El proyecto de ley conocido como ley anticapuchos, que busca modificar el Código Penal para establecer sanciones por actos vandálicos cometidos durante manifestaciones cuando los responsables ocultan su identidad, abrió un nuevo enfrentamiento político y jurídico en el Congreso de la República.
La iniciativa, impulsada por los representantes Jaime Arizabaleta y Julio César Triana, plantea endurecer las medidas contra quienes utilizan prendas o máscaras para cubrirse el rostro mientras participan en hechos violentos.
La propuesta ha generado posiciones contrarias entre quienes consideran que es una herramienta para proteger los bienes públicos, privados y a la fuerza pública, y quienes advierten que podría convertirse en un mecanismo para restringir el derecho a la protesta social.
En entrevista con La FM, los representantes Daniel Monroy, del Pacto Histórico, y Miguel Ángel Pinto, del Centro Democrático, expusieron sus argumentos sobre el alcance de esta iniciativa y sus posibles consecuencias jurídicas.
Ley anticapuchos: Pacto Histórico advierte que podría criminalizar la protesta
El representante Daniel Monroy cuestionó el proyecto y sostuvo que varias de las conductas que pretende sancionar ya están contempladas en la legislación colombiana. Para el congresista, la iniciativa responde a una estrategia de populismo punitivo que utiliza los hechos de violencia registrados durante algunas manifestaciones para justificar nuevas restricciones.
“Es un populismo punitivo donde de una u otra forma está abordando temas que ya se encuentran dentro del Código Penal”, afirmó.
Monroy explicó que el artículo 58 contempla circunstancias de mayor punibilidad relacionadas con el ocultamiento de la identidad, mientras que los delitos de daño en bien ajeno y daño en bienes públicos también están tipificados.
Por eso, considera que no es necesario crear nuevas disposiciones y que el verdadero riesgo está en las consecuencias que podría tener la iniciativa sobre quienes participan pacíficamente en movilizaciones.
“Lo que se está haciendo por parte de Jaime Arizabaleta y el representante Triana es utilizar la protesta social como una justificación para que, de una u otra forma, sea perseguida las manifestaciones que se realicen de aquí en adelante”, señaló.
El congresista también sostuvo que cubrirse el rostro puede responder a motivos legítimos, como evitar situaciones de perfilamiento o persecución, y recordó los pronunciamientos de organismos internacionales sobre la protección de este derecho.
Sanciones contra quienes usan capuchas para cometer vandalismo
Por su parte, Miguel Ángel Pinto defendió la iniciativa y aseguró que su propósito no es prohibir las manifestaciones ni perseguir a quienes deciden cubrirse el rostro durante una protesta pacífica.
El representante explicó que la propuesta busca establecer una respuesta penal específica cuando el ocultamiento de la identidad se utiliza para facilitar actos vandálicos.
“Lo que sí queremos es que convertir una capucha en un elemento de instrumentalización para la violencia se prohíba en Colombia”, manifestó.
Pinto insistió en que quienes marchan pacíficamente no tienen motivos para preocuparse por el proyecto, pues, según su interpretación, las sanciones estarían dirigidas a quienes agreden a otras personas, destruyen bienes o ponen en riesgo a la ciudadanía.
“Si usted marcha pacíficamente, está protegido constitucionalmente, pero quien agrede, destruye bienes o pone en riesgo a otros, por supuesto que debe responder por lo que está haciendo”, sostuvo.
Además, explicó que la iniciativa contempla tres elementos para configurar la conducta: el ocultamiento de la identidad mediante una capucha, el contexto de una manifestación y la comisión de un acto vandálico.
El debate jurídico
Uno de los principales puntos de confrontación entre los congresistas fue la interpretación de la jurisprudencia constitucional sobre el uso de elementos para cubrir el rostro.
Monroy advirtió que la Corte Constitucional podría tumbar el proyecto si llega a convertirse en ley, debido a las garantías relacionadas con la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Pinto respondió que la protección constitucional del rostro cubierto no significa que pueda utilizarse una capucha para evadir la justicia cuando se cometen delitos.
“La sentencia C014 no dice que la gente pueda utilizar una capucha para dañar los bienes públicos”, argumentó.
El representante del Centro Democrático concluyó que Colombia necesita garantizar el derecho a manifestarse, pero también proteger a los comerciantes, la fuerza pública y la propiedad privada.
Así, la discusión sobre la ley anticapuchos continúa dividida entre dos posiciones: la necesidad de fortalecer las herramientas contra el vandalismo y las advertencias sobre una posible afectación de las libertades.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué es la ley anticapuchos y qué busca cambiar en Colombia?
La ley anticapuchos es un proyecto que busca modificar el Código Penal para establecer sanciones contra quienes oculten su identidad durante manifestaciones y cometan actos vandálicos. La iniciativa fue impulsada por los representantes Jaime Arizabaleta y Julio César Triana.
¿Quiénes impulsan el proyecto de ley anticapuchos?
La propuesta es promovida por los representantes Jaime Arizabaleta y Julio César Triana. Sus defensores sostienen que busca proteger los bienes públicos y privados, a la fuerza pública y a la ciudadanía frente a hechos violentos durante las protestas.
¿Por qué Daniel Monroy cuestiona la ley anticapuchos?
El representante del Pacto Histórico considera que varias de las conductas que pretende sancionar ya están contempladas en el Código Penal. También advierte que el proyecto podría utilizarse para restringir la protesta social y afectar a quienes participan pacíficamente en las manifestaciones.
¿Qué argumentos presentó Miguel Ángel Pinto para defender la ley anticapuchos?
El representante del Centro Democrático aseguró que la iniciativa no busca prohibir las protestas ni sancionar a quienes se cubren el rostro durante movilizaciones pacíficas. Según explicó, las medidas estarían dirigidas a quienes utilizan capuchas para facilitar actos vandálicos, agredir personas o destruir bienes.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM