El general Jaime Torres Ramírez, vocero principal de la junta directiva del Consejo de Generales de la Reserva, pidió reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al considerar que los militares y policías que comparecen ante ese tribunal no cuentan con las mismas garantías procesales que otros ciudadanos. En el Noticiero de La FM, el oficial retirado expuso siete preocupaciones relacionadas con el funcionamiento de esa jurisdicción y señaló que algunos integrantes de la Fuerza Pública se han visto presionados para aceptar responsabilidades por hechos que, según sus declaraciones, no cometieron.
Torres explicó que la postura del Consejo de Generales de la Reserva no busca privilegios ni beneficios particulares para los integrantes de la Fuerza Pública, sino que sus procesos se desarrollen bajo las mismas condiciones que se aplican a cualquier colombiano. Según indicó, las preocupaciones de la organización están relacionadas con la presunción de inocencia, la individualización de las responsabilidades, el acceso a las pruebas, el derecho a la defensa y la imparcialidad de quienes participan en los procesos judiciales.
"Nosotros aquí no estamos pidiendo ningún privilegio ni impunidad, lo que nosotros queremos es que los militares y policías que están ante la JEP se les juzgue con las mismas garantías que se le juzgaría a cualquier colombiano", manifestó el general durante la conversación.
¿Por qué el Consejo de Generales de la Reserva cuestiona las garantías de la JEP?
Uno de los principales cuestionamientos expuestos por Torres tiene que ver con la presunción de inocencia. El general sostuvo que, en los macrocasos de la JEP, se estaría partiendo de señalamientos generales para atribuir responsabilidades a los militares que comparecen ante esa jurisdicción.
De acuerdo con su explicación, la construcción de patrones de comportamiento dentro de los macrocasos puede terminar trasladando a los comparecientes la responsabilidad de demostrar que no participaron en los hechos investigados.
"Se invierte la carga de la prueba y ahora el que tiene que probar que no es culpable, que es inocente, es el militar", afirmó.
El oficial también cuestionó la manera en que se determinan las responsabilidades de los comandantes. Según señaló, el hecho de que una conducta haya ocurrido dentro de una unidad militar o en un área bajo determinado mando no debería ser suficiente para atribuir responsabilidad individual.
Para Torres, las investigaciones deben establecer si el comandante conocía los hechos, si impartió una orden relacionada con ellos o si tenía posibilidades de impedir su ocurrencia.
"Para el comandante tiene que comprobársele su responsabilidad individual, tiene que probar que sabía", explicó durante la entrevista.
Otro de los aspectos que mencionó fue el acceso a los expedientes y a los elementos probatorios. Según relató, algunos militares que han comparecido ante la JEP manifiestan que desconocen los hechos específicos por los cuales son investigados y que no han tenido acceso a las pruebas que existen en su contra.
El general señaló que esta situación limita las posibilidades de ejercer una defensa y controvertir los señalamientos durante las audiencias.
"Usted no sepa qué es, no le diga qué pruebas tiene y lo lleven a usted a comparecer ante una audiencia", expresó al describir las situaciones que, según dijo, han conocido de sus compañeros de armas.
Torres también manifestó preocupación por los cambios en los procedimientos de la JEP durante el desarrollo de las investigaciones. Explicó que, según su percepción, las modificaciones en las reglas procesales pueden afectar a quienes ya se encuentran compareciendo ante esa jurisdicción.
¿Militares han sido presionados para aceptar delitos ante la JEP?
Durante la entrevista, el general Jaime Torres se refirió a las condiciones relacionadas con el aporte a la verdad y las consecuencias que pueden enfrentar los comparecientes cuando no aceptan las responsabilidades que les atribuyen.
Según explicó, algunos integrantes de la Fuerza Pública consideran que deben reconocer hechos que no cometieron para evitar sanciones, perder beneficios o ser expulsados de la jurisdicción.
