La Juez Quinta Penal Municipal de Bogotá le negó la libertad a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, al considerar que hasta el momento no se han vencido los términos en desarrollo del proceso que se sigue en su contra como protagonista del escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD).
En este caso la defensa de Sandra Ortiz alegaba que supuestamente desde el 24 de enero de 2025 a la fecha ya se había cumplido 440 días, sin que se haya iniciado la audiencia de juicio en su contra y ello se constituía en una vulneración de sus derechos.
Sin embargo, la juez realizó una minuciosa verificación y concluyó que sólo han transcurrido un total de 222 días y el tiempo restante se le atribuye a las diferentes solicitudes realizadas por parte de la defensa en el marco de las diligencias.
Fiscalía advirtió advirtió maniobras dilatorias de la defensa
El fiscal delegado para este caso planteó que muchos de los aplazamientos fueron atribuibles a la defensa y por ello, no se podrían tener en cuenta dichos retrasos para sustentar un vencimiento de los términos del proceso.
Así mismo, sostuvo que ha sido la actuación de la defensa la que ha impedido la realización de las respectivas audiencias judiciales.
Procuraduría respaldaba la libertad por vencimiento de términos
Contrario a la Fiscalía, el procurador delegado se había declarado de acuerdo con la posibilidad de concederle la libertad porque ya se habían superado los 240 días que contempla la ley sin que a la fecha se haya iniciado el juicio en su contra.
“Han transcurrido 448 días (…) No se puede entender por maniobra dilatoria la actividad legítima que realice cualquiera de las partes, independientemente de que esto dilate el tiempo, en el entendido de que haga más extenso el desarrollo de la actividad procesal”, indicó el procurador delegado.
Sandra Ortiz cuestiona océano probatorio de la Fiscalía
En el transcurso de la primera sesión de la diligencia la exfuncionaria hizo duros cuestionamientos a la Fiscalía y a la Judicatura al considerar que no se le ha facilitado la práctica de pruebas clave para el ejercicio de su defensa.
Argumentó que tanto a ella como a sus abogados supuestamente se les ha obstaculizado sus actuaciones para recolectar diferentes evidencias técnicas, tanto documentales como testimonialesque son fundamentales para buscar desvirtuar los señalamientos en su contra.
Ortiz aseguró que hoy no tiene una sola prueba clave y cuestionó: “¿Cómo voy a ir a pelear con ese océano probatorio del que habló mi abogado, si son más de cien mil archivos, con cientos de carpetas. Ahí está la prueba. Entonces, eso es muy difícil”.