Dos integrantes de la Policía Nacional fueron judicializados en Cali, señalados de presuntamente exigir dinero a un ciudadano a cambio de entregarle información reservada sobre una investigación penal por narcotráfico y un procedimiento de captura con fines de extradición que, al parecer, se adelantarían en su contra.
Se trata del subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas, a quienes la Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de concusión. De acuerdo con el ente acusador, los uniformados habrían aprovechado su condición de servidores públicos para solicitar una utilidad económica indebida.
¿Cómo habrían ocurrido los hechos?
Según la información entregada por la Fiscalía, los hechos se habrían presentado entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026, en Cali, Valle del Cauca.
La investigación señala que los policías habrían ingresado inicialmente a un conjunto residencial del sur de la ciudad con el argumento de verificar un caso de presunto maltrato infantil. Durante esa visita, al parecer, identificaron al ciudadano que posteriormente habrían abordado para exigirle dinero.
Nueve días después, los uniformados presuntamente regresaron al lugar y le ofrecieron suministrarle detalles sobre una investigación por narcotráfico y un posible procedimiento de captura con fines de extradición que se adelantaría en su contra, a cambio de una suma de dinero.
La Fiscalía indicó que, tras realizar varias labores investigativas para establecer lo ocurrido, los dos uniformados fueron capturados en la estación de Policía de El Caney, en Cali.
Fiscalía pidió una medida de aseguramiento
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso ante el juez de control de garantías los hechos que sustentan la imputación y argumentó que la pena prevista para el delito investigado permite cumplir el requisito objetivo para solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
En la diligencia, se indicó que la concusión contempla una pena de entre 96 y 180 meses de prisión, es decir, de ocho a 15 años.
La Fiscalía sostuvo que ese rango supera el mínimo establecido en la ley para la procedencia de dicha medida. Sin embargo, la imposición de una medida de aseguramiento debe diferenciarse de una condena: la responsabilidad penal de los procesados deberá establecerse dentro del proceso judicial.
Tres preguntas clave sobre el caso
¿Quiénes son los policías judicializados?
El subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas, señalados de presuntamente exigir dinero a un ciudadano.
¿Qué les atribuye la Fiscalía?
Presuntamente haber solicitado dinero a cambio de revelar información reservada sobre una investigación por narcotráfico y un posible procedimiento de captura con fines de extradición.
¿Qué delito les imputaron?
Concusión, conducta relacionada con el abuso de la condición de servidor público para exigir o inducir el pago de una utilidad indebida. La imputación no significa que los procesados hayan sido declarados culpables.