Se conoció la propuesta que llevará al Congreso el Ministerio de Justicia, en la que propone una reforma al Código de Procedimiento Penal que cambiaría de manera importante la forma en que avanzan las investigaciones y los procesos penales en Colombia.
De acuerdo con el documento, la principal novedad es que la audiencia de formulación de imputación dejaría de ser obligatoria y, en determinados casos, la Fiscalía podría avanzar directamente hacia la acusación.
La iniciativa busca modificar la Ley 906 de 2004 y establecer nuevos tiempos para que la Fiscalía tome decisiones, con límites máximos para las investigaciones y consecuencias concretas cuando se vencen los términos.
La imputación dejaría de ser obligatoria
Uno de los cambios centrales está en la audiencia de formulación de imputación.
El proyecto plantea que esta audiencia deje de ser un paso obligatorio y cambie su denominación a audiencia de terminación anticipada.
¿Para qué serviría? Principalmente, para buscar mecanismos que permitan terminar anticipadamente el proceso, como el allanamiento a cargos, los preacuerdos, el principio de oportunidad o la reparación integral.
Pero si ninguna de estas alternativas se busca o prospera, la Fiscalía podrá avanzar directamente hacia la formulación de acusación.
En ese mismo sentido, se explica que la imputación dejaría de ser necesariamente una etapa intermedia obligatoria dentro de todos los procesos.
Nuevos controles y plazos para la Fiscalía
La reforma también plantea entregarle al juez de control de garantías el control material de la acusación y modifica diferentes aspectos del procedimiento, entre ellos la vinculación del procesado, la interrupción de la prescripción de la acción penal, las medidas de aseguramiento y la enajenación de bienes.
Además, el proyecto fija términos concretos después de una audiencia de terminación anticipada que no termine el proceso.
Si esa audiencia finaliza sin éxito, la Fiscalía tendrá 90 días para formular acusación o solicitar la preclusión.
Ese plazo subiría a 120 días cuando se trate de concursos de delitos, tres o más procesados o casos que correspondan a jueces especializados.
Y una vez presentada la acusación, también habrá nuevos tiempos definidos para llegar al juicio.
La audiencia preparatoria deberá realizarse, como máximo, dentro de los 90 días siguientes, y el juicio oral deberá comenzar dentro de los 45 días posteriores a esa audiencia preparatoria.
Un límite máximo para las investigaciones
Según el texto, otro de los puntos importantes está relacionado con la duración de la etapa de indagación.
En ese sentido, el proyecto establece que, desde el momento en que se conoce la posible comisión de un delito, la llamada noticia criminis, la Fiscalía tendrá un plazo máximo para imputar, acusar o archivar el caso.
En términos generales, ese límite será de dos años.
Subirá a tres años cuando exista concurso de delitos o haya múltiples imputados, y llegará hasta cinco años cuando se trate de delitos cuya competencia corresponda a jueces especializados.
Es decir, la propuesta busca evitar que una investigación permanezca indefinidamente abierta sin que la Fiscalía adopte una decisión.
Protección reforzada en delitos graves
El proyecto contempla además un tratamiento especial para investigaciones por homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar y delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.
En estos casos, el término será de ocho meses, con posibilidad de una prórroga de hasta seis meses adicionales, siempre que exista una justificación.
La intención es establecer reglas diferenciadas para casos considerados especialmente sensibles.
¿Qué pasa si se vencen los términos?
Y aquí aparece una de las consecuencias más fuertes de la propuesta.
Si los plazos establecidos se cumplen sin que exista una decisión, el fiscal encargado será relevado en un término de tres días hábiles y deberá designarse un nuevo funcionario.
En otras palabras, el proyecto no solamente establece tiempos para la Fiscalía, sino que también plantea una consecuencia concreta cuando esos términos no se cumplen.
En resumen, la reforma busca modificar la estructura del proceso penal: hacer facultativa la imputación, acelerar el tránsito hacia la acusación y el juicio, establecer límites máximos para las investigaciones y generar consecuencias frente al vencimiento de términos.
La propuesta, presentada por el Ministerio de Justicia, plantea así una modificación importante de las reglas con las que actualmente se desarrollan las investigaciones y los procesos penales bajo la Ley 906 de 2004.