La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tendrá que modificar buena parte de su funcionamiento por cuenta del recorte presupuestal anunciado por el Gobierno nacional. El nuevo presidente de esta jurisdicción, el magistrado Danilo Rojas Betancourth, anunció una serie de medidas que incluyen el traslado de su sede, la virtualización de buena parte de sus actividades, la reducción de los esquemas de protección y un recorte del 85 % en los contratos de prestación de servicios.
Son decisiones que, según el magistrado, buscan garantizar que la JEP pueda seguir funcionando con los recursos disponibles, pero que también generan preocupación por sus efectos sobre las víctimas, los testigos y los comparecientes que participan en los procesos de justicia transicional.
Cambio de sede y virtualidad como regla general
Una de las primeras medidas será el traslado de las instalaciones de la JEP a una sede de 4.200 metros cuadrados, una reducción considerable del espacio que actualmente ocupa la jurisdicción y que, de acuerdo con su presidente, permitirá ahorrar cerca de 26.000 millones de pesos.
Sin embargo, este cambio también obligará a modificar la organización interna y la manera como trabajan los funcionarios. El magistrado Danilo Rojas explicó que las nuevas instalaciones no tienen capacidad para recibir a todo el personal, los equipos y las dependencias de la jurisdicción.
Por esa razón, el órgano de gobierno determinó que la virtualidad será la regla general y que se implementará un modelo de trabajo rotativo, con puestos compartidos, menos espacios de trabajo y una reducción en el número de salas de audiencias.
de a como lo explicó el presidente de la JEP, esa jurisdicción se va a pasar "a una locación de 4.200 metros cuadrados. Como verán, una producción sustantiva, muy sustantiva. Esto produce más o menos un ahorro de unos 26 mil millones de pesos".
El magistrado señaló que tendrán que reorganizar la operación mediante un modelo de coworking y rotación de puestos para garantizar que la jurisdicción pueda continuar cumpliendo sus funciones.
Reducción de esquemas de protección: llamado urgente al Gobierno
Pero una de las decisiones que genera mayor preocupación tiene que ver con la seguridad. La JEP reducirá sus esquemas de protección y espera conseguir un ahorro cercano a los 18.000 millones de pesos.
Sumado a eso, la medida también tendrá consecuencias sobre la protección de víctimas, testigos y comparecientes amenazados, una población especialmente vulnerable por su participación en los procesos judiciales y restaurativos de esta jurisdicción.
El magistrado Rojas calificó esta decisión como dolorosa y riesgosa, y explicó que algunas dependencias ya anunciaron que entregarán sus esquemas de protección para contribuir a la reducción de gastos.
Por ejemplo, la Unidad de Investigación y Análisis, que funciona como una pequeña fiscalía de la JEP, entregará los 17 esquemas de protección que tiene asignados a sus fiscales. También se anunció una reducción desde la Secretaría Ejecutiva.
Sin embargo, el presidente de la jurisdicción hizo énfasis en que la mayor preocupación está en la seguridad de las víctimas, los testigos y los comparecientes amenazados.
Por eso, le pidió directamente al Gobierno nacional que asuma esa responsabilidad y garantice los esquemas de protección, de acuerdo con las normas vigentes.
El magistrado insistió en que la seguridad de estas personas no puede quedar desatendida por las dificultades presupuestales de la jurisdicción y reiteró que el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos amenazados.
Recorte del 85 % en contratos y afectaciones a víctimas y comparecientes
A las medidas anteriores se suma otra decisión que puede tener consecuencias directas sobre el desarrollo de los procesos judiciales: la JEP reducirá en un 85 % sus contratos de prestación de servicios.
En ese sentido, el presidente de la jurisdicción explicó que buena parte de estos contratos estaban destinados a respaldar el trabajo con víctimas y comparecientes, especialmente en dos áreas fundamentales: la defensa técnica y los acompañamientos psicosociales.
En el caso de los comparecientes, la JEP cuenta con una pequeña unidad de defensa que tiene menos de 30 abogados para atender a más de 17.000 personas sometidas a esta jurisdicción.
Por esa razón, los contratos permitían vincular profesionales adicionales para garantizar que los comparecientes tuvieran representación jurídica y pudieran ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso.
De igual forma, el magistrado advirtió que sin abogados no es posible garantizar adecuadamente el desarrollo de los procedimientos judiciales.
Pero el impacto también se sentirá en las víctimas. Los contratos respaldaban el acompañamiento de psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales encargados de preparar a quienes participan en los encuentros restaurativos con sus victimarios.
Rojas explicó que estos espacios no consisten simplemente en reunir a una víctima con la persona que le causó daño. Requieren una preparación previa, un acompañamiento psicológico y un trabajo profesional que permita desarrollar esos encuentros en condiciones adecuadas.
La reducción de los contratos, por tanto, pone presión sobre dos componentes esenciales de la justicia transicional: la defensa técnica de los comparecientes y el acompañamiento integral a las víctimas.
Llamado al Congreso por proyecto que busca terminar la JEP en 2028
Y mientras la jurisdicción intenta reorganizarse para enfrentar las dificultades presupuestales, su nuevo presidente también hizo un llamado al Congreso de la República por el proyecto de acto legislativo que busca ponerle fecha de terminación a la JEP en marzo de 2028.
La iniciativa ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera del Senado y plantea modificar el horizonte de funcionamiento de esta jurisdicción.
Frente a esa propuesta, Danilo Rojas recordó que el Acuerdo Final de Paz estableció un periodo de 15 años para el cumplimiento de su mandato y pidió a los congresistas revisar las disposiciones constitucionales relacionadas con ese compromiso.
El magistrado sostuvo que el acuerdo de paz es un parámetro de interpretación y un referente de validez, por lo que considera que la jurisdicción debe contar con el tiempo previsto para cumplir sus funciones.
De esta manera, el nuevo presidente de la JEP enfrenta dos grandes desafíos: reorganizar una institución que tendrá menos recursos para operar y defender el tiempo previsto para cumplir el mandato de justicia transicional.
Todo esto en medio de un recorte que no solamente implicará cambios administrativos, sino que también tendrá efectos sobre la protección, la defensa y el acompañamiento de miles de personas que hacen parte de los procesos de esta jurisdicción.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Cuánto dinero espera ahorrar la JEP con el traslado de su sede?
Cerca de 26.000 millones de pesos. La jurisdicción pasará a instalaciones de 4.200 metros cuadrados y adoptará un modelo de trabajo rotativo y virtual.
¿Qué pasará con los esquemas de protección de la JEP?
Serán reducidos, con un ahorro esperado de 18.000 millones de pesos. La medida también afectará la protección de víctimas, testigos y comparecientes amenazados. El presidente de la JEP pidió al Gobierno asumir esa responsabilidad.
¿Cómo afectará el recorte de contratos a los procesos de la JEP?
La reducción del 85 % impactará los apoyos para la defensa técnica de más de 17.000 comparecientes y los acompañamientos psicosociales que reciben las víctimas antes de los encuentros restaurativos.
¿Por qué la JEP cuestiona el proyecto que busca terminarla en 2028?
Porque su presidente considera que el Acuerdo Final de Paz estableció un mandato de 15 años y pidió al Congreso revisar las disposiciones constitucionales que respaldan ese periodo.