¿Después de la polémica por no haber interrumpido la vacancia judicial se va a modificar esta ley?
Los Secretos de D’Arcy Quinn revelaron que hubo un llamado de atención. El presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, llevará a la Sala Plena, el próximo 23 de enero, un proyecto de ley estatutaria para modificar parcialmente la normativa existente, con el fin de que sea avalado por la Sala Plena y pueda presentarse el 16 de marzo, cuando se reanuden las sesiones del Congreso, para sustituir las vacaciones colectivas por vacaciones individuales y, de esa manera, eliminar la vacancia judicial. La Corte tiene y puede ejercer la iniciativa legislativa.
En caso de no hacerlo, liderará un proyecto en ese sentido para que sea presentado por quien tenga iniciativa legislativa.
En diciembre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica mediante el Decreto 1390, tras el fracaso de una reforma tributaria que generó un déficit presupuestal de 16,3 billones de pesos para 2026, permitiendo así expedir decretos con fuerza de ley para recaudar fondos vía nuevos impuestos.
La polémica estalló porque el decreto se emitió durante la vacancia judicial de fin de año (20 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026), periodo en el que la Corte Constitucional —encargada del control automático de constitucionalidad de los estados de excepción— decidió no interrumpir su receso y posponer la revisión hasta enero, siguiendo precedentes históricos.
De este episodio se ha extraído una gran lección: al final, terminan siendo los mismos 15 días hábiles.
La nueva teoría de los cercanos al Gobierno y los defensores de los ministros Bonilla y Velasco
La nueva teoría sostiene que los cupos indicativos no existen. Afirman que la imputación de la Fiscalía se basa en el supuesto de la existencia de cupos indicativos, a partir de los cuales se habría configurado un acuerdo criminal y una compra de congresistas para favorecer los proyectos del Gobierno.
Según ellos, los cupos no existen y lo que hay en Colombia es un presupuesto general con vigencia fiscal de un año, sin partidas que puedan ejecutar los congresistas, quienes no son ordenadores del gasto.
En diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención preventiva en centro carcelario para los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), en el marco del mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro: el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías.
Según la Fiscalía, entre 2023 y 2024 ambos lideraron una “organización criminal” que direccionó más de 612.000 millones de pesos en contratos públicos hacia terceros designados por congresistas, a cambio de su apoyo legislativo a reformas clave del Ejecutivo, como la ampliación del cupo de endeudamiento.
Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Aunque la Fiscalía solicitó inicialmente prisión domiciliaria, el Tribunal la rechazó por considerar a los exfuncionarios un peligro para la sociedad y el proceso, destacando su influencia política para posibles interferencias.
Velasco y Bonilla se declararon inocentes, negaron los cargos y apelaron la medida, pero debido a la vacancia judicial de fin de año debieron permanecer recluidos durante las fiestas, generando un intenso debate sobre corrupción, separación de poderes y el impacto en la institucionalidad del gobierno Petro.
El embajador de EE. UU. no solo estará en la Feria de Cali; también adelanta un recorrido cultural
Después de la Feria de Cali, irá a la Feria de Manizales y luego al Carnaval de Blancos y Negros… En síntesis, un recorrido cultural por todo el país.
En la Feria de Cali se vio a varios asistentes, entre ellos a Juan Daniel Oviedo bailando paso rolo y a la vicepresidenta Francia Márquez.