La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación pública durante los años 2020 y 2021.
La audiencia que avanzaba este jueves 10 de septiembre fue suspendida y quedó reprogramada para el lunes 14 de septiembre, a las 3:30 de la tarde.
Fiscalía señala a Quintero como supuesto líder del esquema
El Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín avanzó con la imputación planteada por la Fiscalía contra Miguel Quintero, quien es sindicado como una de las figuras centrales de un presunto entramado de corrupción que habría operado alrededor de la contratación pública en el Valle de Aburrá.
Según la Fiscalía, Quintero habría intervenido en procesos de contratación pese a no tener competencia legal dentro de las entidades investigadas y habría sido quien, presuntamente, planteó la estructura para favorecer a determinados contratistas y obtener beneficios económicos.
Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre 2020 y 2022, aunque los seis contratos que hacen parte de esta investigación fueron suscritos entre el 18 de agosto de 2020 y el 7 de noviembre de 2021.
De acuerdo con la Fiscalía, los contratos, relacionados con la entrega de kits de bioseguridad y servicios de apoyo a la gestión durante la pandemia, alcanzaron un valor de 17.656 millones de pesos.
Según los investigadores estos procesos presuntamente fueron direccionados para favorecer a determinados contratistas y se habría establecido una contraprestación económica ilícita equivalente al 15 % del valor de los contratos.
Otros funcionarios y contratistas también fueron imputados
La Fiscalía también imputó a Álvaro Alonso Villada, quien se desempeñaba como subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Según la investigación, Villada habría participado en el presunto esquema y habría asumido el cargo luego de una recomendación que, de acuerdo con la Fiscalía, habría realizado Miguel Quintero ante el entonces director del Área Metropolitana, Juan David Palacio, quien también fue imputado por estos hechos.
El ente investigador sostiene que Villada habría orientado decisiones relacionadas con la estructura administrativa de la entidad y la contratación de personal.
También fueron vinculados a la investigación Vanessa Álvarez Restrepo, contratista de la dependencia, y Sebastián Ortega, quienes, según la Fiscalía, habrían tenido participación en el supuesto direccionamiento de contratos.
Los chats de WhatsApp, una de las pruebas mencionadas
Entre los elementos que hacen parte de la investigación se encuentran conversaciones de WhatsApp reveladas a finales de 2025.
Según la Fiscalía, en un grupo en el que participaban Miguel Quintero, Álvaro Villada y Sebastián Ortega se habrían intercambiado mensajes relacionados con la contratación de personal en el Área Metropolitana.
La Fiscalía sostiene que Quintero habría enviado hojas de vida y habría intervenido en decisiones relacionadas con determinadas vinculaciones laborales. El ente investigador también señaló que Quintero habría ordenado la ubicación laboral de dos exsubsecretarias del área ambiental del Valle de Aburrá, Ana María Roldán y Diana María Montoya, movimientos que, según la investigación, contaron con el aval del entonces director de la entidad.
La Fiscalía considera que estos elementos hacen parte de la evidencia que permitiría establecer el supuesto papel de Quintero dentro de la estructura investigada.
Claves de la noticia en cuatro preguntas
¿Por qué delitos fue imputado Miguel Quintero?
La Fiscalía le imputó peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, delitos relacionados con presuntas irregularidades en procesos de contratación pública.
¿Qué pasó con la audiencia de este jueves?
Aunque la actuación judicial estaba prevista para avanzar este 10 de septiembre, el despacho determinó suspender la diligencia. Inicialmente se había contemplado que la audiencia pudiera continuar este viernes, pero finalmente se tomó la decisión de reprogramarla para el lunes 14 de septiembre a las 3:30 de la tarde.
El juez ordenó retirar a quienes seguían la audiencia virtual
Durante la diligencia de este jueves también se presentó una situación relacionada con la publicidad de la audiencia. Aunque la diligencia tenía seguimiento virtual, el juez 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín decidió retirar a las personas que se encontraban conectadas. Como consecuencia de esta decisión, los hechos jurídicamente relevantes expuestos por la Fiscalía en relación con el delito de peculado por apropiación permanecen, por ahora, bajo reserva.
¿A cuánto ascienden los contratos en la lupa de la Fiscalía?
Es importante precisar que la imputación de cargos no significa una condena. Se trata de la atribución formal de unos hechos y delitos por parte de la Fiscalía dentro de un proceso penal. La responsabilidad de los investigados deberá ser determinada por la justicia con base en las pruebas y mediante las etapas correspondientes. La investigación ha puesto bajo la lupa contratos por más de 17.600 millones de pesos celebrados durante la pandemia y el presunto direccionamiento de recursos públicos en el Valle de Aburrá.