La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, recobró este lunes su libertad. La Corte Suprema de Justicia, que sigue procesándola por el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), levantó la detención que impuso en su contra tras la conclusión de la indagatoria que lideró la magistrada Cristina Lombana.
Para la defensa de la congresista, el trato de la togada fue desproporcionado. El 18 de junio, Lombana ordenó detener a la senadora del Pacto Histórico, quien pasó esa noche en su casa, vigilada por la Policía. Doce horas después regresó al despacho de la magistrada, en la sede de la Sala Especial. Una decena de uniformados la llevó.
Un vehículo se movilizó al frente de la camioneta de la senadora y otro viajó detrás. Pasadas las ocho de la mañana de ese viernes, 19 de junio, los escoltas y los policías abrieron la puerta por la que Peralta, abordada por la prensa, bajó, con vestimenta típica indígena. Se resistió a dar declaraciones, contrario al día anterior.
“Demasiado excesivo”, refunfuñó la parlamentaria en un tono casi inaudible. La indagatoria empezó el 18 de junio, en medio de una trama que combinó una conducción de la Policía que Peralta evadió cuando los agentes la buscaban en su casa, cuatro horas de tensión y un supuesto riesgo de no comparecencia.
Henry Montes, el abogado defensor de Peralta, radicó un hábeas corpus, una medida constitucional que busca la liberación inmediata de una persona que haya sido detenida injustamente.
La Juez 21 de Familia de Bogotá, donde aterrizó el recurso, lo rechazó, tras la oposición tajante de la magistrada Lombana, quien alegó que existían argumentos suficientes para privar a Peralta de la libertad.
Montes es el artífice de las solicitudes de aplazamiento que Lombana interpretó como ganas de Peralta de no presentarse a la indagatoria. Según argumentó a la salida de la segunda parte de la diligencia, el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, testigos estrella, entregaron varias declaraciones.
Peralta y su defensa no conocen “el alcance” de los testimonios, afirmó Montes. “Para poder participar de una indagatoria, que es un medio de defensa, debe conocer la totalidad del material probatorio que reposa en el expediente”, sostuvo antes de acompañar a su clienta a la sede de la Dijín de la Policía, en el occidente de Bogotá.
Detención de Martha Peralta termina, pero no el proceso en su contra
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) mantuvo detenida a la senadora, que luego pasó tres tardes delante de Lombana, a quien busca recusar. La magistrada “asumió” que las intenciones de reprogramación para conocer los testimonios de Pinilla y Olmedo significaban que Peralta “no se iba a presentar”.
Tras finalizar la diligencia, la Sala de Instrucción debe definir la situación jurídica de Martha Peralta. Las opciones son una medida de aseguramiento y una acusación, una acusación —que implica un llamado a juicio— en libertad o un archivo del expediente, que es improbable.
En todo caso, el periodo de la exjueza militar en la Sala Especial terminará en octubre. Martha Peralta seguirá en el Congreso. En la víspera, la senadora tuvo que acudir al paraninfo tras un fallido aplazamiento. La corporación, que hace las veces de fiscalía para aforados, abrió una investigación formal contra la congresista indígena.
Todo comenzó con Olmedo López, a quien el Tribunal de Bogotá le tumbó un preacuerdo con la Fiscalía. Dice que Peralta le pidió torcer un contrato de 2,21 mil millones de pesos para Isaac Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi, representantes de IRL SAS, una empresa que buscaba quedarse con un proyecto de maquinaria amarilla.
La Fiscalía, en abril de 2025, compulsó copias para que la Corte investigara a Peralta. El ente acusador no podía proceder, por cuenta de su fuero de senadora.
Según López, a quien una juez le derrumbó incluso el allanamiento a cargos por el mismo entramado de corrupción, el contrato era para el mantenimiento de pozos en La Guajira.
Tras una sesión ordinaria el 14 de mayo, la Sala de Instrucción abrió una investigación formal señalando a Peralta como sospechosa de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Una vez concretados los trámites secretariales, la Corte fijó la fecha en la que la parlamentaria debía acudir a la indagatoria, 18 de junio.
Los testimonios de Olmedo López que la justicia investiga
Peralta y su defensa intentaron postergar la diligencia. La magistrada Lombana no accedió a la petición y, por el contrario, ordenó que la Policía condujera a la legisladora guajira reelecta. Cuando los uniformados la buscaban en su lujosa casa en la capital, la senadora decidió ir por sus propios medios hasta la Corte.
“Confíen en mí”, expresó Peralta al llegar a la calle 72 de Bogotá, la sede de la Sala de Instrucción y de la de Primera Instancia. “Mi actuar siempre ha sido transparente, honesto, y eso es lo que voy a demostrar”, añadió.
Acudió junto a su abogado. “Es que no es un juicio, es apenas la apertura de un proceso”, zanjó.
Olmedo López asegura que Peralta se reunió con él tres veces para pedirle contratos, con el argumento de que “eso la iba a ayudar mucho en su campaña en el territorio”.
