El Partido Conservador Colombiano denunció la desaparición de su candidato al Senado, Andrés Vásquez, luego de que se perdiera todo contacto con él mientras se movilizaba en el sur del departamento del Cesar.
Según la información entregada por la colectividad, el dirigente político se encontraba en el municipio de Pelaya y se dirigía hacia Aguachica para cumplir una reunión de campaña cuando desapareció. Horas después, su vehículo fue hallado abandonado junto con sus pertenencias personales, un hecho que elevó la preocupación entre sus seguidores y dirigentes políticos.
A través de un pronunciamiento público, el partido rechazó lo ocurrido y exigió una reacción inmediata de las autoridades. “Condenamos la desaparición de nuestro candidato y pedimos activar todos los protocolos para su ubicación”, señaló la colectividad, que además reclamó al Gobierno Nacional mayores garantías de seguridad para quienes participan en la actual contienda electoral.
Preocupación por la seguridad de los candidatos en estas elecciones
El caso ha generado inquietud en medio del ambiente político previo a las elecciones, especialmente por tratarse de un candidato en plena actividad proselitista. Dirigentes conservadores advierten que este episodio revive el debate sobre los riesgos que aún enfrentan los aspirantes a cargos públicos en varias regiones del país.
Mientras avanzan las labores de búsqueda, crece la presión para que los organismos de seguridad esclarezcan rápidamente lo ocurrido. La desaparición no solo impacta a una campaña política, sino que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿están realmente garantizadas las condiciones de seguridad para hacer política en Colombia?
Autoridades presentan plan especial para la seguridad electoral
A este panorama de preocupación se suma el anuncio hecho este martes por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien entregó nuevos detalles del plan especial de seguridad para las elecciones de marzo, a tan solo 11 días de la primera jornada electoral del año.
El jefe de la cartera explicó que, en el marco del denominado Plan Democracia, durante casi un año se ha adelantado un trabajo articulado entre Fuerza Pública e instituciones del Estado para garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad. Aunque reconoció que las amenazas contra el proceso electoral persisten y pueden transformarse, aseguró que las estrategias implementadas han permitido mitigar riesgos y fortalecer la protección de candidatos y ciudadanos.
Entre las acciones concretas, el Gobierno identificó 208 municipios con niveles altos de riesgo electoral, zonas en las que se concentraron capacidades operacionales y presencia reforzada de la Fuerza Pública, con el objetivo de blindar los comicios y prevenir hechos que puedan alterar la democracia en el país.