La Fiscalía Militar y Policial informó este lunes que abrió una indagación por la operación militar que la fuerza pública adelantó en la zona rural de Puerto Cubarro, del municipio de Calamar (Guaviare), en la que murieron veinte personas.
El instituto señaló que procederá "con la máxima rigurosidad jurídica y técnica" para "verificar de manera objetiva" si la fuerza pública actuó apegada "a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado".
La operación culminó con la "afectación" —como la describe el Ministerio de Defensa— de 26 integrantes de las disidencias de las Farc al mando de 'Iván Mordisco' que hacen presencia en la zona. Veinte de ellos murieron, y siete eran menores.
Tanto el sector defensa como el presidente Gustavo Petro han defendido la ofensiva alegando que unos 150 disidentes emboscarían a una veintena de militares. El propio mandatario autorizó un apoyo aéreo que incluyó un mortal bombardeo.
Petro señaló el fin de semana que las columnas de 'Mordisco' en el área "solo tenían combatientes", "no sabíamos de la presencia de menores", agregó, y horas después les pidió perdón a las madres de los fallecidos, víctimas de reclutamiento forzado.
La operación, adelantada en el resguardo Itilla, buscaba impactar a alias 'Pescado' y a 'Jimmy Martínez', mandos de las disidencias señalados por su cercanía a Néstor Gregorio Vera. El presidente seguirá autorizando bombardeos contra las disidencias.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó el 15 de noviembre, al término del Encuentro de Seguridad de Ciudades Capitales, que en el lugar "solamente había combatientes ilegales en armas de diferentes edades".
La Justicia Penal Militar se suma a la Procuraduría General de la Nación, que anunció el fin de semana que "cumplirá con su deber de investigar con serenidad, imparcialidad y rigor" para "imponer, si fuere del caso, las sanciones" correspondientes.
Cuatro de las menores eran de género femenino y tres, masculino. Sus edades iban de los trece a los diecisiete años. El ministro Sánchez los llama "adolescentes", mientras que la ONU Derechos Humanos lo describe como "niños".
Las tropas lanzaron la operación el 10 de noviembre. Tres días después, el jefe de Estado anunció que autorizó un bombardeo similar en Arauca, un fortín del ELN. La fuerza pública aún no oficializa los resultados de la acometida.
En Guaviare las Fuerzas Militares incautaron seis ametralladoras, 24 fusiles, tres morteros, unas 30.000 municiones, 51 minas antipersonal y "abundante material de guerra", de acuerdo con la cartera de seguridad.
"De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero y las familias de estos valientes militares estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que día y noche trabajan por la seguridad", insistió.
Las representantes a la Cámara Katherine Miranda y Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, radicarán en el Congreso una moción de censura en contra del ministro Sánchez, quien, como Petro, asevera que la ofensiva respetó el DIH.