"El aporte a la verdad es declararme yo culpable", afirmó Torres al referirse a lo que, según su interpretación, estaría ocurriendo en algunos procesos.
Consultado sobre si estas situaciones se presentan de manera generalizada, el vocal principal del Consejo de Generales de la Reserva respondió afirmativamente. Aseguró que han escuchado testimonios de militares de diferentes niveles del mando y que la preocupación no se limita a la posibilidad de perder un tratamiento judicial favorable.
"Es un fenómeno generalizado, lo escuchamos nosotros en varias partes a todos los niveles del mando", sostuvo.
El general agregó que algunos comparecientes estarían enfrentando decisiones relacionadas con su libertad, tranquilidad y patrimonio, por lo que, según relató, han considerado aceptar responsabilidades para evitar las consecuencias de continuar sus procesos por otras vías.
También mencionó casos de generales que, de acuerdo con su relato, han decidido acudir a la etapa adversarial porque no están dispuestos a reconocer responsabilidades que consideran ajenas.
Torres señaló que quienes toman esa decisión deben contar con garantías procesales durante el juicio. En ese sentido, cuestionó que personas que participaron en la instrucción de los procesos puedan intervenir posteriormente en la etapa de juzgamiento.
Como ejemplo, mencionó la controversia por unas declaraciones de la magistrada Catalina Díaz sobre el Tribunal Superior Militar. El general manifestó que este tipo de pronunciamientos genera preocupaciones sobre la imparcialidad de quienes intervienen en los procesos.
"Las personas que le arman la investigación son las mismas personas que lo van a juzgar en la parte adversarial", señaló.
Añadió que, según la información que han conocido, alrededor de cinco magistrados que participaron en las salas de instrucción podrían intervenir en la etapa de juicio. Por esa razón, insistió en que los militares que no aceptan responsabilidad deben tener las mismas garantías que cualquier otro procesado.
¿Qué cambios pide el Consejo de Generales de la Reserva para la JEP?
Frente a las medidas que considera necesarias, Torres afirmó que la principal solicitud del Consejo de Generales de la Reserva es una reforma a la JEP que permita garantizar los derechos fundamentales de todos sus comparecientes.
El general indicó que la organización espera que las nuevas directivas de esa jurisdicción reciban las observaciones formuladas y revisen los procedimientos que, desde su perspectiva, están afectando a los integrantes de la Fuerza Pública.
En particular, se refirió a las declaraciones del nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, sobre la recepción de críticas y argumentos para evaluar el funcionamiento de la jurisdicción.
"Estamos expectantes de que eso que él dijo, pues realmente reciba todas estas críticas que nosotros estamos haciendo", manifestó.
Torres también planteó inquietudes sobre el reconocimiento de las víctimas dentro de la justicia transicional. En su intervención mencionó la diferencia entre los nueve millones de víctimas a los que hizo referencia durante la conversación y las 16.000 personas acreditadas como víctimas del Estado ante la JEP.
Para el general, este aspecto representa otro de los puntos en los que considera que existe un desequilibrio en el funcionamiento de la jurisdicción.
Al finalizar la entrevista en el Noticiero de La FM, Torres sostuvo que la justicia transicional debe contribuir a la reconciliación y respetar el debido proceso. También se refirió a la situación de los integrantes activos de la Fuerza Pública y a la necesidad de que tengan garantías si en el futuro deben comparecer ante un tribunal.
"Esta justicia debe llevar a la reconciliación y debe respetar el debido proceso", expresó.
Finalmente, envió un mensaje a oficiales, suboficiales y soldados que actualmente hacen parte de las filas militares. Aseguró que el Consejo de Generales de la Reserva continuará defendiendo que, si llegan a enfrentar investigaciones judiciales, tengan la posibilidad de ser juzgados con las garantías correspondientes.
"Vamos a seguir luchando para que ustedes, si llegan a enfrentar en un futuro un juicio por esto, sean juzgados con todas las garantías del caso", concluyó.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM