Miguel Andrés Quintero Calle, investigado por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) determinara el establecimiento en el que deberá permanecer privado de la libertad.
La asignación del centro penitenciario se produce tras la decisión adoptada hoy viernes 30 de octubre por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín. En segunda instancia, el despacho revocó parcialmente la providencia que le había permitido cumplir la medida de aseguramiento en su residencia y ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.
De la detención domiciliaria a una cárcel de máxima seguridad
La decisión judicial modificó las condiciones de la medida impuesta el pasado 2 de octubre por el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías. Durante la apelación, la Fiscalía, los representantes de las víctimas y el Ministerio Público cuestionaron que Quintero permaneciera en su vivienda, al advertir posibles riesgos para el desarrollo de la investigación.
Entre los argumentos expuestos por el ente acusador estuvieron presuntas presiones e intentos de acercamiento a testigos, así como la posibilidad de que el investigado pudiera influir indirectamente en personas vinculadas al expediente.
El juez consideró que la detención domiciliaria no resultaba suficiente para neutralizar esos riesgos y que el establecimiento carcelario permitiría someter sus comunicaciones y visitas a mayores controles. Cabe recordar que el proceso está relacionado con seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana y Bomberos de Itagüí durante 2020 y 2021, cuyo valor conjunto se aproxima a los 18.656 millones de pesos.
Quintero fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El investigado no aceptó los cargos. La medida de aseguramiento es preventiva y no representa una condena ni significa que se haya establecido su responsabilidad penal.
El presidente De la Espriella destacó la decisión
Tras el traslado del hermano de Daniel Quintero a prisión tras revocársele el beneficio de prisión domiciliaria, el presidente Abelardo De la Espriella destacó la determinación y aseguró que en su Gobierno no hay privilegios carcelarios.
"¡En la Patria Milagro no hay espacio para la impunidad ni para los privilegios carcelarios! Este es Miguel Andrés Quintero Calle, acusado de corrupción. ¡Bienvenido a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!", escribió el jefe de Estado.
Algunos sectores políticos en Antioquia celebraron la decisión
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó al fallo y recordó que la administración distrital había apelado la decisión que permitió inicialmente la detención domiciliaria. En su pronunciamiento afirmó: “Se empieza a hacer justicia” y aseguró que espera que las investigaciones avancen hasta establecer las responsabilidades de quienes, según sus señalamientos, participaron en el presunto entramado de corrupción.
El mandatario también dirigió sus críticas al exalcalde Daniel Quintero, hermano del investigado. “Sigue el jefe de la banda”, expresó, al insistir en que todavía faltan personas por responder ante la justicia. Sus declaraciones hacen parte de los cuestionamientos que ha mantenido durante las últimas semanas frente a la medida domiciliaria y al desarrollo del expediente.
Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, calificó el cambio de medida como una victoria para la ciudad. “Esto es una victoria para nuestra ciudad. Hoy un juez nos da la razón y vamos a seguir en esta lucha, porque no vamos a permitir que se sigan robando a Medellín”, ratificó el corporado.
De Bedout ha mantenido un seguimiento público al caso desde que se conoció la detención domiciliaria, el 2 de octubre. En los días posteriores cuestionó que el investigado permaneciera en su residencia y respondió a los señalamientos de persecución política. Su postura, reiterada tras la decisión de hoy, es que el proceso debe avanzar y que las presuntas irregularidades deben esclarecerse.
La investigación continúa y no hay condena
El traslado a Cómbita representa un cambio en el lugar donde Miguel Quintero deberá cumplir la medida preventiva, pero no pone fin al proceso penal. La Fiscalía deberá continuar con la presentación de los elementos probatorios y la defensa tendrá la oportunidad de controvertirlos ante los jueces.
El caso mantiene la atención política en Medellín por las personas involucradas y por el volumen de recursos públicos que están bajo investigación. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, tanto las declaraciones de los funcionarios como las hipótesis de la Fiscalía deben entenderse dentro de la presunción de inocencia que cobija al investigado.
Claves de la noticia
¿En qué cárcel estará Miguel Quintero?
En el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, según la determinación del INPEC.
¿Por qué un juez ordenó que fuera enviado a prisión?
Porque consideró que la detención domiciliaria no era suficiente para controlar los riesgos de interferencia en la investigación señalados durante la apelación.
¿Miguel Quintero fue condenado por estos hechos?
No. Está imputado por dos presuntos delitos y tiene una medida de aseguramiento preventiva. La justicia todavía debe determinar si es responsable.