En las elecciones de Congreso de 2026, la senadora obtuvo más de sesenta mil votos y su partido, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), 88.2 mil.
La planilla de ingresos a la Unidad de Gestión del Riesgo, que la Fiscalía le envió a la Corte Suprema, muestra que el 19 de septiembre de 2023 fue a la sede de la entidad con los Rizcala. Inversiones IRL, basada en Barranquilla y fundada en 2017, obtuvo un contrato para alquilar maquinaria de construcción un mes después del encuentro.
El convenio estaba destinado al mantenimiento de jagüeyes, pozos profundos de agua, un servicio esencial que presenta vastas falencias en La Guajira. La Corte citó al exministro del Interior Luis Fernando Velasco a declarar bajo juramento. Hoy el caucano está privado de la libertad, también por el escándalo de la UNGRD.
“Todo esto ha sido una persecución política”, pretextó Peralta el jueves, antes de arrostrar a la magistrada Lombana. “Aquí voy a estar siempre, dando la cara y con la frente en alto”, agregó.
Su versión es que lideró el trámite de varias reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, como la pensional, sin negociar con el Ejecutivo.
Martha Peralta ha insistido en que todo es una persecución
Hace seis meses, en la imputación a Velasco y su antiguo colega de Hacienda en la administración petrista, Ricardo Bonilla, la fiscal María Cristina Patiño mencionó a Peralta varias veces, argumentando que el excongresista liberal la contactó para impulsar iniciativas legislativas. Peralta cuestionó en su momento las afirmaciones.
“Faltando tres meses para las elecciones, ahora la Fiscalía me señala sin tener la competencia para investigarme, con afirmaciones falsas, actuando en contra de mi buen nombre y proceder político, que ha sido transparente y por el beneficio de los colombianos”, indicó en un video que difundió en sus redes sociales.
Aseguró que la justicia no le había dado la oportunidad de defenderse. En la indagatoria, contó con su defensa y con un representante del Ministerio Público. Peralta, abogada de profesión, obtuvo poco más de la mitad de sus respaldos electorales en La Guajira, con 33 mil de los 42 mil votos del Mais en el departamento.
Entre 2023 y 2024, Martha Peralta fue presidenta de la Comisión Séptima, que aprobó la reforma pensional del Gobierno Petro, que la Corte Constitucional mantiene en vilo por vicios de trámite.
El jefe de Estado aseguró que el entonces presidente del Senado, Iván Name —expulsado de la Alianza Verde— dilató el avance de la iniciativa.
Olmedo López estuvo en una sesión de la Séptima el 13 de junio de 2023. Se sentó entre las senadoras Martha Peralta y Berenice Bedoya. Iván Name está preso y en juicio.
En marzo, la Corte Suprema rechazó una nulidad que interpuso el expresidente de la Cámara Andrés Calle —del Partido Liberal, también detenido— y ratificó el juicio a la mesa directiva del Legislativo que habría recibido cuatro mil millones de pesos como soborno del Gobierno, según Sneyder Pinilla.
Una semana antes del anuncio de la investigación formal, Martha Peralta tuvo que acudir al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala de Instrucción, a rendir versión libre dentro de una de las líneas de investigación del complejo entramado: contratos que se habrían desviado del Instituto Nacional de Vías (Invías).
El mismo 6 de mayo, Rueda escuchó a la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI). Además de Olmedo López, las más de cincuenta horas de grabación que la justicia tiene de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Bonilla, son clave y han comprometido a dos veintenas de personas.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Corte Suprema dejó en libertad a la senadora Martha Peralta?
La Sala de Instrucción levantó la detención una vez concluyó la indagatoria liderada por la magistrada Cristina Lombana dentro del proceso por el escándalo de la UNGRD. La decisión no implica el cierre del caso, sino que la congresista podrá continuar el proceso en libertad mientras se define su situación jurídica.
¿Qué había motivado la detención de la senadora?
La magistrada Lombana ordenó su detención ante el supuesto riesgo de inasistencia a la diligencia, luego de solicitudes de aplazamiento por parte de su defensa. La medida generó controversia y fue criticada por el abogado de Peralta, quien presentó incluso un hábeas corpus, posteriormente negado.
¿Qué opciones tiene ahora la Sala de Instrucción sobre el caso?
El alto tribunal deberá decidir si dicta medida de aseguramiento, si la acusa y la llama a juicio en libertad, o si archiva el expediente, opción que se considera poco probable. La investigación se centra en su presunta participación en la adjudicación de contratos dentro del entramado de la UNGRD.
¿De qué se le acusa a Martha Peralta en el caso UNGRD?
Según los testimonios de Olmedo López, la senadora habría solicitado direccionar contratos por más de 2.000 millones de pesos en La Guajira a favor de una firma privada. La Fiscalía ya compulsó copias y la Corte abrió investigación por tráfico de influencias y cohecho impropio.