El cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, tendrá que esperar. El juez segundo promiscuo de Puerto Asís determinó que el Gobierno Nacional deberá disponer de un plazo de seis meses para concretar el desmonte de este espacio, donde permanecen 99 exintegrantes de las disidencias de las Farc al mando de ‘Walter Mendoza’.
La decisión respondió a una acción de tutela presentada por 62 personas que advirtieron posibles vulneraciones de sus derechos fundamentales si la zona era cerrada sin garantías suficientes.
Se aplaza el cierre
De esta manera, el Gobierno Nacional había previsto terminar su funcionamiento el pasado 30 de septiembre, pero los accionantes sostuvieron que una salida apresurada podía poner en riesgo su seguridad, integridad y tránsito hacia la vida civil.
El despacho judicial consideró que el procedimiento no podía ejecutarse sin una coordinación efectiva entre las instituciones responsables de acompañar la reincorporación. Aunque la Presidencia presentó documentos relacionados con un plan para desarrollar el cierre, el juez encontró que todavía era necesario consolidar una ruta conjunta, con responsabilidades definidas y medidas ajustadas a las circunstancias particulares de quienes permanecen en la ZUT.
Entre las entidades que deberán intervenir están la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría, Migración Colombia, los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. Según lo expuesto en el fallo, "varias de estas instituciones manifestaron que no participaron en la elaboración del plan presentado para ejecutar la salida".
Las advertencias de las entidades
A las dificultades institucionales se sumaron las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señaló "riesgos tanto para los antiguos integrantes del grupo armado como para las comunidades cercanas. Entre las preocupaciones están la falta de atención médica oportuna, la ausencia de garantías para los traslados, posibles represalias de organizaciones enemigas y amenazas contra sus familiares", se lee en el fallo.
Por su parte, el organismo también llamó la atención sobre la necesidad de incorporar enfoques diferenciales para mujeres y personas indígenas y afrodescendientes, cuyas condiciones particulares deben ser consideradas durante el proceso de reincorporación.
El cierre de la zona había quedado suspendido provisionalmente por una medida cautelar anterior del mismo despacho judicial. Ahora, con la decisión de fondo, el Gobierno tendrá seis meses para organizar la salida y garantizar la continuidad de las rutas institucionales.
Durante ese periodo, la Presidencia deberá fortalecer y articular el plan de cierre, mientras la Fiscalía avanzará en la definición de la situación jurídica de los excombatientes. El propósito es que la terminación de la ZUT no interrumpa su tránsito a la legalidad ni los exponga a riesgos que puedan comprometer su vida y seguridad.
Claves del tema en cuatro preguntas:
¿Qué decidió el juez sobre el cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo?
El juez segundo promiscuo de Puerto Asís estableció un plazo de seis meses para concretar el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, al considerar que todavía faltan garantías y coordinación institucional para ejecutar la salida de sus ocupantes.
¿Cuántas personas permanecen en la zona y por qué acudieron a la justicia?
En la ZUT permanecen 99 exintegrantes de las disidencias de las Farc vinculadas a ‘Walter Mendoza’. La tutela fue presentada por 62 personas que advirtieron posibles vulneraciones de sus derechos a la vida, la seguridad, la integridad y la reincorporación a la sociedad civil.
¿Cuáles fueron las principales razones para aplazar el cierre definitivo?
El fallo señaló que el plan de salida necesita mayor articulación entre las entidades responsables. Además, la Fiscalía advirtió que faltaba documentación sobre las condiciones jurídicas, logísticas y de seguridad, mientras la Defensoría alertó sobre posibles amenazas, dificultades de acceso a servicios de salud y riesgos durante los traslados.
¿Qué deberán hacer el Gobierno Nacional y la Fiscalía durante los seis meses?
La Presidencia deberá consolidar un plan coordinado para cerrar la zona y garantizar la continuidad de las rutas de reincorporación. Por su parte, la Fiscalía tendrá que avanzar en la definición de la situación jurídica de los excombatientes y resolver los asuntos relacionados con sus órdenes de captura.