La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, por presuntas fallas en un contrato de 14,3 mil millones de pesos (el cual fue firmado en la alcaldía de Claudia López) para instalar cámaras de videovigilancia en la capital. El convenio tendría varias irregularidades en la planeación que provocaron retrasos.
Además de Restrepo, la investigación involucra al exsecretario Óscar Gómez Heredia y a otros seis funcionarios y exfuncionarios de la secretaría de Seguridad: Diana Zárate Pérez, Helga Hernández Reyes, Ada Luz Sandoval, Iván Hersayn Pinilla, Sandra Santafé Patiño y Jairo Bohórquez Blanco. Todos se exponen a un posible juicio.
Preliminarmente, el Ministerio Público examina “posibles deficiencias” en la planeación del acuerdo, de acuerdo con un comunicado oficial. La millonaria inversión buscaba implementar un sistema de reconocimiento de placas (LPR, por sus siglas en inglés), pero sin una definición clara de los sitios de instalación.
El contrato SCJ-1904-2023 fue un bilateral que el Distrito firmó con el consorcio LPR SCC 2024, integrado por cuatro empresas. La Alcaldía le entregó a la alianza la responsabilidad de obtener permisos y licencias para intervenir en el espacio público, lo que impediría “una valoración real, objetiva y técnicamente soportada”.
Las fallas de planeación en el centro de la investigación
De acuerdo con el auto de veintiséis páginas que abrió la investigación, y que La FM conoció, delegarle responsabilidades de ese estilo al contratista crea “un riesgo evidente para la ejecución contractual”, porque omite “un estudio técnico serio y suficiente”, impide el inicio de actividades y genera “retrasos injustificados”.
La falta de proyección sería tan trascendental que no solo comprometía “la eficiencia, funcionalidad y operatividad del sistema de videovigilancia proyectado”, sino que ni siquiera garantizó el suministro eléctrico para las cámaras. La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó practicar varias pruebas técnicas y documentales.
El Ministerio Público llamó a los ocho investigados a rendir versión libre sobre la contratación que marca el proceso disciplinario. La Secretaría de Seguridad, por su parte, debe entregar copia de las hojas de vida de los involucrados, de los manuales de funciones, de los informes de interventoría y de los soportes de la licitación.
La Secretaría de Seguridad suscribió el acta de inicio con LPR en febrero de 2024. El milmillonario contrato tuvo un plazo de seis meses de ejecución, y desde entonces se tres suspensiones y tres prórrogas. La principal dificultad técnica, según la interventoría, estuvo en la estructuración de las instalaciones eléctricas.
En diciembre de 2024 Enel-Codensa, la distribuidora de energía en Bogotá, advirtió que la Secretaría de Seguridad y el contratista no habían radicado “la documentación necesaria para dar trámite a las conexiones de las acometidas eléctricas”, según un acta de reunión de seguimiento al contrato que aparece en el expediente.
Retrasos, bajo avance y alertas por posibles pérdidas de recursos
Otras reuniones en enero y febrero de 2025 contemplaron cambios en la infraestructura, propuestas para garantizar el suministro de energía, revisión de los diseños y puntos en los que las cámaras definitivamente no estarían funcionales. El punto es que los equipos no operan y quienes los adquirieron son investigados.
Hasta ahora, el avance físico de la ejecución va en un 68,5%, y el presupuestal, del 50%, dos años después de su inicio. “Se evidencia una gestión de riesgos inoperante y un seguimiento poco claro”, señala un informe preventivo de la procuraduría de julio de 2025, que subraya el riesgo de “pérdidas de recursos públicos y fallas en el cumplimiento”.
La Alcaldía adquirió doscientas cámaras LPR y solo ha instalado cincuenta. “La coordinación con Enel, IDU, Metro y otras entidades ha generado retrasos técnicos no previstos ni mitigados oportunamente”, añade el informe. La Contraloría de Bogotá indaga preliminarmente el contrato para dar con otros hallazgos administrativos.
El proceso disciplinario por el momento se enfoca en la planeación del contrato SCJ-1904-2023, la etapa previa. La Primera Distrital compulsó copias del expediente para, en un radicado separado, investigar las presuntas irregularidades en la ejecución, que podrían también involucrar al secretario Restrepo y al exsecretario Gómez.