La Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá condenó al exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
El proceso contra el exmandatario se extendió por doce años, y el monto de la pena será anunciado posteriormente. El Distrito de Santa Marta, como víctima del caso, pidió capturar de inmediato al dirigente de izquierda, a lo que la defensa de Caicedo se opuso.
Carlos Caicedo fue alcalde entre 2012 y 2015. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo capturó en 2017, mientras su sucesor era Rafael Martínez, un aliado cercano que le heredó la Gobernación del Magdalena y la presidencia de Fuerza Ciudadana.
Martínez, de hecho, también resultó capturado. La Fiscalía, que desde 2014 analizaba las licitaciones para modernizar la red de atención en salud de Santa Marta, empezó a señalar que ambos contrataron multimillonarias obras que luego fracasaron.
Una crisis por falta de planeación y estudios previos
Todo se remonta a la designación de Gregorio Domínguez Fonseca, exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Próspero Reverend, como el encargado de la contratación para adecuar cinco centros de salud.
Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga debían tener nuevos puntos para atender a decenas de pacientes, pero al final solo fue construido el de Bastidas, en el nororiente de la ciudad. La inversión superó los doce mil millones de pesos.
“La falta de estudios previos y de planeación” para que Carlos Caicedo delegara a Gregorio Domínguez “derivó, finalmente, en retrasos, obras inconclusas, demoliciones de los centros de salud y prestación precaria del servicio”, reseñó la jueza.
Mientras Santa Marta conmemora 501 años de fundación, su figura política más visible se convirtió en condenado. Caicedo ungió a Domínguez en junio de 2014 y autorizó las obras, pese a que la junta directiva de la ESE llevaba dos años pidiendo un nuevo manual de contratación.
Dos contratos millonarios terminaron favoreciendo a las mismas constructoras
“No se trató de un error o desconocimiento, sino de una actuación consciente y deliberada que omitió requisitos esenciales de la contratación, afectó la legalidad” de la modernización “y contribuyó al detrimento patrimonial de la ESE”, añadió la juez.
En noviembre de 2014, Alejandro Próspero firmó con Mediredes SAS un contrato a término de diez meses para intervenir los cinco centros de salud. El convenio superó los 6,5 mil millones de pesos, pese a la falta de planeación y de un concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud.
Rafael Martínez participó en toda la etapa precontractual. En 2016 firmó otro contrato, para terminar los centros de salud de La Candelaria, La Paz y Taganga, superando los 5,86 mil millones de pesos. Ese sí tuvo un concepto de la agencia sanitaria nacional, pero fue otorgado cuando ya estaba en ejecución.
Mediredes, una sociedad dedicada a la construcción que tiene domicilio en Barranquilla, terminó beneficiada en ambas licitaciones. Tiempo después del contrato con Alejandro Próspero —el que Caicedo avaló—, cambió su nombre a Gestión y Proyectos Construcciones y se quedó con el 30% de la participación en la Unión Temporal Construyendo Salud, la que suscribió el convenio con Martínez.
La Fiscalía rastreó bienes y calculó un millonario detrimento patrimonial
En junio de 2020, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre once bienes del entonces gobernador, Carlos Caicedo, y del ya exalcalde Rafael Martínez.
Los inmuebles, avaluados en más de 766 millones de pesos, habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades en los contratos de demolición, construcción y adecuación de los centros de salud.
De acuerdo con la Fiscalía, la falida modernización del sistema de salud samario dejó rentas ilícitas de más de 4,12 mil millones de pesos. Por una década, Caicedo cambió de defensores y retrasó varios trámites procesales.
Su último abogado titular fue Iván Cancino, quien dejó la representación cuando el presidente electo, Abelardo de la Espriella, lo nombró ministro de Justicia. Su nuevo defensor intentó aplazar la audiencia de este miércoles, pero no lo logró. La sentencia contra Carlos Eduardo Caicedo Omar tiene 112 páginas.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué fue condenado Carlos Caicedo por la justicia?
La Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá concluyó que, como alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo permitió una contratación sin la planeación ni los estudios previos exigidos por la ley para modernizar la red pública de salud. Por esos hechos lo condenó por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, con una pena superior a nueve años de prisión.
¿Qué ocurrió con el proyecto para modernizar los centros de salud de Santa Marta?
El plan contemplaba intervenir cinco centros de salud —Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga— con una inversión superior a los doce mil millones de pesos. Sin embargo, únicamente se construyó el de Bastidas. Según la sentencia, las demás obras terminaron con retrasos, demoliciones, proyectos inconclusos y una prestación deficiente del servicio de salud para la comunidad.
¿Qué papel tuvieron Gregorio Domínguez y Rafael Martínez en el caso?
La jueza determinó que Caicedo delegó la contratación en Gregorio Domínguez, entonces gerente de la ESE Alejandro Próspero Reverend, pese a las falencias del proceso. Rafael Martínez, quien después lo sucedió como alcalde, participó en la etapa precontractual del primer contrato y luego suscribió un segundo convenio para continuar las obras, que también terminó bajo la lupa de la Fiscalía.
¿Qué consecuencias adicionales deja este proceso judicial?
Además de la condena contra Carlos Caicedo, la Fiscalía rastreó bienes del exalcalde y de Rafael Martínez, al considerar que habrían sido adquiridos con recursos derivados de las irregularidades investigadas. El ente acusador calculó un presunto detrimento patrimonial superior a 4,12 mil millones de pesos, mientras el Distrito de Santa Marta solicitó que el exmandatario sea capturado para cumplir la sentencia.