En una decisión histórica para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Jurisdicción Especial para la Paz, después de más de tres décadas de espera, atribuyó responsabilidades por graves crímenes cometidos contra integrantes del pueblo Arhuaco y ordenó que siete antiguos miembros de la fuerza pública sean investigados por el secuestro, la tortura, el homicidio y la desaparición de tres de sus máximas autoridades espirituales.
Según la información oficial, la decisión tiene dos caminos; por un lado, la JEP imputó el crimen de guerra de tortura al mayor retirado del Ejército Hernán Carrera Sanabria, por los hechos contra los indígenas Amado y Vicente Villafañe Chaparro.
El oficial reconoció su responsabilidad y deberá presentar una propuesta de reparación que contempla la recuperación del Cerro Inarwa, un lugar sagrado de peregrinación y especial significado espiritual para el pueblo Arhuaco.
Siete militares remitidos a investigación
Pero la decisión más contundente tiene que ver con otros siete antiguos integrantes de la fuerza pública que no reconocieron su responsabilidad y cuyos aportes a la verdad fueron considerados insuficientes por la Sala de Reconocimiento.
Se trata del general retirado Juan Salcedo Lora, quien fue comandante de la Segunda Brigada; los coroneles retirados Luis Fernando Duque Izquierdo, Luis Fernando Urrego Ávila, Rafael Mejía Roa y Álvaro Matallana Eslava; el capitán retirado Pedro Antonio Fernández Ocampo y Cosme García Camacho, antiguo integrante de la sección de Inteligencia del Batallón La Popa.
Todos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para que avance el proceso judicial por los crímenes contra los Mamos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro.
Un dato relevante es que dos de los militares remitidos, el coronel Luis Fernando Duque y el capitán Pedro Antonio Fernández, habían sido destituidos por la Procuraduría General de la Nación. Además, sus investigaciones habían sido cerradas en la Justicia Penal Militar.
Los detalles de los crímenes
La investigación de la JEP permitió reconstruir lo que ocurrió con los tres líderes espirituales, quienes se dirigían a Bogotá para participar en los procesos de la Asamblea Nacional Constituyente y defender los derechos de los pueblos étnicos, su autonomía, el respeto por la naturaleza y sus territorios.
Sin embargo, fueron secuestrados, torturados y asesinados. La investigación estableció que antes de su muerte habrían permanecido retenidos en dos lugares del departamento del Cesar, una vivienda ubicada en la Plaza Alfonso López de Valledupar, propiedad de la familia de José y Carlos Mattos, y la hacienda ganadera Bethania, en el municipio de El Copey, propiedad de Luis Alberto Restrepo.
En esta última propiedad, según la JEP, permanecían acantonados integrantes del Ejército y grupos paramilitares.
La investigación también estableció que los asesinatos se habrían cometido en una carretera por hombres armados bajo la coordinación de Wilson Ramírez, jefe de seguridad del empresario Alfonso Macías, y en presencia del entonces coronel Luis Fernando Urrego.
De acuerdo con la declaración de este último, habría recibido instrucciones del fallecido general Hugo Tovar Sánchez, comandante de la Brigada Móvil, para permanecer en esa zona, instalarse en las haciendas de Macías y Restrepo y colaborar con los grupos armados establecidos por ellos.
Estigmatización y participación de civiles
Otro de los hallazgos centrales tiene que ver con la estigmatización de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Según la investigación, el territorio ancestral había sido utilizado por las extintas Farc para esconder armas y secuestrados, entre ellos José Eduardo Mattos, por cuya liberación la guerrilla exigía una millonaria suma de dinero.
Esa situación habría servido para señalar y estigmatizar a las comunidades indígenas. La búsqueda de recompensas y de resultados operacionales por parte del Ejército terminó en la comisión de graves crímenes contra integrantes de este pueblo.
La JEP también identificó la presunta participación de hacendados y empresarios del Cesar, por lo que ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigue la posible responsabilidad de terceros civiles y la conformación de estructuras paramilitares.
Hallazgo de restos humanos y otras decisiones
Y hay otro elemento que puede ser determinante para esclarecer lo ocurrido. En una investigación conjunta entre la JEP, su Unidad de Investigación y Acusación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, fueron encontrados restos óseos humanos en la hacienda Bethania.
Por las alteraciones registradas en la zona y las dificultades iniciales para adelantar las labores de exhumación, también se compulsaron copias a la Fiscalía para que investigue estos hechos y posibles responsabilidades adicionales.
En la misma decisión, la JEP expulsó de la Jurisdicción al compareciente Daniel Rivera Rincón, por investigaciones penales relacionadas con delitos que habría cometido después de la firma del Acuerdo de Paz.
La decisión se produce luego de audiencias en las que participaron autoridades ancestrales de los pueblos de la Sierra Nevada, quienes cuestionaron la suficiencia y veracidad de las explicaciones entregadas por algunos comparecientes.
Así, la JEP busca avanzar en el esclarecimiento de crímenes que afectaron no solamente al pueblo Arhuaco, sino también a las comunidades Wiwa, Kankuama y Kogui, y que fueron incluidos en el Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Después de 36 años, la justicia transicional avanza en la determinación de responsabilidades por el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de tres autoridades espirituales, en un caso que también pone bajo la lupa la relación entre integrantes de la fuerza pública, grupos paramilitares y sectores empresariales en el departamento del Cesar.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué la JEP remitió a siete antiguos integrantes del Ejército a la Unidad de Investigación y Acusación?
Porque no reconocieron su responsabilidad y sus aportes a la verdad fueron considerados insuficientes frente al secuestro, la tortura, el homicidio y la desaparición de tres Mamos Arhuacos.
¿Quién reconoció responsabilidad y qué reparación deberá proponer?
El mayor retirado Hernán Carrera Sanabria, imputado por el crimen de guerra de tortura contra Amado y Vicente Villafañe Chaparro. Deberá presentar una propuesta para recuperar el Cerro Inarwa, sitio sagrado del pueblo Arhuaco.
¿Dónde habrían permanecido secuestrados los tres Mamos antes de ser asesinados?
En una vivienda ubicada en la Plaza Alfonso López de Valledupar y en la hacienda ganadera Bethania, en El Copey, Cesar.
¿Qué nuevos elementos podrían ayudar a esclarecer estos crímenes?
El hallazgo de restos óseos humanos en la hacienda Bethania y las investigaciones sobre la posible participación de hacendados, empresarios y estructuras paramilitares.