La Procuraduría General de la Nación adelantó visitas a los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas con el fin de escuchar a los alcaldes y gobernadores frente al avance y dificultades que se han presentado para la atención de los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto en el país.
Estas visitas en las diferentes ciudades de los departamentos más afectados por el terremoto del pasado diez de agosto fueron llevadas a cabo por funcionarios adscritos a la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial.
Una vez se cumplieron estas visitas de verificación y diálogos con gobernadores y alcaldes, el Ministerio Público advirtió barreras en el registro de damnificados, en la actualización del estado de las viviendas y en la entrega de los auxilios económicos.
“En esos espacios se advirtió que el cierre del Registro Único de Damnificados (RUD) dejó por fuera a familias afectadas, en especial en la ruralidad dispersa y en territorios étnicos”, indicó la Procuraduría.
En el reporte se señala que “se constató que las plataformas no permiten actualizar el estado de las viviendas tras las evaluaciones técnicas, ni registrar los daños causados por las réplicas”.
Las autoridades territoriales manifestaron que los auxilios económicos asignados no han llegado a las familias y que su distribución entre municipios no ha sido homogénea.
De igual forma, reportaron que faltan ingenieros estructurales y maquinaria amarilla para las evaluaciones, las demoliciones y el retiro de escombros.
De acuerdo con los madatarios, el cierre del registro el 4 de septiembre obligó a cargar la información antes de concluir las evaluaciones técnicas. A ello se suman más de 1.300 sismos asociados que han agravado el daño de las viviendas.
Ante este escenario la Procuraduría “hizo un llamado al Gobierno nacional, en particular a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que se garanticen los derechos de los damnificados en todos los municipios afectados”.
Con ese fin, el Ministerio Público exhortó a la UNGRD a abrir de manera extraordinaria y condicionada el Registro Unico de Damnificados (RUD), como herramienta clave para la identificar, censar y caracterizar a las personas afectadas por las emergencias, calamidades o desastres naturales.
Así mismo, la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), utilizado tras una emergencia o desastre para recopilar información rápida y veraz sobre el impacto de un evento adverso.
Además, insta a la UNGRD a permitir la actualización de la clasificación de las viviendas y el registro de los daños causados por las réplicas.
Igualmente, a agilizar la entrega de los auxilios económicos, a expedir un reglamento para la entrega de ayudas, a coordinar el apoyo en ingenieros estructurales y maquinaria amarilla, y a garantizar el enfoque diferencial étnico.