Las disidencias de las Farc habrían amenazado al Metro de Medellín y a la Alcaldía de Medellín en medio de las exigencias económicas que le hicieron a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por el proyecto Hidroituango. Así consta en una carta conocida por La FM que la empresa envió a la Cámara de Representantes, en respuesta a una invitación a un debate de control político sobre seguridad y orden público.
Exigencias económicas y amenazas contra Hidroituango
“Entre agosto de 2025 y comienzos de 2026, el Frente 36 comenzó a hacer exigencias monetarias a EPM y, para presionar, instaló dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango: un soldado resultó herido y un sargento murió, y el proyecto estuvo cerca de una semana sin recibir carga crítica. Las exigencias llegaron a $5.000 millones de entrada y $500 millones mensuales, con amenazas contra el proyecto, el Metro y la Alcaldía de Medellín”, se lee en la carta.
El documento está dirigido al primer vicepresidente de la Corporación, Simón Molina Gómez, y responde a la invitación a participar en el debate de control político sobre defensa nacional, fuerza pública, seguridad y orden público en Medellín, aprobado el 29 de septiembre en la Comisión Segunda y luego en la plenaria.
Según la carta, entre agosto de 2025 y comienzos de 2026 el Frente 36 de las disidencias comenzó a hacer exigencias monetarias a EPM. Esas exigencias llegaron a 5.000 millones de pesos de entrada y 500 millones mensuales, y estuvieron acompañadas, según la empresa, de amenazas contra el proyecto, el Metro y la Alcaldía de Medellín. EPM indica que la interlocución se manejó con el Gaula, la Fiscalía y el CTI.
Ataques y restricciones de seguridad en la zona
La empresa sostiene que, para presionar, el grupo instaló dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango. En ese hecho resultó herido un soldado y murió un sargento, y el proyecto estuvo cerca de una semana sin recibir carga crítica.
EPM agrega que, mientras tanto, el mismo grupo atentó contra tres torres de transmisión en Medellín y Bello, y que en marzo de 2026 hubo sobrevuelos de drones sobre la central. Como medida de seguridad, la empresa restringió de manera transitoria el acceso de su personal a zonas rurales de Briceño y al menos 17 veredas.
EPM también advierte sobre el Clan del Golfo
La carta no se limita a las disidencias. EPM recuerda que los acuerdos de Doha, firmados el 5 de diciembre de 2025 entre el Gobierno y el Clan del Golfo, preveían pilotos de confianza y zonas de ubicación temporal en 15 municipios, cuatro de ellos en Antioquia. Diez meses después, según el documento, el nuevo Gobierno los terminó y retomó la ofensiva.
Finalmente, la empresa afirmó que durante la mesa el Clan del Golfo consolidó su control social en el Bajo Cauca, con permisos escritos de ingreso, retenciones y expulsión de cuadrillas, y que su terminación ha traído paros armados y bloqueos que ponen en riesgo a las personas, la operación y las inversiones de EPM en los territorios donde tiene presencia.
Claves de la noticia:
¿Qué amenazas habría recibido EPM por el proyecto Hidroituango?
Según una carta enviada por EPM a la Cámara de Representantes, el Frente 36 de las disidencias de las Farc habría exigido pagos a la empresa entre agosto de 2025 y comienzos de 2026. Las exigencias habrían sido de 5.000 millones de pesos iniciales y 500 millones mensuales. La compañía asegura que las amenazas también estuvieron dirigidas contra el proyecto Hidroituango, el Metro de Medellín y la Alcaldía.
¿Qué acciones habría cometido el grupo armado para presionar a la empresa?
De acuerdo con el documento, el Frente 36 instaló dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango. En ese hecho, un soldado resultó herido y un sargento murió. La situación también habría afectado el ingreso de carga crítica al proyecto durante cerca de una semana.
¿Qué otras acciones de seguridad reportó EPM?
La empresa señaló que el mismo grupo atentó contra tres torres de transmisión ubicadas en Medellín y Bello y que, en marzo de 2026, se registraron sobrevuelos de drones sobre la central Hidroituango. También informó que restringió temporalmente el ingreso de personal a sectores rurales de Briceño y al menos 17 veredas, como medida preventiva.
¿Ante qué autoridades puso EPM las exigencias económicas?
Según la carta, la interlocución frente a las exigencias se manejó con el Gaula, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La empresa presentó estos hechos ante la Cámara de Representantes en el marco de la discusión sobre defensa nacional, fuerza pública, seguridad y orden público en Medellín.
¿Qué advertencias hizo EPM sobre el Clan del Golfo?
La compañía también se refirió a los acuerdos de Doha, firmados en diciembre de 2025 entre el Gobierno y el Clan del Golfo, que contemplaban pilotos de confianza y zonas de ubicación temporal en 15 municipios, cuatro de ellos en Antioquia. EPM afirmó que durante ese proceso el grupo consolidó su control social en el Bajo Cauca, mediante restricciones de ingreso, retenciones y expulsiones de cuadrillas. Según la empresa, la terminación de esos acuerdos ha estado acompañada de paros armados y bloqueos que afectan la seguridad de las personas y sus operaciones en los territorios.