Ante la Fiscalía General de la Nación responde en diligencia de interrogatorio el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa dentro de las investigaciones que se siguen por las supuestas irregularidades denunciadas en la compra del lujoso apartamento 901 ubicado en el norte de Bogotá.
La diligencia judicial fue ordenada y coordinada de manera virtual por una Fiscalía especializada adscrita ante la Unidad Nacional contra la Corrupción, previa solicitud del presidente de Ecopetrol.
Esta diligencia judicial había sido convocada en un principio para el próximo 10 de diciembre, pero debido otros compromisos y actividades profesionales le era imposible asistir y ante ello, la Fiscalía decidió practicar este interrogatorio este lunes 15 de diciembre.
La defensa aporta pruebas a la Fiscalía
En relación con este caso, la defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, radicó de manera previa ante la Fiscalía un paquete con 76 folios que contienen el conjunto de pruebas de toda la trazabilidad financiera para buscar demostrar que fue legal la compra en 2023 del lujoso apartamento 901, ubicado en el norte de Bogotá.
Así lo confirmó a La FM el abogado Juan David León, quien indicó que dentro de las pruebas aportadas se encuentran copia de los contratos suscritos, cheques, extractos financieros y bancarios y los demás prestamos que adquirió Ricardo Roa para cancelar la respectiva obligación.
“Nosotros seguimos haciendo una actividad investigativa exhaustiva para lograr esclarecer cualquier afirmación y cualquier tacha de irregularidad que se ha tratado de crear, pero que como hemos visto en la trazabilidad documental es inexistente”, indicó el abogado León.
Así mismo, sostuvo que de acuerdo con las evidencias, la adquisición del lujoso inmueble se hizo por un monto que ascendió a los 1.800 millones de pesos.
“La trazabilidad establece que se pagaron 1.800 millones de pesos, como está determinado no solamente en la escritura, sino en la promesa y en la trazabilidad financiera, la cual estuvo patrocinada por grandes sumas a través de créditos bancarios que le permitieron a Ricardo Roa contar con la solvencia financiera para realizar el pago”, dijo el jurista.
En su momento, la defensa también señaló que la adquisición de vivienda no es sinónimo de una irregularidad y más aún cuando se ha cancelado la totalidad del precio acordado en el marco del respectivo contrato.
“Como cualquier otro ciudadano y su pareja tenían un interés en adquirir una vivienda donde pudieran continuar realizando su vida en pareja, tenían la intención de llevar a cabo unos acercamientos para buscar un inmueble que cumpliera con sus necesidades, habían hecho ofrecimientos por otros apartamentos que no se pudieron materializar y posteriormente, llegaron a materializarse con este apartamento de 901, sin siquiera tener conocimiento de que pertenecía o que era titularidad de una de las personas que está siendo mencionada en ese escándalo”, indicó el abogado León.
La defensa de Ricardo Roa agregó que confía en que la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Unidad Delegada contra la Corrupción, adelante una investigación totalmente transparente y ajena a factores políticos.