La Defensoría del Pueblo pidió al Juzgado de Puerto Asís (Putumayo) ampliar una medida cautelar y adoptar medidas urgentes frente a la decisión del Gobierno de ordenar el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez.
De acuerdo con la entidad, se advierte que existe un riesgo inminente de vulneración de derechos humanos, porque una resolución del Gobierno ordena la salida física de las personas que permanecen en esta zona a partir de las cero horas de este primero de octubre.
Según se aclara, el punto central de la denuncia es que la Defensoría señala que esta orden podría entrar en contradicción con una decisión judicial adoptada apenas unos días antes.
Medida judicial previa y Zona de Ubicación Temporal
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó al juzgado intervenir de manera urgente y ampliar la medida cautelar que ya había sido decretada el pasado 24 de septiembre.
Esa decisión provisional había ordenado suspender la terminación de la Zona de Ubicación Temporal.
Sin embargo, posteriormente la Oficina del Consejero Comisionado de Paz expidió la Resolución 215 de 2026, en la que ordenó la salida física de las personas de la ZUT-ZOCIUT del Valle del Guamuez desde las cero horas de este primero de octubre.
Para la Defensoría del Pueblo, esta nueva decisión genera una situación que debe ser revisada de manera inmediata por el juez. "Existe una orden judicial previa que había suspendido la terminación de la zona y, al mismo tiempo, una resolución del Gobierno que establece la salida de las personas que permanecen allí".
La salida está prevista para este jueves
La preocupación de la Defensoría tiene además un elemento de tiempo. La Resolución 215 establece que la salida física comenzará a las cero horas del primero de octubre de 2026.
Por eso, la entidad le pidió al juzgado actuar antes de que comience el retiro de las personas, con el propósito de evitar que la protección judicial que ya había sido otorgada termine siendo ineficaz.
La solicitud busca que la nueva resolución del Gobierno sea incorporada al expediente y que el despacho judicial adopte las medidas que considere necesarias frente a esta situación.
En otras palabras, la Defensoría está pidiendo que el juez revise de manera urgente qué debe ocurrir con la salida de las personas mientras está vigente la medida cautelar anterior.
La Defensoría dice que no conoce el plan
Hay otro elemento que preocupa a la entidad. La Defensoría asegura que no tiene conocimiento ni ha sido convocada a participar en la comisión humanitaria mencionada en la resolución del Gobierno.
Pero además, dice que tampoco conoce el plan que coordina la salida de los excombatientes de la Zona de Ubicación Temporal.
Este punto es relevante para la solicitud de intervención judicial porque, según la entidad, no cuenta con información sobre cómo se desarrollará ese proceso ni sobre las condiciones en las que se produciría la salida.
Por eso, la Defensoría considera necesaria la intervención urgente del juzgado ante el riesgo que, según advierte, podría presentarse para los derechos humanos de las personas involucradas.
¿Qué está pidiendo la Defensoría?
Según el texto que contiene la solicitud concreta, la entidad pide ampliar la medida cautelar y que el juez adopte medidas inmediatas frente a la nueva resolución del Gobierno.
El objetivo es evitar que, con el inicio de la salida previsto para este primero de octubre, la decisión judicial del 24 de septiembre pierda sus efectos prácticos.
Además, solicita que la Resolución 215 de 2026 sea incorporada formalmente al expediente para que pueda ser tenida en cuenta dentro del proceso.
El argumento de la Defensoría es que existe un posible choque entre una decisión administrativa que ordena la salida y una medida judicial previa que había ordenado suspender la terminación de la zona.
Un escenario que requiere decisión judicial
Por ahora, y tal como lo describe el documento oficial, lo que existe es una solicitud de la Defensoría al juzgado de Puerto Asís para que intervenga de manera urgente. La entidad no está anunciando una nueva salida ni ejecutando el procedimiento.
Ahora bien, lo que sí está haciendo la Defensoría, es advertir al juez que, a partir del primero de octubre, comenzaría a aplicarse la resolución que ordena el retiro físico de las personas de la ZUT, y que esa decisión debe ser analizada frente a la medida cautelar que ya estaba vigente.
La Defensoría considera que la intervención debe producirse antes de que comience la salida, precisamente para evitar una eventual afectación de derechos humanos y para garantizar que la protección judicial previamente ordenada pueda cumplirse de manera efectiva.
De acuerdo a ello, la misma Defensoría del Pueblo aclara que lo que le pidió al Juzgado de Puerto Asís es ampliar una medida cautelar y actuar de manera urgente frente a la orden de cerrar la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué está pasando en Valle del Guamuez?
El Gobierno ordenó la salida física de las personas de la Zona de Ubicación Temporal desde el primero de octubre.
¿Por qué interviene la Defensoría del Pueblo?
Porque advierte un posible riesgo para los derechos humanos y una contradicción con una medida cautelar decretada el 24 de septiembre.
¿Qué cuestiona la Defensoría del Pueblo?
Dice que no conoce el plan de salida de los excombatientes ni ha sido convocada a la comisión humanitaria mencionada en la resolución.
¿Qué le pide el organismo humanitario al juez?
Que amplíe la medida cautelar, incorpore la nueva resolución al expediente y adopte medidas urgentes antes de que comience la salida.