La exintegrante de las Farc y hoy compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Sandra Ramírez, busca cambiar las condiciones de la diligencia en la que deberá entregar su versión sobre su posible papel y posición de poder dentro de esa antigua guerrilla, en el marco de las investigaciones por reclutamiento.
Su defensa le pidió a la JEP que reemplace la audiencia presencial, programada para este 4 de noviembre, por una metodología de respuestas escritas.
Según los argumentos presentados ante la jurisdicción, Ramírez estaría enfrentando una campaña de estigmatización pública, hostigamientos mediáticos y amenazas de muerte que, a juicio de su defensa, comprometen su seguridad y su integridad personal.
La defensa habla de estigmatización y amenazas
En el documento, la defensa sostiene que los señalamientos provenientes de actores políticos y mediáticos pueden tener efectos similares a los actos de estigmatización que han sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para sustentar su petición, cita dos precedentes de ese tribunal internacional: el primero es el caso Yarce y otras contra Colombia, relacionado con líderes sociales de la Comuna 13 de Medellín que enfrentaron hostigamientos sistemáticos.
Sumado a eso, la defensa destaca que la Corte reconoció que las amenazas reiteradas pueden afectar la integridad psicológica y moral de una persona, incluso cuando no se materializan en agresiones físicas.
A partir de ese antecedente, los abogados de Ramírez argumentan que los hostigamientos mediáticos y las amenazas de muerte que ella denuncia ya representan una afectación a sus derechos, sin necesidad de que se produzca una agresión física.
El segundo precedente que mencionan es el caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia, relacionado con el asesinato del dirigente político de la Unión Patriótica y la estigmatización pública que enfrentó antes de su muerte.
La defensa considera que ese antecedente debe ser tenido en cuenta por la JEP para evitar que se repitan escenarios de persecución y violencia contra personas que participan en la vida política después de procesos de paz.
¿Qué le está pidiendo concretamente a la JEP?
La solicitud tiene tres puntos principales, el primero, que la versión voluntaria que está programada para mañana se realice mediante respuestas escritas y no en una audiencia presencial.
En segundo lugar, que la jurisdicción le entregue un cuestionario que reúna las preguntas sobre los hechos investigados, las menciones que aparecen en el auto de llamamiento a versión, las inquietudes de las víctimas acreditadas y los interrogantes de la Procuraduría.
Y como tercero punto, que se le concedan un plazo de por lo menos treinta días hábiles, contados desde que reciba el cuestionario y tenga habilitadas las condiciones para responder.
Es decir, la defensa no está pidiendo que se suspenda la obligación de aportar verdad, sino que se modifique la metodología y se le permita responder por escrito, con un tiempo que considera suficiente para preparar sus respuestas.
La metodología escrita ya ha sido utilizada por la JEP
Sumado a lo anterior, otro de los argumentos de la defensa es que la propia jurisdicción ha utilizado este mecanismo en otras diligencias.
En particular, menciona el Auto SUB-P-CASO 11-005 del 16 de septiembre de 2026, relacionado con el llamamiento a versiones voluntarias dentro de la investigación sobre violencia de género al interior de las antiguas Farc-EP.
Según los abogados, ese antecedente demuestra que las respuestas escritas son una herramienta que permite organizar la información y entregar aportes de verdad con precisión.
Por eso solicitan que se aplique una metodología similar en el caso de Sandra Ramírez.
La decisión está ahora en manos de la JEP
Por ahora, lo que existe es una solicitud de la defensa y será la magistratura la que determine si acepta cambiar la diligencia prevista para este 4 de noviembre.
El asunto tiene especial importancia porque la versión voluntaria busca esclarecer el papel que habría desempeñado Ramírez y su posición dentro de la estructura de las Farc, en el marco de las investigaciones que adelanta la justicia transicional.
Ante lo complejo del panorama, la pregunta que resta es saber si la JEP permitirá que entregue sus respuestas por escrito, como lo solicita su defensa, o si mantendrá la diligencia presencial en la fecha inicialmente programada.
Mientras tanto, los abogados insisten en que las condiciones de seguridad y las garantías para su comparecencia deben ser tenidas en cuenta antes de avanzar con este interrogatorio.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué Sandra Ramírez quiere cambiar su diligencia ante la JEP?
Porque su defensa argumenta que enfrenta una campaña de estigmatización, hostigamientos mediáticos y amenazas de muerte que comprometerían su seguridad y su integridad personal. Por eso pide reemplazar la audiencia presencial por respuestas escritas.
¿Sobre qué debe responder Sandra Ramírez ante la JEP?
Sobre su posible papel y posición de poder dentro de las antiguas Farc, en el marco de las investigaciones relacionadas con el reclutamiento y los hechos que busca esclarecer la jurisdicción.
¿Qué le está solicitando concretamente a la JEP?
Que le permita responder mediante un cuestionario escrito, que incluya las preguntas de los magistrados, las demandas de verdad de las víctimas y los interrogantes de la Procuraduría. También solicita un plazo mínimo de treinta días hábiles para entregar sus respuestas.
¿La JEP ya aceptó cambiar la diligencia?
No. Se trata de una petición presentada por su defensa. La magistratura debe decidir si acepta modificar la metodología de la versión voluntaria programada para el 4 de noviembre o mantiene la audiencia presencial.