Pasaron más o menos doce horas desde que la magistrada Cristina Lombana ordenó detener a la senadora Martha Peralta. La congresista pasó la noche en su casa vigilada por la Policía, que hizo efectiva la directriz de la magistrada.
Luego, la congresista volvió a la calle 72 de Bogotá, al edificio en el que funciona la Sala Especial de Instrucción.
Una decena de uniformados la escoltó. Un vehículo se movió al frente de la camioneta de la senadora indígena, y otro viajó detrás. Pasadas las ocho de la mañana, los escoltas y los policías abrieron la puerta por la que Peralta, abordada por la prensa, bajó. Se resistió a dar declaraciones, contrario al día anterior.
La senadora y la magistrada pasarán por lo menos toda la mañana de este viernes 19 de junio, en una confrontación que pretende desenredar el presunto rol que la guajira tuvo en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“Demasiado excesivo”, refunfuñó entre dientes la parlamentaria al llegar, en un tono casi inaudible. La indagatoria empezó este jueves 18 de junio, en medio de una trama que combinó una conducción de la Policía que Peralta evadió cuando los agentes la buscaban en su casa, cuatro horas de tensión y un supuesto riesgo de no comparecencia que derivó en la orden de detención.
Al finalizar la diligencia, la magistrada Cristina Lombana y la Sala de Instrucción deberán definir la situación jurídica de Peralta. Las opciones son una medida de aseguramiento y una acusación, una acusación —que implica un llamado a juicio— en libertad o un archivo del expediente, que es lo menos probable.
En todo caso, el periodo de la exjueza militar en la Sala terminará en octubre. Martha Peralta seguirá en el congreso.
En la víspera, la senadora tuvo que acudir a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tras dos fallidas solicitudes de aplazamiento. La corporación que hace las veces de Fiscalía para aforados abrió una investigación formal contra la congresista indígena, y Lombana la citó a una indagatoria, el mecanismo que el procedimiento penal ofrece para que los instructores intenten obtener una confesión y los investigados se defiendan.
Cómo llegó la Corte Suprema a investigar a Martha Peralta
Todo comenzó con los testimonios de Olmedo López. De acuerdo con el exdirector de la UNGRD, a quien el Tribunal de Bogotá le tumbó el preacuerdo con la Fiscalía, Peralta le pidió direccionar un contrato de más de $2.000 millones para Isaac Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi, los representantes de IRL SAS, una empresa que buscaba un proyecto de maquinaria amarilla.
En abril de 2025, la Fiscalía compulsó copias para que la Corte investigara a Peralta. Ese organismo no podía proceder, por cuenta de su fuero de senadora.
Según López, el confeso corrupto que ahora debe allanarse a cargos por no haber logrado un acuerdo con la justicia, el contrato era para el mantenimiento de pozos en La Guajira.
Tras una sesión ordinaria el 14 de mayo, la Sala de Instrucción abrió una investigación formal señalando a Peralta como sospechosa de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Una vez concretados los trámites secretariales, la Corte fijó la fecha en la que la parlamentaria debía acudir a la indagatoria, 18 de junio.
Peralta y su defensa intentaron reprogramar la diligencia. La magistrada Lombana no accedió a las solicitudes y, por el contrario, ordenó que la Policía condujera a la parlamentaria guajira reelecta. A lo largo de la tarde de este jueves, 18 de junio, la congresista tendrá que responder varias preguntas sobre el expediente.
“Confíen en mí”, expresó Peralta al llegar a la calle 72 de Bogotá, la sede de la Sala de Instrucción. “Mi actuar siempre ha sido transparente, honesto, y eso es lo que voy a demostrar”, añadió. La senadora acudió a la diligencia junto a su abogado. “Es que no es un juicio, es apenas la apertura de un proceso”, agregó.
Los contratos en La Guajira y las pruebas que comprometen a Peralta
Olmedo López aseguró que Martha Peralta se reunió con él tres veces para pedirle contratos, con el argumento de que “eso la iba a ayudar mucho en su campaña en el territorio”.
En las elecciones de Congreso de 2026, la senadora obtuvo más de 60.000 votos y su partido, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), 88-000.
La planilla de ingresos a la Unidad de Gestión del Riesgo, que la Fiscalía le envió a la Corte Suprema, muestra que el 19 de septiembre de 2023 fue a la sede de la entidad con los Rizcala. Inversiones IRL, basada en Barranquilla y fundada en 2017, obtuvo un contrato para alquilar maquinaria de construcción un mes después de la reunión.
