En una sorpresiva decisión la Fiscalía retiró la solicitud de imputación de cargos contra del exdirector de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez Ballesteros dentro de la investigación que se sigue por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá era quien había radicado la solicitud de audiencia de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión.
Sin embargo, La Fiscalía indicó que el competente pra tomar una decisión de este tipo es un delegado de Tareas Especiales de la Unidad de Vida y no de Administración Pública.
"Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores", indicó la Fiscalía a través de un comunicado.
La Fiscalía dejó constancia de que el caso debe ser asumido por los despachos señalados en la resolución para evitar nulidades y concentrar las diligencias por la relevancia de los hechos. Con esto, se retira la audiencia de imputación del Centro de Servicios Judiciales.
"La fiscal 295 adoptó la determinación para evitar futuras nulidades procesales y permitir laconcentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado, al conocer losalcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual el director dela Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía, conformó el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay”, aclaró el ente acusador
Previamente, la audiencia de imputación había sido programada para el próximo 11 de febrero.
El origen de este proceso
Este proceso se originó de una denuncia penal que instauró la familia del precandidato presidencial Uribe Turbay, ante la Fiscalía pocos días después de ocurrido su magnicidio.
Víctor Mosquera, representante civil de la familia de Miguel Uribe Turbay, indicó que el senador formuló 23 solicitudes a la Unidad Nacional de Protección para reforzar el esquema de seguridad, pero no obtuvo respuesta por parte de esa entidad.
Agregó que aunque en el año 2023 la UNP catalogó a Miguel Uribe como víctima con un riesgo extraordinario, desconoció que para ese momento ya era precandidato presidencial del Centro Democrático y por ende, se le tenían que mejorar sus condiciones de seguridad.
En su momento, fue la propia fiscal general Luz Adriana Camargo, quien confirmó el inicio de la respectiva indagación y labores de policía judicial para determinar si hubo deficiencias en el esquema de protección del senador Miguel Uribe.
¿Qué pasa con los cargos?
Tras reversar esta decisión, ahora queda en manos del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía que lidera el proceso, definir si acude nuevamente ante los jueces para solicitar audiencia de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, o si por el contrario, considera que es necesario avanzar en la práctica de nuevas pruebas para resolver su situación judicial.
"En los próximos días se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y lafiscal 295 de Administración Pública para fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral", añadió la Fiscalía.
De acuerdo con el Código Penal Colombiano el delito de prevaricato por omisión contempla una pena de hasta siete años y medio de prisión.
Este delito también contempla una sanción para ejercer caros públicos por un periodo que asciende a los seis años y ocho meses.
Y conlleva una multa económica de hasta 75 salarios mínimos mensuales legales vigentes para quien es hallado responsable.