La Sierra Nevada de Santa Marta está bajo una nueva alerta por el avance y la disputa de estructuras armadas que buscan controlar territorios, economías ilegales y hasta la vida cotidiana de las comunidades.
La advertencia, contenida en una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, analiza la situación de seguridad y derechos humanos en la Sierra Nevada y su área de influencia y advierte sobre los riesgos que enfrentan comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
De acuerdo con la Defensoría, se divide el territorio en tres grandes vertientes para explicar cómo se está configurando el riesgo y cuáles son las dinámicas de los grupos armados.
Tres territorios con tres dinámicas de violencia
En la vertiente norte, que comprende sectores de la ciudad de Riohacha (La Guajira), Dibulla y Santa Marta (Magdalena), la Defensoría identifica un escenario de control hegemónico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.
Según la alerta, esta estructura ejerce control sobre diferentes actividades y tiene como uno de sus principales mecanismos de financiación la extorsión a comerciantes y transportadores, particularmente sobre la Troncal del Caribe.
En ese mismo sentido, se conoció que la vertiente occidental que incluye municipios y zonas como Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca y El Copey, el escenario es diferente.
Allí existe una disputa territorial abierta entre las ACSN y el Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, una confrontación que, según la Defensoría, está relacionada con las tasas de homicidio más altas de la zona.
Y en la vertiente suroriental, con territorios como Valledupar, Pueblo Bello y San Juan del Cesar, la alerta identifica las pretensiones de consolidación territorial del EGC.
En esta zona, la estructura buscaría construir una especie de legitimidad social mediante la coerción, las extorsiones a actividades agrícolas y ganaderas y el control de las comunidades.
La disputa armada golpea a comunidades enteras
La Defensoría identifica como principales actores de la amenaza a las ACSN, sucesoras de Los Pachenca, y al EGC, anteriormente identificado como Clan del Golfo o AGC.
La disputa entre estas estructuras estaría relacionada con el control territorial y de diferentes economías ilegales. Pero el impacto no se limita a quienes viven directamente en las zonas donde se presentan enfrentamientos.
La alerta pone especial atención sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población campesina.
En ese sentido se destaca que los pueblos indígenas representan alrededor del 11 % de la población del territorio analizado y enfrentan riesgos que van más allá de la seguridad física.
La presencia de grupos armados y los enfrentamientos pueden afectar su autonomía, sus sitios sagrados y sus planes de vida.
En el caso de la población afrodescendiente, que representa cerca del 12 %, existe preocupación por las afectaciones sobre sus tierras colectivas y los consejos comunitarios.
Y para la población campesina, cercana al 11 % en el área analizada, la Defensoría advierte fenómenos como extorsiones y restricciones a la vida social y económica, incluyendo lo que identifica como una especie de doble tributación.
Homicidios, extorsiones y reclutamiento
La alerta identifica dos grandes formas en las que se manifiesta la violencia. La primera está relacionada con la regulación y el control social.
De acuerdo con la Defensoría, aquí aparecen los homicidios selectivos, la imposición de normas de conducta, las extorsiones, la circulación de panfletos con amenazas, la violencia basada en género y la trata de personas.
La segunda tiene que ver directamente con el control territorial: en este grupo aparecen los enfrentamientos armados, el desplazamiento forzado, los confinamientos, el uso de artefactos explosivos, los paros armados y uno de los riesgos que genera mayor preocupación: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
Es decir, la advertencia de la Defensoría no habla solamente de una confrontación entre estructuras ilegales, sino de una situación que puede terminar modificando la vida cotidiana de las comunidades y restringiendo derechos fundamentales.
"La pobreza y débil presencia estatal aumentan el riesgo": Defensoría
En el informe emitido por la Defensoría también se identifican condiciones sociales y económicas que aumentan la vulnerabilidad de la población.
Entre ellas, según explicó el documento, está la alta pobreza rural, que llega hasta el 90 % en municipios como Pueblo Bello, además de la desigualdad en la propiedad de la tierra y lo que el documento identifica como una débil presencia coordinada del Estado.
Estas condiciones pueden facilitar que los grupos armados ejerzan presión sobre las comunidades y busquen ocupar espacios que deberían estar cubiertos por las instituciones.
Pero la alerta también identifica capacidades que pueden ser fundamentales para enfrentar el riesgo. La región cuenta con una importante organización social y étnica, representada en los gobiernos propios de los pueblos indígenas, los consejos comunitarios, las Juntas de Acción Comunal y diferentes iniciativas locales de paz.
Esas estructuras comunitarias son señaladas como una capacidad para responder y resistir frente a las presiones de los grupos armados.
38 recomendaciones para responder a la alerta
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 38 recomendaciones a las autoridades. La mayor parte de ellas, concentrada en prevención y protección: son 18 recomendaciones dirigidas, entre otros objetivos, a evitar el reclutamiento de menores, prevenir la violencia sexual y de género y proteger a líderes sociales y poblaciones vulnerables.
Hay además seis recomendaciones relacionadas con políticas públicas, entre ellas avanzar en la titulación de tierras colectivas y generar oportunidades educativas y laborales para los jóvenes.
En materia de investigación y justicia se plantean otras cuatro recomendaciones, con énfasis en la judicialización de los responsables y la aplicación de enfoques étnicos y diferenciales.
La Defensoría también plantea acciones relacionadas con la construcción de paz y la disuasión, incluida la posibilidad de explorar diálogos con las ACSN y el EGC y analizar una eventual declaración de la Sierra Nevada de Santa Marta como Región de Paz.
Ahora viene la respuesta institucional
La alerta establece también una serie de pasos inmediatos. Entre ellos está la realización de una comisión CIPRAT por parte del Ministerio del Interior, instancia que deberá revisar las recomendaciones y compromisos planteados.
También se contempla la construcción de un Plan de Acción interinstitucional, con participación de las entidades responsables de responder a los diferentes riesgos identificados. Y la Defensoría mantendrá un seguimiento permanente a las medidas que adopten las autoridades.
El mensaje de la alerta es claro: la disputa entre las estructuras armadas no solamente está en juego por el control de las economías ilegales y el territorio, sino que está generando riesgos concretos para las comunidades que viven en la Sierra Nevada y su área de influencia.
Por eso, la respuesta institucional tendrá que abordar no solamente la seguridad, sino también las condiciones sociales, económicas y territoriales que, según la Defensoría, aumentan la vulnerabilidad de la población.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué advierte la Defensoría?
Una disputa territorial entre las ACSN y el EGC y graves riesgos para las comunidades.
¿Dónde está la mayor confrontación?
En la vertiente occidental, donde la Defensoría identifica una disputa abierta entre ambas estructuras.
¿Qué población está especialmente en riesgo?
Comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de niños, niñas y adolescentes.
¿Qué propone la Defensoría?
38 recomendaciones de prevención, protección, políticas públicas, justicia y acciones de paz.