La Procuraduría General abrió una investigación contra el ministro del interior Armando Benedetti por los fuertes señalamientos e insultos lanzados contra Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de justicia, quien investiga al funcionario por diferentes delitos.
Este proceso se inició el 11 de noviembre del años pasado tras los fuertes calificativos y ataques verbales que realizó el ministro Benedetti contra la magistrada Lombana a quien incluso señaló de “loca, demente y delincuente”, tras un allanamiento que hizo a su vivienda en la ciudad de Barranquilla.
El funcionario del Gobierno Petro señaló a Lombana de mostrar interés para incriminarlo en delitos: "La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos de 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces".
Benedetti indicó que la magistrada, supuestamente, estaba enferma con él: "¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia, y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema. Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito. Ella no quiere confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas".
Según el expediente de la Procuraduría, las críticas de Benedetti fueron más allá y acusó a la magistrada de estar detrás de prácticas irregulares: "Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares mios, entre ellos mis hijos menores de edad, esposos y esposas de mis tíos y tías, primos. Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación".
En la misma comunicación que compartió en su cuenta de X, el funcionario le preguntó al procurador cómo podía acceder a su derecho a la justicia y anticipó que iría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos "porque nadie detiene a ese monstruo".
El procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez ordenó de manera inmediata la práctica de una serie de pruebas para seguir avanzar en el respectivo proceso contra el misántropo Benedetti.
“Me dejé llevar por la ira”, así se excusó el exministro Benedetti
Poco después de que insultara a la magistrada Lombana el ministro Benedetti tuvo que salir públicamente a ofrecerle excusas, aunque insistió que hubo extralimitación por parte de la funcionaria.
En su cuenta de X, Benedetti ofreció excusas a la funcionaria por los insultos en su contra y reconoció que se dejó llevar por la ira.
“He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana”, indicó el funcionario del Gobierno.
No obstante, el ministro Benedetti se mantuvo firme en las denuncias que hizo sobre una supuesta extralimitación de funciones en la que habría incurrido la magistrada de la Sala de Instrucción.
“Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, indicó.
Consejo de Estado pidió a la Procuraduría avanzar en las investigaciones
Este lunes 4 de mayo el Consejo de Estado dejó en firme el nombramiento de Armando Alberto Benedetti Villaneda como ministro del Interior, pero solicitaron a la Procuraduría General de la Nación, investigar al funcionario del Gobierno por los señalamientos inapropiados y ataques lanzados contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia , Cristina Lombana.
Esta determinación surge desde una perspectiva de género para para buscar proteger los derechos de la magistrada Lombana.
La sala de magistrados advirtió que no puede pasar por alto que el autor de la demanda expuso que el ministro Benedetti agredió verbalmente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, “sin el mayor respeto por la funcionaria y por su calidad de mujer”.
“Aunque esa manifestación no constituye un reparo que sea objeto de resolución en esta instancia procesal, es claro que las autoridades judiciales tienen el deber de adoptar las decisiones correspondientes desde una perspectiva de género y actuar con la debida diligencia reforzada para proteger a las mujeres”, concluyó el Consejo de Estado.