La Operación Orión, las desapariciones forzadas en la Comuna 13 de Medellín y los cuerpos que durante años han sido buscados en La Escombrera vuelven al centro de la justicia transicional, ahora que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó al general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército y quien también estuvo al frente de la Cuarta Brigada, por su presunta responsabilidad de mando y omisión frente a graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2001 y 2004.
Una decisión que representa un nuevo capítulo en el esclarecimiento de los hechos de violencia que marcaron a la Comuna 13 y que dejaron víctimas de homicidios, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos.
La responsabilidad de mando de Mario Montoya
La imputación de la JEP está relacionada con la responsabilidad que habría tenido Montoya frente a los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública bajo su mando.
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, se señalan posibles omisiones frente a conductas como desapariciones forzadas y homicidios de personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
El punto central es establecer qué sabía el entonces comandante, qué acciones tomó o dejó de tomar frente a estos hechos y cuál fue su responsabilidad en las graves violaciones que se investigan.
Esta decisión también involucra a otros antiguos integrantes de la fuerza pública, entre ellos el general retirado José Leonardo Gallego.
La JEP pide investigar al exalcalde Luis Pérez
Pero la decisión no se queda únicamente en los antiguos mandos militares. La Jurisdicción también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a otros actores y funcionarios de la época, entre ellos el exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez.
La solicitud busca establecer si pudo existir algún tipo de responsabilidad por presuntas omisiones frente a los hechos de violencia y por el manejo irregular de cuerpos en el Cementerio Universal y en La Escombrera.
Aquí hay una diferencia importante: Luis Pérez no está siendo imputado por esta decisión de la JEP. Lo que hizo la jurisdicción fue trasladar la información a la Fiscalía para que determine si hay méritos para abrir o avanzar en investigaciones sobre su posible responsabilidad.
Este punto vuelve a poner sobre la mesa las preguntas sobre el destino de las personas desaparecidas en la Comuna 13 y las actuaciones institucionales que rodearon estos hechos.
La dimensión de los crímenes en la Comuna 13
Para entender la dimensión de esta decisión hay que regresar a lo ocurrido entre 2001 y 2004. La JEP reconstruyó 41 operaciones militares y policiales en la Comuna 13 y sus alrededores. Entre ellas están Mariscal, Orión, Otoño, Contrafuego y Metro.
La Operación Orión se desarrolló entre el 16 y el 23 de octubre de 2002 y se convirtió en una de las mayores intervenciones militares y policiales realizadas en un entorno urbano en Colombia.
Según la reconstrucción de la JEP, durante estas operaciones hubo actuaciones conjuntas entre integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares, particularmente del Bloque Cacique Nutibara, comandado por alias Don Berna.
En ese sentido, la Sala identificó distintas modalidades de violencia: homicidios cometidos directamente por miembros de la fuerza pública, asesinatos ejecutados conjuntamente con paramilitares y crímenes perpetrados por estos últimos con acuerdos previos para que agentes estatales no los persiguieran.
Las cifras permiten dimensionar lo ocurrido: la JEP documentó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas. Dentro de ese universo provisional aparecen 87 víctimas de desaparición forzada, 80 de homicidio, 289 de desplazamiento forzado, 34 hechos de tortura y siete de violencia sexual, entre otras graves violaciones.
La Escombrera y la búsqueda de los desaparecidos
Para la JEP, uno de los puntos más sensibles de esta investigación tiene que ver con La Escombrera, donde durante años las madres de la Comuna 13 denunciaron que podían estar enterrados los cuerpos de sus familiares desaparecidos.
Hay que recordar que esa búsqueda permitió confirmar en diciembre de 2024 el hallazgo de restos humanos en el lugar, una evidencia que respaldó las denuncias que las familias habían sostenido durante décadas. Pero la investigación también puso bajo la lupa otros lugares y procedimientos relacionados con el destino de los cuerpos.
En particular, la JEP cuestionó el manejo de restos humanos encontrados en fosas comunes en el corregimiento de San Cristóbal y su posterior traslado al Cementerio Universal de Medellín. Según la información conocida sobre la decisión, cuatro cuerpos que habían sido inhumados allí no aparecen actualmente y su desaparición sigue sin esclarecerse.
Este es uno de los elementos que explica por qué la jurisdicción pidió investigar al exalcalde Luis Pérez, además de las actuaciones y pronunciamientos de su administración frente a las denuncias de violencia en la Comuna 13.
Sumado a eso, la JEP también llamó la atención sobre el manejo de recursos destinados a recompensas para informantes durante las operaciones de seguridad de esa época. Entre los registros examinados aparece un pago de tres millones de pesos a un hombre identificado como integrante activo del Bloque Cacique Nutibara. Elementos que deberán ser examinados por las autoridades competentes dentro de las investigaciones correspondientes.
¿Qué viene ahora para los implicados?
Con esta decisión, la JEP llama a los 12 antiguos integrantes de la fuerza pública señalados en el caso a reconocer su responsabilidad por los crímenes atribuidos.
El proceso busca establecer la verdad sobre las operaciones militares, las alianzas con estructuras paramilitares y las responsabilidades individuales dentro de la cadena de mando.
En el caso de Mario Montoya, esta imputación se suma a otro expediente que enfrenta ante la JEP por los llamados falsos positivos en el oriente antioqueño, correspondiente al Caso 03. Ese proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la jurisdicción para que avance por la vía de un juicio adversarial, ante la falta de reconocimiento de responsabilidad del general retirado.
Así, más de dos décadas después de los hechos, la justicia transicional vuelve a poner bajo examen a los altos mandos militares, pero también pide que se investigue el papel de otros funcionarios y las posibles responsabilidades institucionales en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Medellín.
La pregunta de fondo sigue siendo quiénes ordenaron, permitieron o dejaron de impedir los crímenes, qué pasó con las personas desaparecidas y dónde están los cuerpos que todavía no han podido ser recuperados.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué la JEP imputó al general retirado Mario Montoya?
Por su presunta responsabilidad de mando y omisión frente a graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2001 y 2004 en la Comuna 13 de Medellín. La investigación busca establecer qué sabía, qué debía hacer como comandante y qué dejó de hacer para impedir o detener esos crímenes.
¿Qué encontró la JEP sobre las operaciones militares en la Comuna 13?
Documentó 951 hechos victimizantes contra 891 personas, entre ellos 87 desapariciones forzadas y 80 homicidios. También encontró actuaciones de integrantes de la fuerza pública en coordinación con estructuras paramilitares, particularmente el Bloque Cacique Nutibara, durante operaciones como Mariscal y Orión.
¿Por qué se pidió investigar al exalcalde Luis Pérez Gutiérrez?
Porque la JEP encontró elementos que ameritan investigar sus actuaciones y posibles omisiones frente a los crímenes denunciados en la Comuna 13, sus pronunciamientos sobre las víctimas encontradas en fosas comunes y el manejo de recursos destinados a recompensas. La jurisdicción compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría. Esto no significa que haya sido imputado por estos hechos.
¿Qué relación tiene esta decisión con La Escombrera y qué viene ahora?
La investigación busca esclarecer las desapariciones y el destino de los cuerpos de las víctimas. En diciembre de 2024 se confirmó el hallazgo de restos humanos en La Escombrera. Ahora, la JEP busca que los 12 antiguos integrantes de la fuerza pública imputados reconozcan su responsabilidad y respondan por los crímenes atribuidos. En el caso de Montoya, también continúa el proceso por falsos positivos en el oriente antioqueño, que fue remitido a juicio adversarial.