El convenio estaba destinado al mantenimiento de jagüeyes, pozos profundos de agua, un servicio esencial que presenta vastas falencias en La Guajira. La Corte citó al exministro del Interior Luis Fernando Velasco a declarar bajo juramento. Hoy el caucano está privado de la libertad, también por el escándalo de la UNGRD.
“Todo esto ha sido una persecución política”, sostuvo Peralta antes de reunirse con la magistrada Lombana, a quien la defensa estaría pensando en recusar. “Aquí voy a estar siempre, dando la cara y con la frente en alto”, agregó. Su versión es que estuvo al frente de varias reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, como la pensional, sin necesidad de negociar con el Ejecutivo.
Hace seis meses, en la imputación a Velasco y su antiguo colega, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la fiscal María Cristina Patiño mencionó a Peralta varias veces, argumentando que el excongresista liberal la contactó para impulsar reformas del Ejecutivo. Peralta cuestionó en su momento las afirmaciones.
La defensa de la senadora y los enredos del caso de la UNGRD
“Faltando tres meses para las elecciones, ahora la Fiscalía me señala sin tener la competencia para investigarme, con afirmaciones falsas, actuando en contra de mi buen nombre y proceder político, que ha sido transparente y por el beneficio de los colombianos”, indicó en un video que difundió en sus redes sociales.
Aseguró que la justicia no le había dado la oportunidad de defenderse. Ahora podrá hacerlo, en la diligencia ante la magistrada Cristina Lombana a la que asistió junto a su defensa. También está un representante del Ministerio Público. Peralta, abogada de profesión, obtuvo poco más de la mitad de sus respaldos electorales en La Guajira, con 33.000 de los 42.000 votos del Mais en el departamento.
Entre 2023 y 2024, Martha Peralta fue presidenta de la Comisión Séptima, la que debatió y aprobó la reforma pensional del Gobierno Petro, que la Corte Constitucional mantiene en vilo por vicios de trámite. El jefe de Estado aseguró que el entonces presidente del Senado, Iván Name —expulsado de la Alianza Verde— dilató el avance de la iniciativa.
Hoy Name está preso y en juicio. En marzo, la Corte Suprema rechazó una nulidad que interpuso el expresidente de la Cámara Andrés Calle —del Partido Liberal, también detenido— y ratificó el llamado a juicio contra la mesa directiva del Legislativo que habría recibido cuatro mil millones de pesos como soborno del Gobierno, según el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla.
Una semana antes de la investigación formal, Martha Peralta tuvo que acudir al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala de Instrucción, a rendir versión libre dentro de una de las líneas de investigación del complejo entramado: contratos que se habrían desviado del Instituto Nacional de Vías, Invías.
El mismo 6 de mayo, Rueda escuchó a la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI). Además de Olmedo López, las más de cincuenta horas de grabación que la justicia tiene de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Bonilla, son clave y han comprometido a dos veintenas de personas.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Corte Suprema investiga a Martha Peralta por el escándalo de la UNGRD?
La Sala de Instrucción abrió una investigación formal después de que Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, asegurara que la senadora le pidió direccionar un contrato por más de 2.210 millones de pesos para una empresa interesada en un proyecto de maquinaria amarilla en La Guajira. La Corte la investiga por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio.
¿Qué pruebas tiene la justicia contra Martha Peralta?
Además de los testimonios de Olmedo López, el expediente incluye registros de ingreso a la UNGRD que muestran que Peralta visitó la entidad junto a los empresarios Isaac Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi antes de que una compañía vinculada a ellos obtuviera un contrato. También son relevantes las declaraciones de otros implicados y las grabaciones entregadas por María Alejandra Benavides.
¿Por qué la magistrada Cristina Lombana ordenó detener a la senadora?
La decisión llegó después de que Peralta intentara aplazar en dos ocasiones la diligencia de indagatoria y de que la Corte apreciara un posible riesgo de no comparecencia. Pasó la noche bajo custodia policial en su residencia, y la medida buscó garantizar que acudiera a responder las preguntas de la investigación en la sede de la Corte Suprema.
¿Qué puede pasar ahora con la situación jurídica de Martha Peralta?
Al finalizar la indagatoria, la magistrada Cristina Lombana deberá definir si archiva el expediente, si acusa a la senadora para que enfrente un juicio o si, además de acusarla, le impone una medida de aseguramiento. La decisión será clave para una de las líneas más sensibles del caso de corrupción que rodea a la UNGRD.