El procurador general, Gregorio Eljach, denunció ante la Fiscalía el uso de niños como escudo en las protestas que la comunidad indígena Emberá ha adelantado contra el Ministerio del Interior, la Cancillería y otras entidades estatales en el centro de Bogotá.
Con una carta de dos páginas dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el jefe del Ministerio Público puso de presente la vulneración de los derechos de los menores, que puede notarse en un video difundido ampliamente en redes sociales.
La directora del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, compartió la pieza en su cuenta de X. Se ve a uno de los manifestantes con un bastón propio de los Emberá tomando del brazo a un niño, a la fuerza, mientras se enfrenta a la Policía.
El indígena mayor de edad tira del menor y lo acomoda al frente. Otros protestantes les lanzan piedras a agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo, el antiguo Esmad). La instrumentalización del niño ha provocado rechazo.
La Procuraduría le pide a la Fiscalía investigar “la inaceptable instrumentalización”
“No hay nada que lo justifique”, escribió Cáceres, quien pidió identificar a los responsables. “Ofrecimos refugio, ofrecimos alimento, cama para los niños y niñas” mientras los adultos seguían protestando, añadió, pero los mayores “no quisieron”.
El procurador Eljach, precisamente, le solicitó a la Fiscalía individualizar a quienes usaron a los niños. “Se constató la inaceptable instrumentalización de niños, niñas y adolescentes” de la comunidad emberá en medio de los bloqueos viales.
La denuncia del Ministerio Público afirma que “los menores fueron sometidos a un riesgo inminente para su vida”, pues sirvieron “como instrumentos de coacción y escudos humanos” y permanecieron “en un estado de grave vulnerabilidad”.
No es la primera vez que los Emberá, que constantemente protestan por reivindicaciones de derechos, tierras y reubicaciones ante el conflicto armado, ponen a los infantes en peligro en medio del caos de los plantones y las confrontaciones.
Antecedentes y alertas por los riesgos para la niñez indígena
En febrero, por ejemplo, la Secretaría de Integración Social de Bogotá denunció públicamente que veinte niñas y niños, de entre tres y ocho años, eran instrumentalizados en los bloqueos de Transmilenio sobre la Avenida El Dorado.
“Involucrar a niñas y niños en protestas constituye una forma de instrumentalización”, debido a que “su presencia se utiliza para reforzar demandas de adultos”. La práctica es un delito y “plantea serias preocupaciones éticas”, indicó la Alcaldía.
Antes de la misiva para la Fiscalía, el procurador Eljach pidió la presencia de organismos internacionales humanitarios, como la Cruz Roja y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para mediar con la población indígena.
El 29 de abril, un puñado de indígenas emberá katío se plantaron frente a una de las sedes del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá. Los funcionarios de la entidad estuvieron retenidos hasta que la Alcaldía Local de La Candelaria intervino.
Diálogos fallidos y más protestas en el centro de Bogotá
La cartera política se pronunció posteriormente, y señaló que el asentamiento ha afectado sus instalaciones y a sus empleados por unas dos semanas. Las familias Emberá viven en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida.
El ministerio, atendiendo las exigencias de los indígenas, convocó mesas de trabajo entre el 16 y el 21 de abril para evaluar ciertas demandas sobre infancia y adolescencia, retorno, reubicación, ayudas humanitarias y desarrollo económico.
Una semana después de la última mesa, los emberá abandonaron el diálogo. Tenían entonces una sola pretensión: no regresar a la UPI. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ofreció algunos inmuebles, pero los trámites no tardarían menos de seis meses.
Ante el rechazo de la comunidad, una veintena de indígenas prefirió protestar, bloquear vías de acceso y encarar a la Policía. La Procuraduría instó “a adelantar con máxima celeridad las investigaciones penales correspondientes”.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué denunció la Procuraduría sobre las protestas de la comunidad Emberá?
El procurador Gregorio Eljach pidió a la Fiscalía investigar el uso de niños en medio de las manifestaciones indígenas en el centro de Bogotá, al considerar que fueron instrumentalizados como “escudos” durante los enfrentamientos con la Policía.
Según el Ministerio Público, los menores fueron expuestos a un riesgo grave para su vida e integridad, en una práctica que calificó como inaceptable y que, además, vulnera sus derechos fundamentales.
¿Qué evidencia motivó la denuncia de la Procuraduría ante la Fiscalía?
La denuncia se sustenta, entre otros elementos, en un video difundido en redes sociales en el que se observa a un manifestante tomar por la fuerza a un niño y ubicarlo al frente de la confrontación con agentes del orden.
Las imágenes generaron rechazo institucional. Incluso el ICBF aseguró que ofreció protección y albergue para los menores, pero los adultos que participaban en la protesta no aceptaron separar a los niños del escenario de disturbios.
¿Por qué es ilegal o cuestionado involucrar niños en protestas?
Las autoridades han reiterado que exponer a menores en ese tipo de escenarios constituye una forma de instrumentalización, ya que su presencia puede ser utilizada para presionar demandas o limitar la acción de la fuerza pública.
Además de los cuestionamientos éticos, la práctica puede configurar delitos, al poner en riesgo la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de especial protección constitucional.
¿Qué hay detrás de las protestas de los Emberá y qué viene ahora?
Las manifestaciones hacen parte de reclamos históricos de la comunidad Emberá relacionados con reubicación, condiciones de vida y cumplimiento de compromisos estatales. Sin embargo, los diálogos recientes con el Gobierno se rompieron tras desacuerdos sobre soluciones habitacionales.
Mientras continúan las protestas en Bogotá, la Fiscalía deberá avanzar en la identificación de los responsables del uso de menores, en paralelo a los intentos de las autoridades por retomar negociaciones con la comunidad indígena.