Los jefes de los órganos de control y protección de derechos humanos en Colombia rechazaron de manera categórica el atentado terrorista registrado en Planadas, al sur del Tolima, donde la detonación de una volqueta bomba perpetrada por disidencias de las Farc dejó un trágico balance de cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses, cerca de 15 heridos y la destrucción del 80 % del hospital local.
A través de su cuenta oficial en X, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, condenó enérgicamente la arremetida y advirtió que no existe argumento alguno para perpetrar este tipo de acciones contra la población civil.
“¡No hay justificación alguna para tanta barbarie! El terrorismo no puede arrodillar a Colombia ni seguir arrebatándole la vida a nuestra gente. Exigimos acciones inmediatas, resultados contundentes y que los autores de este crimen sean llevados ante la justicia. La vida de los colombianos se respeta y se protege”, aseveró el procurador general, expresando su solidaridad con las familias afectadas e instando a la Fuerza Pública a garantizar la seguridad de la zona.
Infracción al DIH y advertencias de Alerta Temprana
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que la explosión del vehículo cargado con cilindros en el barrio Aeropuerto infringe de manera gravísima el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al golpear de forma indiscriminada a la comunidad e infraestructura hospitalaria.
Marín enfatizó que esta escalada violenta en el sur del Tolima se enmarca en un escenario de riesgo previamente advertido por el organismo humanitario a través de la Alerta Temprana 016 de 2022, motivado por las disputas territoriales entre la estructura del Estado Mayor Central (EMC) y la llamada 'Segunda Marquetalia'.
“Esta situación ha evolucionado negativamente debido a la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del departamento, especialmente en Ataco, donde se han presentado hechos graves en los últimos días. La acción de la Fuerza Pública habría impedido la expansión de esta economía ilícita al municipio de Planadas”, puntualizó la defensora del Pueblo.
Ante el colapso del centro asistencial y el desabastecimiento de servicios médicos en el municipio, los órganos de control exigieron al Gobierno Nacional la presencia urgente de las instituciones, la atención prioritaria a los heridos mediante la instalación de un hospital de campaña y el despliegue de medidas operativas eficaces para contener la amenaza violenta que cobija a localidades contiguas como Ataco, Chaparral y Rioblanco.
Claves de la noticia:
¿Qué postura fijó la Procuraduría General de la Nación frente al ataque?
El procurador Gregorio Eljach rechazó la barbarie del atentado, afirmó que el terrorismo no puede arrodillar al país y exigió a las autoridades resultados inmediatos y contundentes para capturar a los responsables del crimen.
¿Qué marco legal y alertas previas citó la Defensoría del Pueblo?
La defensora Iris Marín denunció una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y recordó que el riesgo en el sur del Tolima estaba advertido en la Alerta Temprana 016 de 2022 por disputas entre disidencias armadas.
¿Qué causas de fondo identificó la Defensoría en la escalada violenta regional?
El organismo relacionó el deterioro de la seguridad con la expansión de la minería ilegal desde municipios como Ataco y la reacción de los grupos armados ante las operaciones de la Fuerza Pública para frenar economías ilícitas hacia Planadas.