En medio de una redada adelantada por la Fiscalía General, la Policía Nacional y agentes especiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos de Estados Unidos fueron capturados siete integrantes de una red dedicada a la explotación sexual de menores, cuyas principales víctimas eran de la ciudad de Medellín (Antioquia).
Las pruebas recolectadas por los investigadores permitió determinar que seis de los involucrados presuntamente contactaban a niños, niñas y adolescentes en la capital antioqueña, la mayoría de su entorno familiar cercano o vecinos del sector donde vivían, y en medio de engaños los instrumentalizaban para producir material audiovisual con contenido explícito.
Las autoridades establecieron que el material pornográfico que producían los integrantes de esta organización era compartido con enlaces en Estados Unidos por sistemas de mensajería instantánea con fines comerciales.
De acuerdo con los fiscales otros de los presuntos, es el ciudadano mexicano Cein Quezada Ríos, quien presuntamente ubicaba a menores de edad en inmediaciones de los colegios y luego los convencía de desplazarse a su lugar de residencia para someterlos a distintos vejámenes de tipo sexual.
Los fiscales delegados recolectaron testimonios de varias de las víctimas que señalaron que tras ser engañadas en algunos casos los agresores sexuales les terminaron ofreciendo sumas que oscilaban entre 80.000 y un millón de pesos.
El proceso esta siendo coordinado por fiscales adscritos a la Unidad de Delitos priorizados contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) y CAIVAS de la ciudad de Medellín.
Ante los graves hechos investigados los fiscales formularon imputación de cargos a los implicados como supuestos autores de los delitos de demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores de edad para la comisión de delitos, acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, pornografía con menores de 18 años agravada y proxenetismo con menor de edad.
Una vez valorada las pruebas aportadas por parte de la Fiscalía, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento a los integrantes de esta red criminal y ordenó su envío a la cárcel.
La Fiscalía reportó que varios de los menores de edad instrumentalizados por sus padres y otros familiares fueron recuperados y puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.