El Ministerio de Defensa Nacional entregó explicaciones sobre el estado del proyecto Escudo Nacional Antidrones, tras las declaraciones del exministro Pedro Sánchez Suárez en torno a la adquisición de capacidades para enfrentar las amenazas que representan los sistemas aéreos no tripulados.
La cartera sostuvo que la iniciativa cuya inversión total se calculó en $6,2 billones no alcanzó las condiciones técnicas, financieras ni presupuestales necesarias para iniciar su ejecución.
Según explicó el Ministerio, a través de una circular expedida el 31 de marzo de 2026 se centralizó la adquisición de sistemas antidrones (C-UAS) en la Secretaría General. Esta disposición provocó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional dependieran de un único proceso de compra y quedaran imposibilitadas para programar recursos propios destinados a fortalecer sus capacidades en esta materia. No obstante, dicho proceso centralizado tampoco obtuvo los fondos solicitados al Ministerio de Hacienda, lo que dejó a las instituciones sin una vía efectiva para adelantar nuevas contrataciones.
La cartera también aclaró que los avances registrados desde 2024 en la lucha contra los drones empleados por grupos armados ilegales respondieron principalmente a esfuerzos autónomos de las propias Fuerzas, las cuales adquirieron equipos, adaptaron tecnologías y desarrollaron procedimientos operacionales con cargo a sus presupuestos internos.
¿Por qué no se concretó la compra de los sistemas antidrones?
De acuerdo con el informe ministerial, un comité técnico integrado por delegados del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares evaluó diversas alternativas mediante visitas a fabricantes, demostraciones y pruebas realizadas tanto en Colombia como en el exterior.
La conclusión técnica determinó que ninguna de las soluciones examinadas garantizaba un sistema integral e interoperable ajustado a los requerimientos operacionales del país. Por este motivo, el comité recomendó abstenerse de adelantar la contratación, con el fin de evitar riesgos operacionales, patrimoniales y de dependencia tecnológica.
En el plano financiero, el documento precisa que, si bien se había identificado una necesidad de inversión cercana a los $6,2 billones, únicamente se había tramitado a finales de diciembre de 2025 la solicitud de al menos $800.000 millones para una primera fase, gestión que no constituía una asignación presupuestal efectiva. Adicionalmente, no estaban definidas las etapas posteriores ni sus respectivas fuentes de financiación, lo que impedía acreditar la viabilidad fiscal del proyecto.
El proyecto de ley sobre drones será revisado
Otro de los aspectos abordados por el Ministerio fue el estado del Proyecto de Ley 181 de 2026 Cámara, orientado a regular los sistemas de aeronaves no tripuladas y sus contramedidas. Aunque la iniciativa fue radicada el 5 de agosto de 2026 dos días antes del cambio de Gobierno, la actual administración decidió retirarla para revisar su articulado y adecuarlo a las necesidades vigentes de seguridad y defensa nacional.
La cartera enfatizó que el retiro no implica el abandono de la agenda regulatoria, pues actualmente se trabaja en una nueva versión normativa con los aportes del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, entre otras entidades.
Finalmente, el Ministerio de Defensa subrayó que el fortalecimiento de las capacidades antidrones debe articular la compra de equipos con el desarrollo tecnológico nacional, la innovación, la capacitación del talento humano y la actualización de los protocolos operacionales, buscando que las inversiones se traduzcan en herramientas efectivas y sostenibles para proteger a la Fuerza Pública, la infraestructura estratégica y la población civil.
Puntos clave sobre el informe de MinDefensa frente al Escudo Nacional Antidrones
- ¿Falta de respaldo financiero y bloqueo por centralización?
Aunque el proyecto se estimó en $6,2 billones, solo se habían solicitado $800.000 millones sin asignación efectiva; además, la circular del 31 de marzo de 2026 centralizó las compras y frenó las adquisiciones autónomas de las Fuerzas Militares y la Policía.
- ¿Inviabilidad técnica y riesgo de dependencia tecnológica?
Tras pruebas nacionales e internacionales, un comité técnico de la Fuerza Pública recomendó no contratar al concluir que ninguna de las ofertas evaluadas garantizaba un sistema integral e interoperable.
- ¿Nueva versión para el Proyecto de Ley 181 de 2026?
MinDefensa retiró la iniciativa radicada el 5 de agosto de 2026 para reformularla junto al Comando General y las fuerzas militares, con el propósito de consolidar una regulación ajustada a los desafíos actuales de seguridad nacional.