La Procuraduría General de la Nación se inhibió de iniciar una acción disciplinaria contra la defensora del pueblo, Iris Marín, luego de una queja del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la acusaba de "animadversión" y "ataques constantes".
Con un auto de nueve páginas, la Sala Disciplinaria de Instrucción sostuvo que Marín no incurrió en calumnia o injuria, como aseveraba el funcionario, sino que se expresó libremente con base en denuncias que rondaban contra el exembajador en Venezuela.
Benedetti se refirió, por ejemplo, a una entrevista que la constitucionalista le concedió al Canal 1 en noviembre de 2024. Marín citó noticias de medios de comunicación que, a su vez, informaban de una denuncia en España por presunta violencia de género del entonces embajador en la FAO.
La difusión del dato llevó incluso a que la Fiscalía colombiana abriera una indagación en julio de hace dos años. Lo que se conocía entonces era que una discusión entre Benedetti y su esposa, Adelina Guerrero, en un apartamento de Madrid, habría terminado en un ataque.
Una agresión en España con ecos en Colombia
Al parecer, el exsenador había agredido a la mujer y solo la intervención de otras personas evitó una arremetida peor. La Policía atendió la bronca, pero no arrestó al barranquillero debido a su inmunidad diplomática. Benedetti luego escribió en su cuenta de X que "no es cierto".
Marín, por su parte, afirmó que "hay claridad de que hubo una denuncia de parte de la esposa". "Hubiera sido una agresión seria, física, de violencia contra la mujer, que además tiene unos visos", como el supuesto uso de un cuchillo, "que podrían acercarse a un intento de feminicidio".
Y en febrero de 2025 añadió que tener a Benedetti en el gabinete ministerial —en un rol que provocó, por ejemplo, la salida de la exministra de Ambiente Susana Muhamad— "no es una decisión conveniente ni respetuosa de los riesgos en derechos humanos y de violencia contra la mujer".
Para el jefe de la cartera política, las declaraciones fueron ataques personales que transgredían sus derechos, así que presentó una queja ante la Procuraduría. Incluso, aseguró que Marín podría estar inmersa en delitos, como injuria y calumnia.
Libertad de expresión, escrutinio y acusaciones
El Ministerio Público no estuvo de acuerdo. "No se advierte que se hubiere realizado la imputación falsa de una conducta delictiva", remarca el auto inhibitorio, que añade que Marín solo hizo "alusión a las acusaciones atribuidas al señor Armando Benedetti" en diversos medios.
La Procuraduría indicó que las manifestaciones de la defensora "no adquieren la connotación de imputaciones deshonrosas" para "menoscabar la honra de Armando Benedetti", porque se enmarcan en la opinión de la ex magistrada auxiliar y, de hecho, no se advirtió ninguna falsedad.
"De modo que las circunstancias expuestas en la noticia disciplinaria no resultan violatorias del derecho al buen nombre y a su honra", sobre todo porque Benedetti, al ser un servidor público, debe "soportar un mayor escrutinio de sus actividades personales y funcionales".
El auto concluye que no procede ningún recurso contra la inhibición. Es decir, no puede apelarse o reponerse. Aun así, no hace tránsito a cosa juzgada, lo que implica que, si el excongresista quisiera denunciar lo mismo una vez más, puede emitirse una nueva decisión.