El frente frío no da tregua en Córdoba. La emergencia provocada por las intensas lluvias en el departamento deja a casi sesenta mil familias damnificadas en diecisiete municipios. Las autoridades locales han suspendido clases y evacuado barrios, y la comunidad se aloja en albergues mientras las calles tratan de superar el desastroso rastro del temporal.
La cifra total de víctimas ronda las 140.000, de acuerdo con datos que la Gobernación, al mando de Erasmo Zuleta, le ha reportado al Gobierno nacional luego de que el presidente Gustavo Petro le ordenara a su gabinete sesionar en un consejo de ministros en Montería, la capital cordobesa. El 80% de los municipios, veinticuatro de treinta, está perjudicado.
Al menos catorce personas han muerto y cincuenta mil viviendas terminaron destruidas. Los estragos de las precipitaciones no hacen a un lado a los despachos judiciales. De acuerdo con un censo de la Rama Judicial, 127 funcionarios del sector han tenido que evacuar sus casas forzosamente o se encuentran en riesgo de hacerlo.
Seis sedes judiciales reportaron daños en Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas, donde la ruptura del puente que conecta la zona con el resto del departamento obligó al cierre extraordinario de un despacho para salvaguardar la seguridad de togados, auxiliares, escribientes y usuarios. En Valencia, La Apartada y Ayapel hubo afectaciones menores.
La justicia también sufre los estragos del invierno
El Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba se reunió con los tribunales departamentales, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para adoptar medidas preventivas, ante la necesidad de suspender términos procesales, impulsar audiencias virtuales y garantizar acceso a la administración de justicia.
La magistrada Mary Lucero Novoa, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura —la entidad administrativa y de gobierno de la Rama Judicial—, sostuvo una reunión con las autoridades de la justicia este lunes para tomar decisiones de choque. Entre ellas, la habilitación de una cuenta bancaria en Bancolombia para recibir donaciones.
Alfonso De La Espriella, director seccional de Administración Judicial de Montería, abrió la cuenta corriente 09100016728, a nombre del NIT 800165860-8, para los aportes voluntarios que ayuden a mitigar la crisis en la justicia. Según la magistrada Novoa, el fondo contará con dos fiscales y un responsable para monitorear “cada peso que ingrese”.
Solidaridad institucional y respuesta del Gobierno nacional
“Que sientan que desde Bogotá los estamos acompañando”, afirmó la presidenta, quien extendió “un sentido mensaje de solidaridad” y prometió acompañar a los servidores “de manera presencial” en Córdoba una vez se coordinen los trámites pertinentes. “La Rama Judicial se sostiene también desde la solidaridad y el acompañamiento mutuo”, zanjó.
Febrero, que suele ser un mes seco, ha estado marcado por las lluvias. La Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno nacional priorizar recursos para la atención oportuna de la población afectada; la reactivación económica de la región; la reparación de viviendas, acueductos, vías y escuelas, y actividades de prevención en salud.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, plantea la posibilidad de decretar una emergencia económica para atender la problemática. En paralelo, le pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional de la emergencia que declaró el año pasado, y la solicitud debe tramitarse en la Sala Plena en los próximos días.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta haber enviado más de setenta toneladas de asistencia humanitaria a Córdoba. El Ejecutivo además culpa a la hidroeléctrica de Urrá, construida entre Córdoba y Antioquia. Su presidente encargado, Juan Acevedo Rocha, renunció este lunes tras las acusaciones de Petro.