El Ministerio de Justicia le pidió formalmente a la Fiscalía General de la Nación investigar las denuncias sobre el denominado ‘pacto de Valledupar’, una serie de reuniones en las que, presuntamente, se habría intentado conseguir declaraciones de antiguos jefes paramilitares contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Según la información oficial, la solicitud fue enviada este 19 de octubre a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por el Ministerio de Justicia, que considera que los señalamientos conocidos públicamente son lo suficientemente graves como para establecer qué ocurrió y si alguien intentó utilizar la justicia para vincular falsamente a determinadas personas con delitos.
La cartera aclaró que no se trata de dar por ciertas las denuncias, sino de solicitar que sean verificadas mediante una investigación rigurosa.
Los señalamientos de Angie Rodríguez
Uno de los puntos de partida son las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAPRE.
Hay que recordar que Rodríguez aseguró que le encomendaron coordinar en Valledupar una reunión con antiguos jefes paramilitares y que el verdadero propósito habría sido obtener declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.
A estas afirmaciones se sumó una columna del periodista Melquisedec Torres, publicada en El Colombiano el 17 de octubre, en la que se describen presuntos encuentros realizados entre el 22 y el 24 de octubre de 2025.
Según esa versión, en las reuniones se habría identificado a tres posibles declarantes: Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, conocido como alias Martín Llanos.
Sumado a eso, el columnista también mencionó supuestos ofrecimientos de beneficios judiciales, entre ellos la posibilidad de ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, obtener una pronta libertad o conseguir mejores condiciones de reclusión para un familiar de uno de los exjefes paramilitares.
Sin embargo, según esa misma publicación, ninguno de ellos habría aceptado finalmente la entrevista prevista.
El testimonio de un presunto testigo presencial
A las denuncias se sumó el abogado Juan Carlos Villamizar, asesor de Salvatore Mancuso, quien aseguró en una entrevista con Caracol Radio, publicada este 19 de octubre, que estuvo presente en los encuentros.
De acuerdo con su relato, las reuniones se convocaron en Valledupar en octubre de 2025 para tratar la reapertura del proceso de Ralito. Sin embargo, sostiene que durante esos encuentros no se habló de ese asunto, sino que se habría exigido a los antiguos jefes paramilitares declarar en contra de Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras.
En ese mismo sentido, Villamizar señaló a Angie Rodríguez y a Víctor de Currea Lugo, entonces asesor presidencial, como las personas que habrían llevado esa solicitud. Según su versión, ellos manifestaron que las instrucciones provenían del entonces presidente de la República.
El abogado aseguró que los exjefes paramilitares se negaron a aceptar la propuesta y resumió lo ocurrido con una frase contundente: «Nunca hubo ningún pacto».
Es importante precisar que estas afirmaciones corresponden a las versiones divulgadas públicamente y que su veracidad deberá establecerse mediante las actuaciones correspondientes.
La Fiscalía deberá aclarar qué ocurrió
El Ministerio de Justicia le pidió a la Fiscalía establecer si las reuniones efectivamente se realizaron, quiénes participaron, quién las convocó, de dónde provenían las instrucciones y cuál era su verdadera finalidad.
Pero la solicitud va más allá, y es que también se pidió verificar si existieron presiones o promesas de beneficios judiciales, libertades, traslados o mejoras penitenciarias a cambio de declaraciones previamente acordadas o contrarias a la verdad.
Otro punto central es determinar si alguien promovió la presentación de denuncias, testimonios o pruebas falsas ante autoridades judiciales o administrativas.
Además, la entidad pidió establecer si se utilizaron recursos públicos, cargos oficiales o mecanismos de justicia transicional para fines distintos a los autorizados por la ley.
Una diferencia de fechas y por resolver
En la solicitud también se advierte una discrepancia que deberá ser aclarada. Mientras la información publicada por El Heraldo sobre las declaraciones de Angie Rodríguez menciona noviembre de 2025, las versiones de Melquisedec Torres y Juan Carlos Villamizar sitúan los encuentros en octubre de ese año.
Para el Ministerio, esta diferencia hace necesario revisar documentos, testimonios y demás elementos que permitan establecer con precisión cuándo ocurrieron los hechos.
Finalmente, la cartera le pidió a la Fiscalía determinar si estas denuncias ya están incluidas en una indagación que, según información publicada el 13 de octubre, adelantaría la Dirección Especializada contra la Corrupción, o si es necesario abrir una línea investigativa específica.
Por ahora, la solicitud del Ministerio de Justicia no constituye una conclusión sobre la existencia de un pacto ni sobre la responsabilidad de las personas mencionadas. Lo que busca es que la Fiscalía establezca si hubo presiones para obtener declaraciones falsas, ofrecimientos indebidos de beneficios o un eventual uso irregular de las instituciones y de la justicia transicional.