

Otro de los hechos investigados, de acuerdo a lo destacado por la JEP, es la incursión paramilitar en Lengupá, Boyacá, entre 1991 y 1992, donde se identificó una alianza entre el grupo Los Masetos y agentes de la fuerza pública.

Allí fueron atacados campesinos, dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y personas señaladas de tener vínculos con la Unión Patriótica. También se documentaron torturas sexualizadas contra hombres y agresiones contra mujeres lideresas por su participación política.

En relación a este mismo tema, hay que destacar que la investigación incluyó las masacres de La Cabuya, en Tame, Arauca, en 1998, y Chiscas, Boyacá, en 2003, así como hechos ocurridos en Puerto Asís, Putumayo, y San Juan de Arama, Meta.

El segundo patrón: apropiación, castigo y disciplinamiento

El segundo patrón identificado por la JEP corresponde a las violencias basadas en género utilizadas como mecanismos de apropiación, castigo o disciplinamiento de la población civil.

En estos casos, según explicó la Jurisdicción, integrantes de la fuerza pública habrían aprovechado su presencia, el uso de las armas y su autoridad en los territorios para cometer agresiones sexuales y otras formas de violencia.

Uno de los hechos más graves corresponde a Tame, Arauca, en 2010, donde el oficial Raúl Muñoz Linares violó sexualmente y asesinó a dos niños y una niña.

El militar ya fue condenado por la justicia ordinaria. Sin embargo, la JEP está investigando la responsabilidad de sus superiores, quienes, según la decisión, conocían las evasiones del uniformado y tenían información sobre una primera agresión sexual contra una niña, pero no habrían cumplido sus deberes de prevención y control.

Quince días después ocurrieron los asesinatos y las agresiones sexuales contra los otros dos niños y la niña.

Por estos hechos, la JEP llamó a reconocer responsabilidad por omisión al coronel retirado Francisco Sanmiguel Guzmán y al mayor retirado James Alberto Granada Carmona.

También se documentaron hechos en Puerto Gaitán, Meta, donde al menos 22 niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron retenidas por integrantes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada.

Las víctimas fueron sometidas a trabajos forzados, rapado del cabello, tratos crueles y, en algunos casos, violencia sexual. La investigación busca establecer la responsabilidad de agentes del Estado en estos hechos.

Los responsables llamados a reconocer

En total, son 18 antiguos integrantes de la fuerza pública. Cuatro son llamados como autores por omisión; un brigadier general, un coronel, un mayor del Ejército y un capitán de la Policía.

Otros 13 son señalados como coautores por su contribución a las alianzas con paramilitares o a los operativos militares en los que se cometieron estas violencias.

Se suman a los ya mencionados, un sargento segundo del Ejército fue llamado como coautor y autor de violencias basadas en género.

Entre los crímenes imputados están asesinato, homicidio, tortura, desaparición forzada, esclavitud sexual, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos de género y desplazamiento forzado.

Las fallas institucionales que encontró la JEP

La investigación también identificó condiciones que facilitaron la repetición de estas conductas.

Entre ellas, la ausencia o insuficiencia de políticas, protocolos y mecanismos institucionales para prevenir y atender las violencias basadas en género.

La Jurisdicción señaló que, antes de 2010, las Fuerzas Militares y la Policía no habían desarrollado medidas específicas suficientes para prevenir y atender estas conductas.

También identificó la reproducción de un modelo de masculinidad guerrera que favoreció prácticas de dominación, discriminación y violencia contra las mujeres y las personas que no encajaban en los roles tradicionales de género.

La JEP advirtió que las omisiones en el control de la tropa, la falta de respuesta frente a las denuncias y los abusos de autoridad facilitaron la comisión de estos crímenes.

¿Qué sigue en el proceso?

Ahora, los 18 comparecientes tendrán 15 días hábiles, una vez sean notificados, para informar por escrito si reconocen total o parcialmente los crímenes imputados o si no aceptan responsabilidad.

Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para presentar observaciones y aportar pruebas.

Si los comparecientes reconocen responsabilidad, el proceso podrá continuar por la ruta dialógica de la JEP. Si no lo hacen, la Sala podrá remitir el expediente a la Unidad de Investigación y Acusación.

Por último, la JEP destacó que esta decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento de las violencias sexuales y de género cometidas contra la población civil durante el conflicto armado y en la determinación de las responsabilidades de integrantes de la fuerza pública.

Nombres de los 18 comparecientes llamados a reconocer responsabilidad

La decisión identifica a los siguientes antiguos integrantes de la fuerza pública:

  • Por Tibú y La Gabarra: Alberto Bayardo Bravo Silva, Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, Mauricio Llorente Chávez, Jorge Andrés Escobar Pineda, Luis Fernando Campuzano Vásquez, Daladier Rivera Jácome y José Misael Valero Santana.
  • Por Lengupá: Víctor Hugo Matamoros Rodríguez.
  • Por La Cabuya: Orlando Hernando Pulido Rojas.
  • Por Chiscas: Alfonso Moya Molina y Gregory Ernesto Amado Rueda.
  • Por La Gallera, en Puerto Asís: Jorge Augusto Terán Pineda y Óscar Fernando Murcia Peña.
  • Por hechos en Cesar y Putumayo: Juan Pablo Sierra Daza.
  • Por San Juan de Arama: Édgar Omar Urbina Carrillo y Carlos Fernando González Cárdenas.
  • Por los hechos contra niñas y niños en Tame: Francisco Sanmiguel Guzmán y James Alberto Granada Carmona.
  • Por los hechos de Puerto Gaitán: Reinaldo Rincón Rojas.