Ante un juez de Bogotá fue instalada la audiencia en la que la fiscal de la Dirección especializada contra la Corrupción, Claudia Emilia Garrido, sustenta la acusación contra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barrragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público relacionado con la compra que un lujoso apartamento ubicado en el norte de Bogotá.
Previo a sustentar la acusación, Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, solicitó ser reconocido como víctima dentro de este proceso penal. Según su abogado producto de estos graves hechos ha sido objeto de amenazas en su contra y de su familia.
¿En qué consiste la acusación de la Fiscalía?
“En Bogotá entre agosto de 2024 y enero de 2025, usted Ricardo Roa en su calidad de servidor público como presidente de Ecopetrol, máxima autoridad ejecutiva del grupo empresarial, de manera indebida utilizó su cargo para favorecer intereses particulares en contravía de sus deberes funcionales”, indicó el expediente de la fiscalía delegada.
La fiscal explicó que Ecopetrol como grupo empresarial integra a un total de 21 compañías subordinadas, filiales y subsidiarias.
“Usted Ricardo Roa hace parte de la junta directiva de las compañías subordinadas en las que se toman las decisiones más importantes de las empresas. Entre otras, hizo parte de la junta directiva de Hocol, en la que fungió como presidente hasta el 24 de septiembre de 2025”, indicó la fiscalía delegada durante la audiencia de imputación relacionada con este proceso.
De acuerdo con la fiscal delegada Ricardo Roa supuestamente habría utilizado su posición de presidente de Ecopetrol para solicitarle a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, beneficiar al señor Juan Guillermo Mancera, con oportunidades de negocios en esa compañía filial.
“En línea con esto señor Ricardo Roa usted instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena, a la empresa Gaxi ESP SAS de propiedad del señor Juan Guillermo Mancera”, dijo la fiscal delegada.
El expediente indica que está instrucción indebida se impartió en varias reuniones sostenidas entre Luis Enrique Rojas y Ricardo Roa. Una de ellas tuvo lugar el 20 de agosto de 2004, después de una sesión de junta directiva de Hocol y posterior, a ello, ambos asistieron a un almuerzo en el restaurante Flora en Bogotá, donde le manifestó que el proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera.
Presidente de Ecopetrol enfrentará etapa del juicio en libertad
Según la Fiscalía, presuntamente Ricardo Roa benefició a Mancera, un coronel retirado del Ejército, con un contrato en Ecopetrol, luego de que facilitara la compra de un lujoso apartamento a un bajo costo.
Sin embargo, el fiscal delegado contra el crimen organizado, Raúl González Flechas, indicó que por el momento este organismo se abstiene de solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa se declaró inocente
Al ser interrogado por parte del juez a cargo del proceso, Ricardo Roa, indicó que no aceptaba los cargos imputados por la Fiscalía y se declaró inocente de los señalamientos en su contra.
En su momento, la defensa del presidente de Ecopetrol aseguró que se trató de una “imputación oscura”, en la que no fueron claros los hechos jurídicamente relevantes que vinculan a Ricardo Roa.
Así mismo, sostuvo que la Fiscalía no podía quedarse en una enunciación de cargos y contar simplemente una historia.
“Yo si quiero que la Fiscalía sea muy clara, porque hay falencias en la identificación de los hechos jurídicamente relevantes. Aquí subsiste la duda de por qué comprar un apartamento se configura en un delito”, añadió el abogado Juan David León defensor de Ricardo Roa.
El otro lío judicial de Ricardo Roa
La Fiscalía General también llamó a juicio al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa dentro del proceso que se sigue en su contra por su presunta responsabilidad en la violación de los topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022.
En su momento el fiscal delegado contra la corrupción Elkin Ardila en la audiencia preliminar de imputación hizo varias aclaraciones y precisiones en relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la participación de Ricardo Roa y dejó en claro que hay pruebas contundentes que pesan contra el entonces gerente de la campaña presidencial como supuesto autor del delito de violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales.
Este proceso penal se impulsó en la Fiscalía, tras la compulsa de copias que realizó en noviembre pasado el Consejo Nacional Electoral para que se investigara al entonces gerente de la campaña presidencial ya que era el encargado de autorizar gastos, suscribir contratos y avalar las operaciones contables.
Gran parte del proceso de la Fiscalía se soporta en el traslado de evidencias, documentos y soportes contables recolectados por el CNE en cabeza de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz.
¿A cuánto ascendieron los excesos de los gasto de campaña?
Según la Fiscalía el exceso total de gastos reales ascendería, con base en los elementos de pruebas, a un total de 1.664 millones por encima de los límites permitidos por la ley.
De acuerdo con el fiscal delegado en la primera vuelta el limite establecido era de 28.536 millones de operarios, pero se detectó que la campaña ejecutó gastos reales por 29.924 millones de pesos, quedando en evidencia un exceso superior a los 1.388 millones de pesos.
En relación con la segunda vuelta presidencial, el límite establecido era de 13.347 millones de peso. La Fiscalía logró detectar que se registraron gastos por mas de 13.623 millones de pesos, superando el tope fijado en un total de 276 millones millones de pesos.