El funcionario deberá responder por no atender casos de maltrato infantil y vulneración de derechos de niños.
Jaraba alegó en varias ocasiones que esa responsabilidad no era suya y que quien debía asumirla es el ICBF.
Esta supuesta conducta cometida por el investigado fue calificada por la Procuraduría como grave y cometida con dolo.
El ente de control también le cuestiona al funcionario el no haberse encontrado disponible para atender los casos de los menores de edad y no informar de su ausencia a la administración municipal.
Provisionalmente, esta falta fue calificada como leve cometida con culpa grave, dado que con su actitud habría desconocido una serie de postulados legales para los servidores públicos.