Santa Marta debe más de $1.900 millones por energía

La Procuraduría abrió seguimiento preventivo a Santa Marta por deuda de energía de $1.900 millones y pide gestiones y CDP/RP para pagar.
Empresa Air-e intervenida y denuncias sobre mala prestación del servicio de energía en el Caribe. Crédito: Cortesía prensa Air-e intervenida

La Procuraduría General de la Nación abrió un seguimiento preventivo al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta por una deuda pendiente que supera los 1.900 millones de pesos por concepto del servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con lo dicho por el Ministerio Público, con esto se busca establecer qué está haciendo la administración distrital para ponerse al día con estas obligaciones y garantizar el pago de un servicio público esencial.

Por esa razón, el organismo de control le solicitó a la Alcaldía de Santa Marta, encabezada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, información detallada sobre la situación financiera y administrativa relacionada con este pasivo.

La Procuraduría pide explicaciones por la deuda

En concreto y según la Procuraduría, se requirió un balance de las gestiones que ha adelantado la administración distrital para normalizar la deuda por el consumo de energía eléctrica.

Es decir, quiere conocer qué medidas se han tomado, qué trámites se han realizado y cuál es el plan de la Alcaldía para responder por los más de 1.900 millones de pesos que están pendientes de pago.

Pero el requerimiento no se limita a conocer las gestiones administrativas. Sumado a eso, el Ministerio Público también pidió que se acrediten los recursos presupuestales destinados a cubrir estas obligaciones.

El Distrito deberá demostrar que tiene recursos destinados al pago

Según la información oficial, la Procuraduría le exigió a la administración distrital soportes de las apropiaciones presupuestales, así como los certificados de disponibilidad presupuestal, conocidos como CDP, y los registros presupuestales, o RP, que respalden los recursos destinados al pago del servicio.

En términos sencillos, el organismo de control quiere verificar si la Alcaldía tiene dinero previsto y respaldado en su presupuesto para cumplir con esta obligación.

Los CDP permiten acreditar que existen recursos disponibles para asumir un gasto, mientras que los registros presupuestales respaldan el compromiso de esos recursos para una obligación determinada.

Con estos documentos, la Procuraduría busca establecer si el Distrito cuenta con el respaldo presupuestal necesario para atender el pago de la energía eléctrica y qué avances existen para resolver la deuda.

La obligación de las entidades públicas

En relación al tema de las obligaciones de las entidades públicas, la Procuraduría recordó que las entidades oficiales tienen una responsabilidad especial frente al pago de ese tipo de servicios domiciliarios.

Para sustentar este llamado, citó el artículo 12 de la Ley 142 de 1994 y la Directiva 016 de 2026, disposiciones que establecen el deber de las entidades públicas de incorporar en sus presupuestos los recursos suficientes y realizar oportunamente los pagos correspondientes a estos servicios.

En esa misma dirección, la misma Procuraduría insistió en que las administraciones deben prever los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones y evitar que se acumulen saldos pendientes.

En este caso, el seguimiento preventivo busca que la Alcaldía de Santa Marta entregue la información solicitada, explique las medidas adoptadas y demuestre cómo tiene previsto responder por la deuda que supera los 1.900 millones de pesos.

En este punto, es importante precisar que se trata de una actuación preventiva de la Procuraduría. Con este seguimiento, el organismo busca anticiparse a posibles incumplimientos y verificar que la administración distrital adopte las medidas necesarias para garantizar el pago de un servicio público esencial.

Ahora la atención está puesta en la respuesta que entregue la Alcaldía de Santa Marta y en los soportes administrativos y presupuestales que permitan establecer cómo piensa normalizar estas obligaciones.

Cuatro preguntas con las claves de la noticia

¿Por qué abrió la Procuraduría un seguimiento preventivo a Santa Marta?

Porque el Distrito tiene un saldo pendiente superior a los 1.900 millones de pesos por el consumo de energía eléctrica.

¿Qué le pidió la Procuraduría a la Alcaldía?

Un balance de las gestiones administrativas y financieras para normalizar la deuda, además de los soportes presupuestales destinados a pagarla.

¿Qué documentos debe entregar el Distrito?

Las apropiaciones presupuestales, los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y los registros presupuestales (RP).

¿Qué busca verificar el Ministerio Público?

Que la administración tenga recursos previstos y respaldados en su presupuesto y que adelante las gestiones necesarias para cumplir oportunamente con el pago del servicio de energía eléctrica.