Una fiscal especializada acusó de manera formal ante un juez especializado de Bogotá al llamado zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, como presunto responsable de delitos como concierto para delinquir y cohecho para delinquir.
Ante el reclamó inicial de la defensa de Marín Buitrago, la fiscal delegada negó que la imputación de cargos haya sido genérica y agregó por el contrario, fue clara en torno a los hechos de tiempo, modo y lugar que se le atribuyen.
“Esta organización, que lideraba Diego Marín Buitrago, transaba a servidores públicos de la Dian, de la Policía Nacional, de la Policía Fiscalía y Aduanera (Polfa). El modus operandi de la organización tenía vocación de permanencia en el tiempo, pues cada vez que se suscitaban cambios en el personal de la Polfa, para coordinar actividades de control en los puertos, Diego Marín, de manera directa o por interpuesta persona, contactaba a los nuevos funcionarios, jefes de división, ofreciendo y dando fuertes sumas de dinero a otros beneficios”, indicó la fiscal delegada.
Así mismo, sostuvo que “la entrega de 'coimas' se presentó en repetidas ocasiones. También se hizo con el pago de arrendamientos, entrega de lujosos bienes muebles a servidores de la Policía Nacional como automotores y equipos celulares de alta gama para su comunicación clandestina”.
Las nóminas a funcionarios
De acuerdo con la Fiscalía, se tienen documentados el supuesto pago de 'coimas' y sobornos que ascendieron a los 1.019 millones de pesos que fueron entregados a uniformados, adscritos principalmente a la Policía Fiscal y Aduanera, que trabajaban en los puertos de Buenaventura y Cartagena con el fin de facilitar el accionar criminal y negocios ilícitos de la red del contrabando liderada por alias Papá Pitufo.
También se estableció por parte de los investigadores que Marín Buitrago tenía todo un listado de pago de nómina a aquellos funcionarios públicos que lograba cooptar para sacar adelante los fines criminales de su organización dedicada a actividades de contrabando.
“Diego Marín Buitrago, a través de la organización, tenía estipulado pago de nóminas mensuales irregulares para los servidores públicos cooptados, que oscilaban entre los 3.500.000 pesos para los patrulleros y 5 millones de pesos para los oficiales”, señaló la fiscal del caso.
“Además, tenían fijados como objetivos para ser cooptados dentro de su organización a quienes ocuparan cargos que fueran directivos, especialmente jefes de división de control operativo y también el director general de la POLFA, por las funciones y el amplio conocimiento que tenían de la operación aduanera respecto de los controles establecidos para las aprehensiones de las mercancías de los principales puertos del país, Cartagena y Buenaventura, en las vías de comunicación terrestre del territorio nacional”, enfatizó.