Nueve exmilitares fueron llamados a juicio por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que los requiere por su presunta participación en actos de tortura contra civiles, que fueron rescatados en medio de los trágicos hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá.
“Los militares en retiro llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura agravada son: mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII del Ejército Nacional; coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2, el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, exintegrantes del B-2”, explicó la Fiscalía.
De acuerdo al material probatorio, los entonces oficiales y suboficiales, habrían sometido a tratos crueles a 11 personas que fueron trasladadas a la Casa del Florero, e instalaciones militares y de la Policía, en medio de los operativos militares desarrollados en el centro de la capital.
“Entre las víctimas hay dos estudiantes de derecho de una universidad privada de la ciudad que visitaban la sede judicial”, reseña el comunicado. Estas personas, al igual que la gran mayoría de civiles, hacían parte del personal que fue rescatado en medio de los enfrentamientos con el M-19.
“Otro de los civiles torturados era un funcionario de obras públicas que se desplazaba en un bus rumbo a Zipaquirá (Cundinamarca). Este hombre fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, golpeado y trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido durante 15 días”, cita el texto.
Esta decisión es de primera instancia y proceden los recursos legales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 600 de 2000, puntualizó el ente acusador.