En un nuevo avance en la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación confirmó la condena de uno de los actores clave en la planeación del crimen.
Se trata de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, quien aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo judicial como intermediario entre los autores intelectuales y el grupo delincuencial que ejecutó el magnicidio, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.
“El Viejo”, una pieza fundamental en la estructura criminal
Según informó la Fiscalía General de la Nación, una juez penal avaló este acuerdo y lo condenó a 22 años y 4 meses de prisión por varios delitos, entre ellos homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos, así como porte y tráfico ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con las investigaciones realizada por las autoridades, alias “El Viejo” fue una pieza fundamental en la estructura criminal. Fue contactado específicamente para coordinar y organizar todo lo relacionado con el atentado.
En ese mismo sentido, la Fiscalía explicó que en desarrollo de ese rol, delegó la articulación del plan a Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias “Chipi”, quien habría sido el encargado de estructurar la logística del crimen y asignar funciones a los demás implicados.
Pero su participación no se limitó a la coordinación. La Fiscalía estableció que Pérez Marroquín también realizó labores de seguimiento directo a la víctima meses antes del asesinato. En marzo de 2025, habría vigilado y fotografiado a Miguel Uribe Turbay durante una reunión política en el suroccidente de la capital del país.
Además, fue quien entregó el arma de fuego utilizada en el atentado a Katherine Andrea Martínez Martínez. Según las autoridades, esta arma fue modificada previamente para aumentar su capacidad letal, lo que evidencia un alto nivel de planificación en la ejecución del crimen.
Las acciones de alias “El Viejo” continuaron incluso después del homicidio. Una semana más tarde, proporcionó dinero y un teléfono celular a Martínez Martínez, facilitando su fuga hacia el departamento del Caquetá.
Allí, de acuerdo con la Fiscalía, la mujer iba a recibir entrenamiento en tácticas de francotirador y manejo de drones por parte de la estructura conocida como Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las antiguas Farc.
Este nuevo resultado judicial permite a las autoridades avanzar en el esclarecimiento de uno de los crímenes más impactantes del país en los últimos años, mientras continúan las investigaciones para identificar y judicializar a todos los responsables, especialmente a los determinadores del magnicidio.